Por incumplir fallo sobre desplazamiento, Corte pidió iniciar proceso contra cinco funcionarios

Por incumplir fallo sobre desplazamiento, Corte pidió iniciar proceso contra cinco funcionarios

La sentencia de la Corte Constitucional, emitida hace tres años, fija obligaciones y objetivos precisos al Gobierno nacional para atender el tema del desplazamiento forzado.

29 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

El alto tribunal le pidió al Juez 5 Civil del Circuito de Bogotá abrir también proceso contra siete contratistas y ex funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social (encargada del tema de desplazamiento).

Según Manuel José Cepeda, magistrado ponente en la Corte Constitucional, la decisión se adoptó tras estudiar un informe de la Procuraduría que señala, entre otras cosas, fallas en Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Incoder.

Del primero, por ejemplo, el Ministerio Público considera en el informe como "una falta gravísima la renuencia reiterada a la prestación en debida forma del derecho a la ayuda inmediata que, como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, se inscribe dentro del núcleo esencial del derecho a la subsistencia digna".

La Procuraduría también critica que en materia de reubicación de la población desplazada, o retorno a sus lugares de origen, no solo "no han sido acatadas las órdenes de la Corte Constitucional", sino que dicho mecanismo "no existe en la práctica".

Del Ministerio del Interior y de Justicia, dice el informe que si bien "ha cumplido de manera formal con el diseño de herramientas para la evaluación de los esfuerzos presupuestales y administrativos de las entidades territoriales, a la fecha no ha superado la fase de exploración".

Además señala que en cuanto a la labor del Incoder, para cumplir con la sentencia de la Corte, "no sólo no hay avances en este tema, sino que la regresividad es notoria (...) el esfuerzo realizado por esa entidad resulta insuficiente para atender las necesidades en materia de tierras de la población desplazada".

Con cárcel o multas sancionan desacato

Si el juez considera que los funcio- narios incumplieron en su trabajo, sin justa causa, caben dos tipos de sanciones: arresto hasta por seis meses o multas, que pueden llegar a los 20 salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, la Corte Constitucional sugirió que, en caso que el juez decida sancionar, lo haga a través de multas permanentes mientras no se cumpla con lo ordenado para solucionar el desplazamiento. Los funcionarios son: Sandra Devia, directora de Orden Público y Asuntos Territoriales del Mi- nisterio del Interior, el subgerente de Ordenamiento Social de la Pro- piedad del Incoder. De Acción Social están Ligia Borrero, subdirectora técnica de Atención al Desplazamiento; Jaime Avendaño, de la oficina de Retorno, y Ana Olano.

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