Hoy se define el futuro de la reforma administrativa que impulsa el alcalde Luis Eduardo Garzón

Hoy se define el futuro de la reforma administrativa que impulsa el alcalde Luis Eduardo Garzón

A álgido tema se agrega el polémico artículo 'Regalo de Navidad a concejales', publicado ayer en este diario, y que generó protestas de varios cabildantes de Bogotá.

26 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Los concejales rechazaron cualquier vinculación del pago de 900 millones de pesos que les hizo la Alcaldía, por concepto de un primer ajuste retroactivo en el valor de sus honorarios, con el paso a plenaria del proyecto de reforma administrativa.

Consultados acerca de la coincidencia de fechas entre el momento del pago -al que el otro año se sumará otro cheque de al menos 1.200 millones de pesos- y el paso a plenaria del proyecto para su aprobación final, varios concejales afirmaron que se trató de una coincidencia que se dio por simple casualidad.

Gilma Jiménez (peñalosista) afirmó: "Esa remuneración se viene gestionando jurídicamente desde el 2005, cuando se le aumentó el salario al Alcalde Mayor -que de inmediato hace que se nos aumente el nuestro-. La reforma apenas entró a discusiones en el Concejo hace tres meses".

Para la concejal liberal Ángela Benedetti "es absurdo pensar en ese tipo de prebendas, sobre todo si ese pago les llegó a los 45 cabildantes, entre ellos, a todos los que se han opuesto a la reforma desde el principio".

De ese grupo de adversarios hacen parte, entre otros, Hipólito Moreno y Jorge Durán. Y Moreno (conservador) declaró: "Ese reconocimiento es un derecho adquirido y nada tiene que ver con la reforma. Yo voté negativo en la comisión y mañana (hoy) también lo haré en la plenaria".

Jorge Durán, de la bancada Liberal, opositor a la reforma y quien ha anunciado que la demandará en el caso de que se convierta en un acuerdo de la ciudad, agrega que de ser ciertas las acusaciones "no se explica cómo le pagaron a él, ya que siempre ha estado en contra del proyecto".

La peñalosista Lariza Pizano afirmó que estos 'rumores malintencionados' lo único que hacen en 'deslegitimar' una reforma que "busca la eficiencia en el Distrito y reducir los niveles de corrupción, en organismos como la Secretaría de Tránsito. Si realmente hubiera un chanchullo, las cosas no se harían tan abiertamente", añadió Pizano.

Para Fernando Rojas, del Polo Democrático, lo que hubo fue una 'interpretación errónea de los hechos. Y añadió: "Esta situación ha puesto en la picota pública a todos los concejales, jugando con nuestra honorabilidad. Lo que se hizo con el pago fue reconocer una remuneración atrasada a la que teníamos derecho".

No obstante, agregó que: "Para evitarme problemas y escándalos', estoy dispuesto a devolver esa plata de inmediato, en el caso de que esa consignación se encuentre por fuera de los límites de la ley". Rojas fue el único de los concejales consultados que planteó esta posibilidad.

La reforma administrativa que hoy se vota en el Concejo es un proyecto de vital importancia para Bogotá, pues la ciudad funciona prácticamente con la misma estructura de hace 30 años. Antanas Mockus intentó aprobarla en 11 ocasiones, pero en todas ellas el Concejo se lo negó.

'No hay aberración jurídica': Urueta

El abogado Manuel Urueta, quien representó a varios concejales para lograr el ajuste en sus honorarios, dijo que este pago es legal porque "si aumenta el salario del Alcalde, de manera automática deben aumentar los honorarios de los concejales", ya que ese valor se fija, por Ley, de acuerdo con el salario del Alcalde. Este aumento "no es una aberración jurídica, es sólo la aplicación de la Ley", dijo Urueta, ex presidente del Consejo de Estado.

Un día clave

  • La reforma administrativa que se votará hoy en el Concejo busca que las 45 entidades con las que hoy cuenta el Distrito queden agrupadas en 12 grandes secretarías, para así facilitar y organizar la gerencia de la ciudad.
  • Un ejemplo, hoy el tema de vivienda está disperso en muchas entidades: Metrovivienda, Caja de Vivienda Popular, Renovación Urbana, etc. Con la reforma todo el tema estará bajo el control de una sola secretaría, la de Hábitat.
  • La cuestionada Secretaría de Tránsito será reemplazada por al Secretaría de Movilidad.
  • El impacto en el manejo del dinero debería ser importante, pues ya no habrá que repartir la plata en función de las demandas de innumerables entidades, sino entre 12 secretarías, lo que permitirá organizar el gasto por temas y no por instituciones.
  • Un lunar de la reforma es que se esperaba que las alcaldías locales tuvieran más autonomía, es decir, que hubiera un proceso de descentralización. Eso no ocurrirá por ahora.

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