Arrumados en 2 oficinas están equipos para interceptaciones telefónicas que costaron $1.252 millones

Arrumados en 2 oficinas están equipos para interceptaciones telefónicas que costaron $1.252 millones

Los aparatos, comprados hace dos años por el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS), siguen hoy empacados en las mismas cajas en las que los entregó el proveedor hace 23 meses.

10 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Diez de los 13 sistemas de grabación e interceptación (solo de líneas fijas) no han podido ser instalados en la Policía Judicial (Sijín) y en inteligencia (Sipol), por fallas técnicas y problemas de configuración.

El caso fue descubierto por investigadores de la Contraloría Distrital durante una serie de visitas al FVS y a las sedes de la Sijín y la Sipol, entre agosto del 2006 y el pasado 24 de enero.

Uno de los informes sobre las visitas de la Contraloría, conocido por EL TIEMPO, revela que el pago final del contrato se realizó el 14 de septiembre de 2005 "sin que los supervisores del mismo y sus beneficiarios hubieran verificado el adecuado y correcto funcionamiento de estos equipos".

Eso, según Óscar Molina, contralor auxiliar de Bogotá, constituye una "grave negligencia administrativa".

La situación compromete a Liliana Pardo Gaona, que fue la persona que el 30 de diciembre de 2004 firmó el contrato con la empresa Mier Borda & Cía Ltda., cuando ella era directora del FVS. Pardo fue nombrada recientemente directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El fantasma de Sofremi

Este caso recuerda lo ocurrido hace 12 años en Bogotá, cuando el mismo FVS invirtió 23 millones de dólares en la compra a la firma francesa Sofremi de unos equipos de radiocomunicaciones para la Policía Metropolitana que nunca funcionaron, y que aún permanecen guardados en una bodega del centro de la capital. Por este caso no ha habido a la fecha una sanción disciplinaria o penal.

Los problemas con los equipos de grabación e interceptación empezaron desde el momento en que se incumplió la fecha pactada para su instalación en la Sijín y en la Sipol.

Los proveedores entregaron los equipos el 19 de marzo de 2005, día en que también debería haberse realizado la instalación. Sin embargo, el FVS pidió 120 días más para poder hacerlo.

En ese momento, la Alcaldía justificó la demora diciendo que "las salas no estaban listas", que "había interferencias" que afectaban los equipos y que hacía "falta un cronograma para la instalación".

Solo tres funcionan, y a medias

Finalmente, los aparatos fueron instalados por la firma contratista el 31 de agosto de 2005. Pero como la mayoría no funcionaron, fueron devueltos a sus cajas originales, informó la Contraloría, destacando que el FVS no realizó ningún acta que diera cuenta de la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos, tal y como lo exigía el contrato.

El contralor Molina señala que de los 13 sistemas de grabación (4 para la Sijín y 9 para la Sipol), solo tres se encuentran operando y "a medias".

No en vano hoy, casi dos años después de haber sido adquiridos, la Policía Metropolitana no ha firmado el documento de recibido porque, como se la ha dicho un oficial a la Contraloría, los equipos no le están sirviendo.

Molina explicó que "por fallas de configuración, solo pueden interceptar llamadas hechas desde líneas de teléfono análogas".

Pero en Bogotá quedan hoy "muy pocas" líneas telefónicas análogas, según informaron a este diario las empresas ETB, Telecom y EPM, que han entrado de lleno en la era de la fibra óptica.

A esto se suma la misteriosa pérdida de un componente clave para permitir que la Policía pueda interceptar las conversaciones de cualquier empresa: ETB, EPM, Telecom, etc.

Con eso, en este momento los pocos equipos que funcionan solo sirven para interceptar llamadas de líneas análogas de una sola empresa: la ETB.

El ingeniero Iván Ricardo Suárez, coordinador del área de sistemas del FVS, le reveló a la Contraloría que esa importante pieza se extravío en la Dirección General de la Policía, en septiembre del 2006.

Caídas y fragmentaciones

Todo lo anterior explica por qué la Policía solo ha podido realizar diez interceptaciones de líneas fijas con estos equipos en casi dos años. Pero, además, enfrentando muchos obstáculos y limitaciones.

Un oficial de la Policía les dijo a los investigadores del ente de control que a la hora de grabar las conversaciones, estas se fragmentaban inexplicablemente cada 10 segundos.

Incluso, dijo que la interceptación se caía de un momento a otro si la persona a la que estaban vigilando hacía un silencio en la conversación.

Otra cosa que no entiende el ente de control es por qué razón el FVS informó el 7 de noviembre de 2006 que "el contratista procedió a realizar las reparaciones pertinentes, dejándolos (los equipos) totalmente operativos y funcionando bajo las condiciones descritas en el contrato".

Algo que resulta sorprendente porque, hasta hoy, el grueso de los equipos están arrumados en las centrales de inteligencia. Las pólizas de garantía vencen en 2008.

La firma Mier Borda y Cía Ltda. le dijo a EL TIEMPO que todas las respuestas a este caso las debe entregar el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El contralor Molina, por su parte, no entiende por qué la Alcaldía no le ha exigido a la firma contratista que responda por los equipos.

En una frase

El jueves, EL TIEMPO se comunicó con la Secretaría de Gobierno para conocer la posición de la Alcaldía ante las denuncias realizadas por la Contraloría Distrital.

También, ese día, este diario intentó comunicarse con Liliana Pardo Gaona, pero no respondió los llamados.

La oficina de prensa de la Secretaría de Gobierno le solicitó a este diario que enviara un cuestionario "vía correo electrónico" para que los funcionarios respondieran a las inquietudes. Así se hizo. Incluso, el viernes, en horas de la tarde, este diario amplió ese cuestionario.

Sin embargo, el mismo viernes, a las 7 de la noche, la entidad oficial se comunicó para avisar que no iba a responder ninguna de las preguntas.

A cambio, envió por fax una carta, firmada por el titular de ese despacho, Juan Manuel Ospina, en la que anunció que las respuestas serán entregadas este martes, muy seguramente en el marco de los tradicionales consejos de seguridad, y dentro del plazo establecido para responder el control de advertencia que la Contraloría le envió al alcalde Luis Eduardo Garzón, el 30 de enero.

Entre las preguntas que se le hicieron a la Administración, están: ¿por qué razón, 23 meses después de haber sido entregados por el contratista, esos equipos no están funcionando correctamente?

¿Por qué el 7 de noviembre del 2006, el Fondo de Vigilancia le informó a la Contraloría que el contratista había realizado algunas reparaciones y que los equipos habían quedado funcionando?

YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com.co

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