Las cuatro dudas clave en el lío de congresistas de Sucre investigados por la Corte

Las cuatro dudas clave en el lío de congresistas de Sucre investigados por la Corte

¿Por qué el Presidente no se refiere abiertamente al tema?, ¿Por qué la Procuraduría archivó las investigaciones? ¿Por qué la demora en los procesos? ¿Se entregarán los congresistas prófugos?

14 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Mientras la oposición arremete contra al presidente Álvaro Uribe por su actitud frente al escándalo, ayer se entregó el representante Erik Morris, uno de los investigados.

Lo hizo en la estación de Policía de Chapinero, en Bogotá, después de estar prófugo por cinco días. Álvaro García Romero y Jairo Merlano aún no se han entregado.

Una fuente de la Policía informó que Morris iba a ser puesto de inmediato a disposición de la Corte Suprema y del Inpec, para que decidieran su sitio de reclusión. "Él debe estar en una cárcel normal", dijo la fuente. Al cierre de esta edición, el Inpec no había confirmado en cuál penal sería internado Morris.

Finalmente, ayer los partidos afectados por el escándalo tomaron una decisión al respecto. 'La U' y Colombia Democrática suspendieron temporalmente a los tres congresistas.

¿Por qué Uribe no se refiere abiertamente al tema? Oposición pide hacerlo

El escándalo por la orden de captura que libró la Corte Suprema contra tres congresistas por vínculos con el paramilitarismo - los senadores Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erik Morris- tocó ayer las puertas de la Casa de Nariño.

La oposición salió a cobrarle al presidente Álvaro Uribe sus pocas declaraciones sobre el escándalo que, por ahora, salpica a tres congresistas que respaldaron al jefe del Estado en su pasada campaña electoral y que hacen parte de la coalición de Gobierno (Morris y García, de Colombia Democrática, y Merlano, del partido de 'la U').

El discurso más duro provino del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal.

"El Presidente tuvo una actitud pasiva sobre estos temas y ha sido pasivo, pero todavía es tiempo de asumir una actitud más decidida para enfrentar estos problemas. El Presidente no se puede poner de espectador", dijo en una rueda de prensa.

Gaviria añadió que Uribe "tiene que poner a sus organismos a que investiguen, cooperen con la Corte, le den información y elementos de juicio (...) No hay que hacerse el de la vista gorda. Hay que hacer un mayor esfuerzo para que estos problemas sean investigados".

El ex presidente dijo que la legitimidad de Uribe en las urnas no está en duda, pero insistió en que "tiene que decir algo más. No solamente que hay que cumplir la ley".

El segundo golpe contra Uribe provino del senador Gustavo Petro, vocero del Polo Democrático Alternativo: "Nos aterra el silencio del Presidente, él que sale inmediatamente a hablar".

Petro emplazó a Uribe para que diga "por qué los movimientos políticos que lo apoyan en muchas regiones de Colombia están dirigidos por terroristas y cómo puede evitar que eso ocurra en el futuro", al tiempo que pidió máxima protección para los magistrados de la Corte.

El senador del Polo propuso una reunión de todos los partidos para definir mecanismos de depuración de sus integrantes, cuando se presenten indicios de vínculos con 'paras', y pidió al Congreso constituir una comisión de la verdad.

¿La Procuraduría se equivocó?

La Procuraduría defendió ayer su decisión de archivar el proceso contra Álvaro García Romero por la masacre de Macayepo. Esas indagaciones las adelantó el Ministerio Público con base en la grabación de una conversación entre el cogresista y el ganadero Joaquín García, en la que al parecer hablaban de la matanza. La Corte Suprema sí consideró esa evidencia.

El viceprocurador Carlos Gómez Pavajeau dijo que la decisión de archivar el proceso, el 26 de septiembre del año pasado, se tomó tras valorar esa prueba y estimar, apoyados en la ley y en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la misma era ilícita.

La resolución también se tomó con base en el derecho disciplinario, según el cual a los servidores públicos solo se les investiga por la conducta oficial que tenga relación directa con sus funciones, y en este caso no la había.

Explicó que las conductas de funcionarios públicos relacionadas con paramilitarismo no se pueden sancionar para hechos ocurridos antes de mayo del 2002, cuando entró a regir el Código Disciplinario Único, que sí las castiga, pero solo si tienen relación con el servicio. La masacre ocurrió en el 2000.

¿Se demoraron la Fiscalía y la Corte?

Varias de las evidencias que la Corte Suprema considera válidas para formular las imputaciones contra los congresistas fueron obtenidas desde hace unos cinco años, luego de que el principal testigo, Jairo Castillo, ingresó al programa de protección especial de la Fiscalía.

Por eso, algunos se preguntan si hubo demora en la Fiscalía - cuatro años pasaron bajo la gestión de Luis Camilo Osorio- y en la Corte para abrir un proceso formal contra los parlamentarios.

Voceros de la Fiscalía señalaron que, en su momento, lo dicho por Jairo Castillo no tenía suficiente contundencia y que ahora sí la tiene debido a que aparecieron otras evidencias, como el computador de 'Jorge 40'.

La Corte dice que inició la investigación solo el año pasado, luego de la denuncia formulada por Clara Eugenia López Obregón, en junio de 2005.

En todo caso, en esta decisión de la Corte también pesó que el actual fiscal general, Mario Iguarán Arana, envió el expediente al alto tribunal para que investigara la conducta de los parlamentarios.

¿Se entregarán García y Merlano?

Tras la entrega del representante Erik Morris, hoy se espera que se presente el senador Álvaro García Romero, de Colombia Democrática.

En un comunicado de prensa que García envió el sábado, aseguró que estaba poniendo en orden algunos asuntos personales y que el miércoles (hoy) se presentaría a las autoridades competentes.

Por los lados del senador Jairo Merlano la situación es diferente.
Fuentes cercanas al congresista, del partido de 'la U', dijeron que hasta que no se resuelvan un recurso de reposición que interpuso Merlano ante la Corte y una tutela ante el Consejo de la Judicatura, no se vislumbra una entrega.

El primero busca que se revise la medida de aseguramiento y la segunda, que se le respete el debido proceso.

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