Cuatro dudas que rondan el contrato para interceptación

Cuatro dudas que rondan el contrato para interceptación

EL TIEMPO revela puntos del contrato original que firmó la Alcaldía para comprar dos salas de interceptación y 13 sistemas de grabación, por 1.252 millones de pesos, y que no se cumplieron.

15 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

El escándalo por las salas de interceptación telefónica y los sistemas de grabación que compró la Alcaldía hace 23 meses por 1.252 millones de pesos, y que no operan correctamente, no para.

EL TIEMPO revisó el contrato firmado el 30 de diciembre del 2004 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) y la empresa Mier Borda y Cía Ltda. y encontró cuatro puntos que no se cumplieron.

Esto podría constituir un detrimento al patrimonio del Estado, advirtió ayer el ex procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar.

Policía no avala los equipos

Según el contrato -firmado por la entonces directora del FVS, Liliana Pardo, y Aura Mariela Segura de Borda, representante legal del contratista -la Policía debió revisar los equipos y expedir un documento de "recibido a satisfacción" para que el FVS hiciera el pago final de los equipos

Sin embargo, la entidad hizo el último desembolso por 62 millones de pesos, el 20 de septiembre del 2005, sin cumplir con ese requisito.

Incluso, este diario conoció ayer que casi un año después de ese pago, el 24 de agosto del 2006, la Policía Metropolitana envió una carta al FVS, en la que le informó su negativa a firmar el recibido.

Documentos del FVS, en poder de la Contraloría Distrital, señalan que la Policía tomó esa decisión, "argumentando que a esa fecha (24 de agosto del 2006) los equipos no han cumplido con las necesidades de funcionamiento".

Para la época, el comandante de la Policía Metropolitana era el general Héctor García.

Hoy, la Policía sigue sin firmar ese documento.

En reciente entrevista con este periódico, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Ospina, explicó que eso no se había hecho por una razón." Porque no ha habido ni solicitud del Fondo ni negativa de la Policía. No se puede entender esto como una prueba de que los equipos no funcionan".

El segundo punto incumplido tiene que ver con los retrasos en la instalación de los equipos, en la Policía Judicial (Sijín) y la seccional de inteligencia (Sipol).

Mientras que el contrato pedía "evitar dilaciones o entrabamientos" en su cumplimiento, los aparatos aún no funcionan completamente, casi dos años después de haber sido adquiridos.

De hecho, Ospina reconoció que los equipos funcionan actualmente en "un 66 por ciento".

Y aunque debieron quedar funcionando al 100 por ciento el 19 de marzo del 2005, el FVS solicitó 120 días más de plazo para hacerlo. Hoy, la Contraloría Distrital denuncia que 10 de los 13 sistemas de grabación están empacados.

Modificaron los pagos

El tercer punto del contrato que no se cumplió hace referencia a la forma de pago a la firma Mier Borda y Cía Ltda.

Según el contrato original, el Distrito realizaba un anticipo del 50 por ciento y un último desembolso cuando la Policía confirmara que los equipos operaban.

Sin embargo, el 12 de abril del 2005, tanto el FVS como Mier Borda y Cía Ltda. acordaron modificar los pagos.

Dejaron intacto el anticipo del 50 por ciento, y dividieron en dos pagos el restante 50 por ciento: un 45% cuando se entregaran los equipos y el restante 5% cuando se certificara su funcionamiento.

Con el desembolso final, se incumplió un cuarto punto del contrato original que advertía que esta última situación no podía ocurrir, si los aparatos no operaban completamente.

Sobre este tema, el pasado martes, el alcalde Luis Eduardo Garzón pidió "prudencia" a la hora de dar explicaciones, argumentando que se trata de un asunto de "seguridad nacional".

Pero el ex procurador Cuéllar y el ex contralor general de la
República Antonio Hernández advirtieron (ver recuadro) que ese no es un argumento válido para evitar responder por el contrato.

Seguridad, ¿un argumento válido?

El martes, el alcalde Garzón pidió prudencia al hablar del contrato de los equipos de interceptación telefónica, argumentando que se trataba de un asunto de seguridad.

Sin embargo, EL TIEMPO consultó ayer a dos expertos en la materia que consideran que ese no puede ser un argumento para explicar en detalle lo que ocurrió.

El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar dijo: "No se pueden confundir las cosas. Aquí no se está preguntando sobre la metodología de uso de los equipos adquiridos, sino por qué no se cumplieron unas cláusulas del contrato. De lo contrario, cualquier compra de aviones o fusiles tendría que sustraerse del control social, lo cual resulta ilógico".

El ex contralor Antonio Hernández Gamarra agregó: "Toda la contratación pública tiene que tener control, aún con los gastos reservados. No hay ninguna excepción".

YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO

* yeslan@eltiempo.com.co

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