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'Parapolítica': ¿el año de la verdad?

'Parapolítica': ¿el año de la verdad?

Nueve parlamentarios, tres de ellos ya en la cárcel, podrían ir a juicio por sus presuntos nexos con paramilitares. Los señalamientos van desde conformación de grupos hasta participación en masacres.

Dos procesos relacionados entre sí tendrán este año en ascuas a la opinión pública colombiana: los juicios del llamado escándalo de la 'parapolítica' y las audiencias de Justicia y Paz a los ex jefes paramilitares.

En ambos se espera que el país por fin sepa toda la verdad sobre la relación de la clase política, diferentes sectores sociales y algunos gremios, con el fortalecimiento del paramilitarismo y la estela de terror y muerte que recorrió durante más de 20 años numerosas zonas del país.

La pregunta es: ¿se sabrá toda la verdad? Aunque es difícil establecerlo, en principio debería ser así, pues la Ley 975, de Justicia y Paz, condiciona los beneficios para los ex 'paras' a que confiesen todos sus crímenes y cuenten lo que saben sobre el fenómeno paramilitar.

Así lo cree el abogado Fernando Arboleda Ripoll, quien dice que el nivel de verdad se basará en dos cosas: "La sinceridad que haya en esas manifestaciones, llámeseles confesión o versión, porque eso nos dará una dimensión del problema". En segundo lugar, sostiene, está la voluntad política para llegar hasta las últimas consecuencias con la investigación y qué tanto compromiso hay para desmontar el fenómeno paramilitar.

Hay otros más optimistas, como el penalista Pedro Nel Escorcia. "El año entrante tiene que destaparse todo", afirma y sostiene que si la Fiscalía descubre que los ex 'paras' no dicen la verdad total, pierden los beneficios. Lo mismo cree el ex vicefiscal Francisco José Sintura. "Lo más fácil es confesarlo todo", dice.

Los políticos

Por los lados del escándalo de la 'parapolítica', el año 2007 será decisivo. Inicialmente, deberán producirse los fallos de la Corte Suprema en el caso de los congresistas de Sucre Álvaro García, Erik Morris y Jairo Merlano, detenidos desde el año pasado por sus presuntos nexos con paramilitares, luego de que ese tribunal los escuchó en indagatoria.

Pero también se espera conocer lo que decidirá la Corte en relación con la suerte de los seis parlamentarios que ya rindieron indagatoria (entre ellos Álvaro Araújo, hermano de la canciller María Consuelo Araújo). Lo que se cree es que también se ordenarán sus capturas y la vinculación formal de todos a la investigación por la 'parapolítica'.

En el transcurso del proceso judicial, deberán resolverse si los congresistas detenidos pueden acogerse a la Ley de Justicia y Paz para obtener beneficios jurídicos. O si, en su defecto, se impulsará otra legislación especial en el Congreso que le dé una solución al problema de numerosos dirigentes políticos vinculados con los paramilitares.

Los juristas no se ponen de acuerdo en cuanto a si los detenidos pueden acogerse o no a la Ley de Justicia y Paz.  Arboleda Ripoll, por ejemplo, opina que en principio no lo podrían hacer, porque el marco de la ley no lo permite.

Lo contrario piensa Escorcia. Dice que sí lo pueden hacer, pero antes deben renunciar al fuero de parlamentarios y acogerse a la ley, confesando que hacen parte de esos grupos, que los han respaldado y que recibieron apoyo de ellos. Y Sintura le agrega otras condiciones: que exista una desmovilización individual en términos de la ley y que su nombre esté incluido en la lista que el Gobierno entregó a la Fiscalía para el proceso jurídico.

Pero algunos están de acuerdo en algo: este debate se trasladará al Congreso. Escorcia y Arboleda Ripoll consideran que allí se podría tramitar una legislación para estos casos.

