200 generales retirados se oponen a propuesta del Presidente de acabar la justicia militar

200 generales retirados se oponen a propuesta del Presidente de acabar la justicia militar

La declaración provocó el intempestivo regreso al país del comandante de las FFMM, general Freddy Padilla De León, que estaba en Washington con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

02 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Se trata de uno de los roces más grandes que se haya presentado entre un gobierno y generales retirados.

El malestar fue ocasionado por el anuncio del presidente Álvaro Uribe de reducir la competencia de la justicia militar a asuntos disciplinarios, lo que quiere decir que los temas penales pasarían a la justicia ordinaria.

Uribe habló de este tema y del caso de Jamundí, en el que murieron 10 policías a manos del Ejército el 22 de mayo del 2006, ante la Corte Interamericana de DD.HH. en Costa Rica, el pasado 26 de enero.

Después de las declaraciones, varios generales se cruzaron llamadas el lunes de esta semana. De allí nació la primera reunión en la que estuvieron los generales Álvaro Valencia Tovar, Jorge Enrique Mora, Rafael Samudio Molina y Alberto Guzmán (de la FAC).

El miércoles se les unieron algunos ex ministros de Defensa y 20 generales más, que luego de hacer las debidas consultas, decidieron redactar la cartar.

"Afirmó el señor Preisdente... en Jamundí, en hechos que a todos nos sorprendieron, el Ejército asesinó a unos policías..., aseveración inaceptable... tal actitud no solo sobrepasa las facultades del Ejecutivo, sino que tiene un efecto perturbador del debido proceso, la independencia de poderes y causa honda herida", señala la carta.

Párrafo seguido, los generales se preguntan: ¿será que cada vez que se halaga y lisonja a nuestros hombres se hace con la sinceridad y franqueza del jefe y líder?

Empieza la tensión

Una vez terminó la redacción, el ex comandante de las Fuerzas Militares, Rafael Samudio Molina, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, se la hizo llegar al general Padilla, sin embargo este ya había viajado con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos a Washington.

"Mi general Samudio le leyó la carta por teléfono y él pidió que no hiciéramos nada, hasta que regresara", señaló uno de los generales que estaba ayer en la rueda de prensa en Acore.

Efectivamente, Padilla tomó el primer vuelo que pudo el jueves, durmió en Miami y ayer a las 1:30 llegó directo del aeropuerto a su despacho, donde los esperaban los generales Samudio y Alberto Guzmán Molina.

"El general Padilla llegó acompañado de su jefe de estado mayor y de los segundos comandantes de la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea", señaló el general Samudio.

El lío de la Justicia Militar

"Esta carta lleva un sentimiento y la tienen que analizar profundamente. Lo que está ahí no es lo que piensan los militares retirados, es lo que piensan los soldados y militares en servicio activo sobre el pronunciamiento del Presidente", dijo en tono enérgico, como en sus épocas de comandante del Ejército, el general Jorge Enrique Mora Rangel.

Y se refirió a la importancia que ha tenido la Justicia Penal Militar, no solo en Colombia, si no en los ejércitos del mundo.

"Lamentamos disentir con la decisión de eliminar la Justicia Penal Militar ... el señor Preisdente, quien se ha proclamado como el primer soldado del país, se proponga eliminar uno de los elementos fundamentales del alma institucional de cualquier Ejército", recalcaron los generales.

Así mismo, los oficiales retirados dijeron no saber a quién creerle, si al Presidente que hizo el anuncio ante una corte internacional o al ministro Santos, quien dijo después que la Justicia penal se fortalecería.

La crisis de la Justicia Penal Militar

19 de marzo de 2004. La muerte de 7 policías y 4 civiles a manos de un pelotón de la III Brigada en Guaitarilla (Nariño) desató uno de los cuestionamientos más grandes para la Justicia Penal Militar, que absolvió a todos los militares implicados.

22 de mayo de 2006. Diez policías de la Dijin y un informante fueron masacrados en la finca Potrerito, en Jamundí (Valle). El Presidente ordenó que fuera la Fiscalía la encargada de adelantar la investigación.

Septiembre de 2006. Para dar transparencia a los procesos, el ministro de Defensa le quita a los militares la dirección del ente y nombra a la civil Luz Marina Gil en el cargo.

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