Se desata ofensiva legal del Concejo de Bogotá y del Congreso para enfrentar el caos de movilidad

Se desata ofensiva legal del Concejo de Bogotá y del Congreso para enfrentar el caos de movilidad

En el Congreso se aprobó en primer debate un proyecto que ordena que el tiempo de vida útil de los buses sea de 15 años y no de 20. Y en el Concejo está listo el plan 'B' para chatarrizar buses viejos

17 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

En el caso del Congreso, la iniciativa que es promovida por la senadora del Partido de la U, Gina Parody, y a la que le restan tres debates (uno en Senado y dos en Cámara) busca que por las calles de la ciudad no rueden buses tan viejos que además de afectar la movilidad, contaminan más.

El plan de Parody también estipula que un 5 por ciento del valor del pasaje se destine a un fondo de chatarrización administrado por una fiducia pública, que se encargará de comprar buses viejos y así reducir la sobreoferta. "Los carros que no se afilien a esos fondos serán inmovilizados hasta que lo hagan y sus propietarios deberán pagar una multa de un salario mínimo", establece la iniciativa.

Aunque aún falta un largo camino para que ese proyecto se convierta en ley de la República, y eso sería en al menos seis meses, ya hay un hecho para destacar: por primera vez se aprobó en primer debate luego de tres intentos fallidos.

De cierta forma, con este plan se estaría 'blindando' el proceso de chatarrización y le estaría dejando al Distrito un nuevo instrumento para reducir la sobreoferta si es que el Consejo de Estado en los próximos días decide anular el decreto 115 que creó el fondo de chatarrización en la capital del país.

Y para terminar de garantizar que la ciudad no se quede sin herramientas para sacar de circulación cerca de 10.000 buses, busetas y colectivos que están sobrando, en el Concejo de Bogotá está listo el proyecto de Acuerdo que le daría facultades al alcalde Luis Eduardo Garzón para seguir con la chatarrización.

De esta forma, según ha explicado la concejal de Cambio Radical, Susana González, se les sale adelante a empresarios del transporte que argumentan que el Distrito no podía ordenarles girar al fondo de chatarrización 17 pesos por cada 1.000 pesos del pasaje, si no que debía ser con visto bueno del cabildo.

Esta ofensiva legal desde el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá, advierte que en el peor de los escenarios, el cual sería que el Consejo de Estado anule el decreto 115, la ciudad aún podría recobrar sus herramientas para chatarrizar buses viejos, reducir la contaminación y mejorar la movilidad.

Otros puntos de la estrategia

Según el proyecto de la senadora Gina Parody, también se obligaría a los propietarios a que en máximo dos meses, una vez promulgada la ley, afilien sus automotores a alguno de los fondos.
Y además, las empresas del transporte tendrían que entregar a
esas fiducias públicas los recursos de los fondos de reposición que históricamente han manejado. Eso sería en máximo tres meses, después de aprobada la ley.

Un tercer punto es que a partir del primero de enero del 2010, "toda reposición que se haga de vehículos terrestres de transporte público (...) deberá hacerse por vehículos que funcionen con combustibles limpios".

En el proyecto de Acuerdo liderado por la concejal Susana González, estipula que será la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) la que fije el valor comercial para la compra de buses viejos. Así se acabaría con un 'cuello de botella' que hoy tiene paralizado ese mercado, ya que los dueños piden mínimo 45 millones de pesos por bus, mientras Tránsito ofrece máximo 25 millones de pesos.

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