Sintura, por el contrario, asegura que habrá un distanciamiento entre el tema político y el jurídico, y sostiene que éste prevalecerá: "Ocurrirá algo distinto a lo del proceso 8.000 y es que no se va a permitir la politización de unos hechos que tendrán necesariamente unas consecuencias jurídicas y no solo políticas".

Orlando Restrepo
Subeditor de Justicia

Juicio por el caso Jamundí

En el primer semestre del 2007, se espera que la justicia dé su fallo, en primera instancia, sobre la responsabilidad del coronel (r) Bayron Carvajal y sus hombres en la muerte de 10 miembros del cuerpo élite antimafia de la Dijín, en hechos ocurridos en mayo. El juicio arrancó hace dos semanas con las declaraciones de los altos mandos militares y policiales, y la valoración de las pruebas recogidas por la Fiscalía. La defensa y la Fiscalía solicitaron un centenar de pruebas  más. Si son hallados culpables, los militares tendrían penas entre 40 y 60 años por homicidio agravado.

Falsos positivos

El nuevo año madrugará con el juicio por el caso de los falsos atentados, en el que están involucrados dos oficiales del Ejército: el mayor Javier Efrén Hermida y el capitán Luis Eduardo Barrero. Los delitos son tráfico ilegal de explosivos y estafa agravada. La Fiscalía los sindica de participar en el montaje de un carro con explosivos en un centro comercial, en Bogotá. En el banquillo también estará Lidia Álape (ex Farc), señalada de participar en esos mismos hechos. El 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá consideró que son legales las evidencias recaudadas por la Fiscalía.

Fallo Santofimio

El juez Jesús Lozano aplazó para principios del nuevo año el fallo sobre uno de los expedientes más importantes en los últimos años, el del magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán, que hoy tiene tras las rejas a Alberto Santofimio. Durante el 2006, el juez escuchó en audiencia pública a las partes involucradas y ahora falta saber si condena o no al ex ministro. Cualquiera que sea el fallo, el caso pasará a segunda instancia. Si es absuelto, la Fiscalía apelará, y si es hallado culpable, la defensa de Santofimio pedirá la revisión.

Sonia y Trinidad

Tras la anulación del primer proceso contra el jefe guerrillero 'Simón Trinidad' en Washington, los fiscales del caso han pedido un nuevo juicio por el mismo crimen (el secuestro de tres estadounidenses) que se iniciaría en febrero o marzo. Una vez este concluya y sin importar el veredicto, Trinidad enfrentará en mayo otro proceso por narcotráfico. En enero, además, empezará otro contra Nayibe Rojas ('Sonia'), guerrillera de las Farc también acusada por narcotráfico. Y si de la lista de 50 líderes de las Farc pedidos en extradición por E.U. cae alguno, seguirá los pasos de aquellos.

La incógnita del nuevo plan militar

Uno de los grandes retos que enfrentarán el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y la cúpula militar en el 2007 será el nuevo plan de guerra, que por ahora se conoce como 'Victoria' y que pretende capturar a los jefes de las Farc, según se lo manifestó el presidente Uribe a las tropas de Larandia (Caquetá) hace pocas semanas. Con esta presión, el ministro Juan Manuel Santos y los militares iniciarán una carrera contrarreloj para sumar acciones positivas. Así mismo, se espera que los resultados, que en el caso de las operaciones del Plan Patriota en el sur del país arrojaron este año menos incautaciones que en el 2005,  vayan más allá de los golpes 'logísticos' -víveres, munición y armas- y de las capturas de los llamados 'jefes de finanzas'.

La otra prueba de fuego será mantener el control de los lugares desocupados por los paramilitares que se desmovilizaron. La primera señal de que la situación es de cuidado fue el ataque a una patrulla del Ejército en Ocaña (Norte de Santander), zona que fue dominada por esos grupos. En estas mismas áreas, la aparición de grupos emergentes (paramilitares reincidentes) tiene en aprietos a la Fuerza Pública. 

La última prueba será continuar con la reestructuración de las Fuerzas Militares, para evitar escándalos como el de Jamundí y el de los falsos positivos.

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