Especialistas dan pistas sobre las tareas que debe cumplir el nuevo Ministro de Hacienda

Especialistas dan pistas sobre las tareas que debe cumplir el nuevo Ministro de Hacienda

Coinciden en que la sanidad fiscal tiene que ser prioridad del sucesor de Alberto Carrasquilla. Un Gobierno con finanzas públicas desordenadas no puede emprender una verdadera política social, dicen.

11 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Otras prioridades, que resultan de las finanzas públicas sanas, son la generación de un buen clima económico para estimular la inversión, la creación de empleo y el desarrollo social.

Aunque la economía colombiana ha crecido bien en los últimos años (posiblemente entre 6 y 7 por ciento en 2006) y el déficit se ha reducido (0,4 por ciento del PIB en el sector público consolidado y 3,8 por ciento en el Gobierno central), a la administración Uribe se le acusa de no tener una política social que alivie las penurias de los más pobres, la mitad de la población.

Para el todavía ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien el pasado miércoles hizo pública su renuncia, "es hora de cambiar de canal", pues lo que sigue para la política económica es, además de afianzar el crecimiento económico y consolidar la inversión privada, el progreso social.

El desbalance fiscal tiene una explicación sencilla: los gastos son mayores a los ingresos; las transferencias, la inversión, el pago de pensiones, intereses y capital, de personal y el gasto de las fuerzas militares es mucho mayor que el ingreso por impuestos aranceles y renta (este último reducido en la reforma tributaria) y créditos. El faltante se financia con más deuda.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, fue categórico: el país tiene buenos indicadores de crecimiento, pero no tiene índices de desarrollo. El buen momento económico, agregó, ha tenido un bajo impacto en la pobreza.

El subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mauricio Santa María, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, radicado el pasado martes en el Congreso, "enfatiza el carácter social" de la segunda administración Uribe.

Como Carrasquila y demás colegas de la academia, banqueros, políticos y, en fin, la ordoxia económica, Santa María se la juega primero por unas finanzas públicas en orden que permitan la ejecución de la política social.

Para este año se prevé un déficit fiscal consolidado de 1,7 por ciento y de 5 por ciento en el gobierno central. El saneamiento pedido está corriendo por cuenta de las finanzas regionales mientras que el gobierno central no se aprieta el cinturón, según la crítica reiterada de voceros de las regiones y analistas económicos.

Según Álvaro Zerda, decano de economía de la Universidad Nacional, es necesario reducir el déficit y tramitar una reforma fiscal estructural. Esto, explica, es fundamental para la confianza de los inversionistas, la generación de empleo y el avance de lo social.

Unas finanzas sanas, sin sacrificar el progreso social, evitan que el Gobierno se endeude internamente y presione alzas en las tasas de interés o traiga del exterior cuantiosos créditos que empujan la revaluación del peso y afectan las exportaciones, la ocupación y demás variables que, como la salud y la educación, dependen de los ingresos de los trabajadores y de los subsidios oficiales.

Para ello, debe existir una adecuada coordinación entre el Ministerio y el Banco de la República para que este, sin abandonar su objetivo de control de la inflación, coadyuve en la defensa de una tasa de cambio competitiva.

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, defensor de la sanidad fiscal y de que este debe ser el objetivo de cualquier ministro de Hacienda, señala algunas tareas para el sucesor de Carrasquilla: seguir el trámite de la reforma a las transferencias, pero sin ceder más, "pues ya se ha cedido demasiado". Con la propuesta, agregó, se atienden la salud y la educación sin aumentar el déficit fiscal.

Santa María dijo que seguirá con el proyecto de transferencias con el fin de "asegurar los recursos para financiar las coberturas universales en educación y salud en las regiones".

Clavijo considera clave que el nuevo ministro 'empuje' en el Congreso la finalización del programa de capitalización de Ecopetrol para ofrecer una porción atractiva a un potencial socio extranjero.

Cualquier ministro de Hacienda tiene que trasnocharse pensando en cómo tener unas finanzas públicas sanas, que generen un buen clima económico para estimular la inversión, la creación de empleo y el desarrollo social. Esa es la prioridad.

Aunque la economía colombiana ha crecido bien en los últimos años (6 por ciento en el 2006) y la brecha fiscal se ha reducido (0,4 por ciento del PIB en el sector público consolidado y 3,8 por ciento en el Gobierno central), a la administración Uribe se le acusa de no tener una política social que alivie las penurias de los más pobres, que son la mayoría de la población.

Para el todavía ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien el pasado miércoles hizo pública su renunicia, "es hora de cambiar de canal", pues lo que sigue para la política económica es, además de afianzar el crecimiento económico y consolidar la inversión privada, el progreso social.

El desbalance fiscal tiene una explicación sencilla: los gastos son mayores a los ingresos: las transferencias, la inversión, el pago de pensiones, intereses y capital, de personal y el gasto de las fuerzas militares es mucho mayor que el ingreso por impuestos aranceles y renta, este últino reducido en la reforma tributaria) y créditos. El faltante se financia con más deuda.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, fue categórico: el país tiene buenos indicadores de crecimiento, pero no tiene índices de desarrollo. El buen momento económico, agregó, ha tenido un bajo impacto en la pobreza.

El subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mauricio Santa María, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, radicado el pasado martes en el Congreso, "enfatiza el carácter social" de la segunda administración Uribe.

Como Carrasquila y demás colegas de la academia, banqueros, políticos y, en fin, la ordoxia económica, Santa María se la juega primero por unas finanzas públicas en orden que permitan la ejecución de la política social.

Para este año se prevé un déficit fiscal público de 1,7 por ciento y de 5 por ciento en el gobierno central. El saneamiento pedido está corriendo por cuenta de las finanzas regionales mientras que el gobierno central no se aprieta el cinturón, según la crítica reiterada de voceros de las regiones y analistas económicos.

Según Álvaro Zerda, decano de economía de la Universidad Nacional, es necesario reducir el déficit y tramitar una reforma fiscal estructural. Esto, explica, es fundamental para la confianza de los inversionistas, la generación de empleo y el avance de lo social.

Unas finanzas sanas, sin sacrificar el progreso social, evitan que el Gobierno se endeude internamente y presione alzas en las tasas de interés o traiga del exterior cuantiosos créditos que empujan la revaluación del peso y afectan las exportaciones, la ocupación y demás variables que, como la salud y la educación, dependen de los ingresos de los trabajadores y de los subsidios oficiales.

Para ello, debe existir una adecuada coordinación entre el Ministro de Hacienda y el Banco de la República para que este, sin abandonar su objetivo de control de la inflación, coadyuve en la defensa de una tasa de cambio competitiva.

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, defensor de la sanidad fiscal y de que este debe ser el objetivo de cualquier ministro de Hacienda, señala algunas tareas para el sucesor de Carrasquilla: seguir el trámite de la reforma a las transferencias, pero sin ceder más, "pues ya se ha cedido demasiado". Con la propuesta, agregó, se atienden la salud y la educación sin aumentar el déficit fiscal.

En esto hay coincidencia plena tanto con Carrasquilla como con Sa

Mina de Ecopetro puede agotarse

En 2005, Ecopetrol transfirió 5,1 billones de pesos a las arcas públicas, que se destinaron a variados programas de tipo social en departamentos y municipios.

Si esos recursos llegaran a reducirse por la falta de capacidad de la petrolera estatal para producirlos (exploración, explotación y comercialización del crudo), el Gobierno no tendría cómo llevar a la realidad una serie de proyectos sociales, al tiempo que podría aumentar el déficit fiscal.

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