Columna abierta / ¡Ojo señor Alcalde!

Columna abierta / ¡Ojo señor Alcalde!

Por: Manuel Arias Molano

19 de febrero 2007 , 12:00 a.m.
En 1995 el Concejo de Tunja, del que hacía parte el Alcalde actual, aprobó el acuerdo 015, 'Por medio del cual se le daban unas facultades al alcalde mayor... ", especialmente el artículo tercero, que a la letra dice: "Las facultades otorgadas en el presente acuerdo no podrán utilizarse para celebrar convenios o contratos que tengan como finalidad la privatización de los servicios públicos a cargo del municipio".

Por la equivocada interpretación que hicieron de este artículo tuve que soportar una medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía durante seis meses y permanecer detenido en la casa por cárcel. Para los que no recuerdan y para los que no saben quiero hacer memoria del caso: Cuando se definieron los estudios sobre la transformación de los servicios públicos domiciliarios de Tunja y se iniciaron los procesos de concesión de los mismos, la ignorancia de algunos detractores de mi gobierno los llevó a instaurar denuncias penales en mi contra por haber 'privatizado' los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por la supuesta violación del artículo tercero del Acuerdo Municipal No. 015. Ese delito se me imputó y por tanto mi defensa se centró en demostrar que concesionar no es privatizar; puesto que la primera es una delegación de la administración, la operación, el mantenimiento y expansión de los servicios, mientras la propiedad de todos los bienes muebles e inmuebles permanecen en cabeza del municipio; y en la segunda hay una enajenación de la totalidad o parte de la propiedad a particulares que pueden ser empresas de economía mixta, puesto que en ellas se vende a un particular un porcentaje en acciones de la propiedad de los bienes, que es difícilmente reversible, especialmente si pasan del 50 por ciento y es lo que podría conocerse como 'privatización'.

Vale la pena aclarar que los procesos en mi contra fueron precluidos y archivados y que posteriormente fui objeto de una indemnización por los perjuicios materiales y morales que me ocasionaron por esa injusta medida, demostrando mi honestidad y transparencia en las actuaciones como Alcalde de la Ciudad.

Ahora, al conocer que la Administración actual, con aprobación del Concejo, está iniciando un proceso de participación privada, a través de la constitución de empresas de economía mixta en las plazas de mercado y del servicio de aseo, entre otros, consideré pertinente escribir esta nota, sin otro interés que el de alertar al

Alcalde y al mismo Concejo, para que analicen sus determinaciones y revisen si las medidas que se tomaron al respecto están trasgrediendo o no las leyes municipales.

Por el contrario, si el Concejo derogó la citada norma de 1995 y autorizó al Alcalde para privatizar algunos servicios públicos, entonces estará en su derecho de actuar. Si no ha sido modificada la norma citada, es posible corregir las decisiones y evitar procesos judiciales o disciplinarios que eviten darle la oportunidad a aquellos personajes que por intereses personales o políticos contra un funcionario que no es de su agrado instauren demandas inocuas, que perjudican al municipio.

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