El congresista Álvaro García anuncia que se entregará a la justicia la próxima semana

El congresista Álvaro García anuncia que se entregará a la justicia la próxima semana

El político, acusado de conformar grupos paramilitares en Sucre, hizo el anuncio mediante una carta enviada este sábado a la Corte Suprema de Justicia, que pidió su detención.

11 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

En la misiva a la Corte y las autoridades enviada desde la clandestinidad, García, del partido Colombia Democrática (que integra la coalición que respalda al presidente Álvaro Uribe) indicó que planea entregarse el miércoles, una vez defina detalles de su defensa con sus abogados y otros asuntos personales.

"Para esta fecha ya habré solucionado asuntos trascendentales en mi vida, sin que se entienda que estoy eludiendo el mandato judicial", señaló en el texto.

La Corte ordenó el jueves pasado detener a García y a su compañero de bancada, Erick Morris, así como al senador del también oficialista partido de La U, Jairo Merlano, por conformar y militar en grupos paramilitares responsables de varias masacres en el departamento de Sucre.

El mismo tribunal, que según las leyes colombianas es el juez de primera instancia para los congresistas, determinó que la justicia ordinaria deberá investigar por las mismas acusaciones a otros cinco políticos de Sucre que contrario a los mencionados no gozan de fuero especial por no ser legisladores en ejercicio.

A García se le imputa organizar, promover, armar y financiar grupos al margen de la ley en Sucre desde 1997.

Igualmente, se le sindica de participar "en calidad de determinador" en una masacre de 20 campesinos en el poblado de Macayepo en octubre de 2000, así como en la apropiación de recursos públicos para financiar a los paramilitares.

El grupo paramilitar con el cual se relaciona a García hace parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en abril finalizaron la desmovilización de 31.000 de sus combatientes pactada con el gobierno en el marco de una cuestionada negociación.

Organizaciones de derechos humanos y las guerrillas izquierdistas, han considerado como excesivas los beneficios concedidos a los desmovilizados de ultraderecha.

Con AFP

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