Polémico 'regalo de Navidad' a concejales: Alcaldía ordena girarles más de $2.000 millones

Polémico 'regalo de Navidad' a concejales: Alcaldía ordena girarles más de $2.000 millones

Esta semana, la Secretaría de Hacienda les giró a los 45 cabildantes un cheque de 900 millones de pesos, al que el próximo año se sumará otro pago de aproximadamente 1.200 millones.

25 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Lo delicado de este 'regalo navideño' es que no solo hay dudas sobre su legalidad -según varios abogados consultados por EL TIEMPO-, sino que también ha generado suspicacias desde el punto de vista político, pues el giro de la Alcaldía a los concejales se produce en pleno proceso de aprobación de la reforma administrativa del Distrito por parte del cabildo: un proyecto que hará que Luis Eduardo Garzón pase a la historia como el hombre que logró la modernización administrativa de Bogotá. Algo que Antanas Mockus intentó sin éxito 11 veces.

El primer pago fue ordenado al finalizar el día lunes mediante el decreto 469, que lleva la firma del Alcalde Garzón y el Secretario de Hacienda del Distrito, Pedro Rodríguez.

Ese pago se hizo efectivo el día miércoles, justo en medio de una semana en la cual, inexplicablemente, la sesión plenaria que el Concejo debía convocar para aprobar la reforma administrativa de Garzón -ya aprobada en Comisión de Gobierno- no fue programada dentro de la agenda de discusiones del cabildo.

El jueves la plata ya estaba en las cuentas de los concejales -entre 16 y 25 millones según el caso (pues se les paga por el número de sesiones a las que asisten). El viernes, a primera hora, la plenaria para aprobar la reforma fue programada oficialmente para este lunes.

La médula del problema

El pago de los honorarios de los concejales se calcula a partir del salario del Alcalde Mayor. La ley establece que el pago para los concejales por cada sesión a la que concurran será igual a la remuneración mensual del alcalde dividida por 20.

El Decreto 2721, firmado el 11 de agosto de este año por el presidente Álvaro Uribe, estableció un aumento de los honorarios de los concejales de Bogotá mediante el reconocimiento de la 'Bonificación de Dirección' que recibe el Alcalde (desde enero del 2005) como parte de su "remuneración mensual". Y especificando que esa bonificación debía tenerse en cuenta para la liquidación de los pagos a los concejales.

El mismo decreto especifica "que rige a partir de su fecha de publicación", 11 de agosto, y no dice menciona ni insinúa retroactividad alguna. Y desde esa fecha, los pagos a los concejales se vienen haciendo con la nueva fórmula de liquidación.

Sin embargo, el 16 de noviembre, la oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía, que dirige Enrique Borda -abogado y cerebro de la reforma administrativa de Garzón- expidió un "concepto jurídico de interpretación al decreto 2721" en el que avala un pago retroactivo a los concejales sobre la base de que el alcalde recibe la Bonificación de Dirección desde enero de 2005 y que, en consecuencia "el alcance de los conceptos que conforman la remuneración mensual debe darse desde que ellos fueron creados".

El pago de los 900 millones hecho esta semana corresponde a un primer ajuste retroactivo por el citado concepto y cubre el período entre enero 1 y agosto 11. Pero al quedar 'legalizada' la figura de la retroactividad, el año entrante la Alcaldía tendrá que girarle a los concejales un nuevo cheque de al menos 1.200 millones de pesos, para pagar el ajuste correspondiente a todo el 2005.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, calificó esta interpretación de la Alcaldía como un "aberratio juris", una aberración jurídica.

Y explicó: "Hay un principio básico del derecho administrativo y es que los actos rigen siempre hacia el futuro, salvo excepción de ley, es decir, salvo que el Congreso así lo decida. Y esto es así porque se trata de un principio básico para la seguridad jurídica".

Y otros dos abogados consultados por EL TIEMPO coincidieron con Santofimio Gamboa, autor de un tratado sobre derecho administrativo.

Los argumentos de Borda

Enrique Borda, Secretario general de la Alcaldía, explicó a EL TIEMPO que la decisión fue largamente analizada, está "perfectamente sustentada desde el punto de vista jurídico" y se tomó "para ahorrarle una demanda al Distrito" por parte de un grupo de concejales, representados por Manuel Santiago Urueta, ex presidente del Consejo de Estado.

Consultado acerca de si no se calculó la 'mala lectura política' que podría tener el pago en pleno proceso de aprobación de la reforma administrativa, Borda respondió: "si, pero se termina el año fiscal y no podíamos esperar más para hacer este pago porque también se nos vencían los términos".

La tesis central de la alcaldía -según un comunicado sin firma que el propio Borda puso a circular el jueves entre algunos periodistas del Concejo- es que se trata de una decisión del Gobierno Nacional (no de la Alcaldía); que regula una situación que viene desde el 2005 y que por tanto es "apenas lógico" que los Concejales tienen derecho a la retroactividad.

Frente a estos argumentos, Santofimio Gamboa opinó que la Secretaría General de Alcaldía recurre a "un sofisma de distracción", pues "el hecho concreto es que la Bonificación de Dirección solo empieza a ser considerada como parte de la remuneración mensual del Alcalde con el decreto 2721, es decir, en agosto".

De hecho, antes de esa fecha el decreto 4353 del 22 de diciembre 2004, que reglamentó la Bonificación de Dirección, subrayaba explícitamente que este pago "no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales".

La propia oficina jurídica Secretaría de General de la Alcaldía utilizó y citó esta norma para rechazar en marzo del 2005 en una solicitud de la concejal Gilma Jiménez para que la Bonificación de Dirección se tuviera en cuenta a la hora de liquidar el sueldo de los concejales.

Pero Borda insistió ayer en que "técnicamente el pago (a los concejales) no es una retroactividad sino el reconocimiento de un derecho que se causó a partir del 1 de enero del 2005, cuando los alcaldes y gobernadores del país empezaron a reconocer la bonificación de dirección".

Alertado por Borda de la polémica, el alcalde Garzón uso ayer su programa de televisión en Canal Capital para anunciar que: "este lunes pediré a la Contraloría Distrital y a la Personería que investiguen la transparencia de lo ocurrido".

Entretanto, un abogado que prefirió guardar la reserva de su nombre, opinó: "si yo fuera concejal devolvería esa plata hasta que todo se aclare".

Así se les pagó

El primer pago a los concejales -de 900 millones- fue ordenado el día lunes, mediante el decreto 469, que lleva la firma del alcalde Luis Eduardo Garzón y de su secretario de Hacienda, Pedro Rodríguez.

Ese pago se hizo efectivo el día miércoles, justo en medio de una semana en la cual, inexplicablemente, la sesión plenaria en la que el Concejo debía aprobar la reforma administrativa de Garzón -ya aprobada en Comisión de Gobierno- no fue programada dentro de la agenda del cabildo.

El jueves la plata ya estaba en las cuentas de los concejales -entre 16 y 25 millones para cada uno según el caso (pues se les paga por el número de sesiones a las que asisten). El viernes, a primera hora, la plenaria para aprobar la reforma fue finalmente programada para este lunes.

El pago de los 900 millones, hecho esta semana, corresponde a un primer ajuste retroactivo que cubre el período entre enero 1 y agosto 10 de 2006.

El año entrante, la Alcaldía tendrá que girarle a los concejales un nuevo cheque de al menos 1.200 millones de pesos, para pagar el ajuste retroactivo correspondiente al 2005.

VÍCTOR MANUEL VARGAS
EDITOR DE BOGOTÁ
vicvar@eltiempo.com.co

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