Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema

Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema

Según las evidencias, un grupo liderado por el senador Álvaro García Romero organizó en 1997 una banda armada financiada con dineros públicos que años más tarde realizó masacres como la de Macayepo.

10 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Estas afirmaciones están contenidas en el documento de 88 páginas en el que la Corte ordena la captura de los senadores García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante a la Cámara Erik Julio Morris.

Según la Corte, la banda de alias 'Cadena', muerto, y 'Diego Vecino', recluido en La Ceja, surgió en 1997, cuando el senador García, el ex embajador en Chile Salvador Arana; el ex alcalde de Sucre (Sucre) Ángel Daniel Villarreal Barragán y el ganadero Joaquín García habrían optado por conformar una organización armada para dominar la región de La Mojana (Sucre) y frenar la amenaza de la guerrilla.

Los políticos, dice la providencia del alto tribunal, buscaban "establecer una estructura político-militar" que pusiera a su servicio las administraciones públicas del departamento y de algunos municipios. Esto lo lograrían a través de "acciones de sangre y terror".

Para la conformación del grupo, según las evidencias, ese año se realizó una reunión en un reconocido restaurante en las afueras de Sincelejo. En ella habrían participado Arana, Joaquín García, Villarreal, un representante del senador García y reconocidos
'paras' de la Costa.

Además habrían hablado,según las pruebas que tiene la Corte, de un "presupuesto inicial de 60 millones de pesos".

Dicen que tras la reunión se convino que Álvaro García intervendría ante el entonces gobernador Morris, hoy representante a la Cámara, para la adjudicación de contratos que serían desviados y que Arana, como director de Dasalud, haría algo parecido.

El eslabón de San Onofre

La Corte encontró que mediante actos de violencia este grupo se fue financiando con dineros públicos. Una de las evidencias es un contrato para la construcción de un terraplén en el corregimiento La Guaripa, municipio de Sucre, firmado por el ex alcalde Villarreal.
De allí, 17 millones de pesos habrían servido para financiar el naciente grupo 'para'.

Villarreal, hoy en día diputado de Sucre, está tras las rejas por irregularidades en contratos que terminaron siendo desviados para las autodefensas, según pruebas del computador de Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'.

La Corte explica que esa violencia también fue utilizada para garantizar la llegada a la Gobernación, en 1997, de Erik Morris.
Para tal fin, dice, el grupo paramilitar habría asesinado en San Onofre a la profesora Georgina Narváez Wilches, una testigo electoral.

El terror habría sido también la herramienta para conseguir la elección al Congreso de Merlano y de la representante Muriel Benito Rebollo, en el 2002, según las pruebas.

Benito también deberá dar sus explicaciones a la justicia, pues la Fiscalía la llamó a indagatoria por nexos con 'paras'. Dice la Corte que el día de las elecciones, el grupo de 'Cadena' llevó a las mesas de votación a decenas de habitantes "por la fuerza y bajo amenazas".

Los habitantes de Sucre han denunciado, en los últimos años, por lo menos 5 mil víctimas, entre desaparecidos, asesinados, amenazados y desplazados, especialmente en San Onofre.

De hecho, en esa zona del país las autoridades han desenterrado en fosas comunes, en los últimos meses, unos 110 restos humanos.

En el expediente hay indicios de que los jefes del grupo habrían "ordenado incursiones paramilitares, como la sucedida el 16 de octubre del 2000 en los Montes de María, corregimiento de Macayepo", donde 15 campesinos fueron asesinados.

Piden investigar a otros cuatro

De hecho, todo esto sirvió de sustento para que, el pasado jueves, la Corte ordenara la captura de los congresistas por la creación y financiación de grupos paramilitares.

Al senador García lo sindica como "determinador" de esta masacre y a Merlano como miembro de las Auc. Hasta ayer, el paradero de los congresistas era desconocido.

En el extenso documento, conocido por EL TIEMPO, la Corte le solicita a la Fiscalía iniciar investigación contra Arana Sus, Miguel Nule Amín, ganadero y también ex gobernador de Sucre, y el detenido diputado Villarreal, además al ganadero Joaquín García.

La Corte descubrió que tras la desmovilización de los jefes 'paras' 'Diego Vecino', 'Cadena' y la captura del 'Oso', los miembros del movimiento político de García, Morris y Arana buscaron que en el 2006 se conformara un Frente Social por la Paz de Sucre, en posible alianza con el temido ex jefe del Bloque Norte de las Auc, 'Jorge 40', para mantener "el dominio político en la región con prácticas no exentas de intimidación y muerte".

Prueba de ello, dice la Corte, es una grabación de una de las reuniones para tal fin, encontrada en el computador que cargaba Édgar Ignacio Flórez, 'don Antonio', hombre de confianza de '40'.

¿Podrían acogerse a la Ley de Justicia y Paz?

¿Es posible que, para no recibir condenas muy altas, los tres congresistas -cuya captura ordenó el jueves la Corte Suprema- se acojan a la Ley 975 o de Justicia y Paz, que solo contempla una pena máxima de 8 años?

Si la justicia ordinaria los encuentra culpables de paramilitarismo, los congresistas podrían enfrentar una condena de 12 años.

Voceros de la Fiscalía aseguran que a la luz de la Ley 975 ninguno de los tres sindicados cumple los requisitos para acogerse a esa norma. "Tendrían que haberse declarado miembros de alguno de los grupos paramilitares que negoció con el Gobierno y haberse desmovilizado con el grupo", asegura el vocero.

Por su parte, el ex vicefiscal Francisco José Sintura asegura que ese régimen especial no es aplicable a los congresistas. "Hasta donde tengo entendido, ellos no han reconocido pertenencia a un grupo ni son desmovilizados".

Sin embargo, Eduardo Carreño Wilches, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, asegura que la Ley 975 podría tener una interpretación más amplia y los congresistas acusados podrían terminar siendo juzgados bajo esa norma. "En estos términos,sostuvo, todos ellos sí tendrían la posibilidad de obtener los beneficios".

Otros dirigentes investigados

Joaquín García Rodríguez: Empresario, Ganadero y prestamista.

Protagonizó en Sincelejo uno de los episodios más conocidos entre el pueblo en el año 2004, cuando con su vehículo derribó la reja de la casa del actual Gobernador, Jorge Anaya Hernández.

Dicen que esta fue la forma en que ejerció presión para que el mandatario le pagara una gruesa suma de dinero que les había prestado a él y al senador Álvaro García Romero para financiar parte de su campaña al primer cargo público de Sucre.

García Rodríguez es señalado como uno de los principales auspiciadores del paramilitarismo en Sucre, con el propósito de protegerse de las extorsiones y amenazas de la guerrilla.

Fue blanco de dos atentados de la guerrilla a los que logró sobrevivir en inmediaciones de Tolú, cerca al Golfo de Morrosquillo.
Salvador Arana Sus: Médico, nacido en Magangué (Bolívar), efectuó su año rural en la región de La Mojana, donde hizo sus pininos en la política.

Ante sus dotes de liderazgo, el senador García Romero lo recomendó en la dirección de Dasssalud, cargo que asumió durante los gobiernos departamentales de Édgar Martínez Romero y del hoy representante a la Cámara Erick Julio Morris Taboada.

Fue candidato a la gobernación con el apoyo de García Romero por el partido Liberal y obtuvo el triunfo entre el 2000 y el 2003.

Posteriormente fue asignado por el actual Gobierno como Secretario General en la Embajada de Chile y ante la renuncia del Embajador, ocupó el cargo como encargado, al que se vio obligado a renunciar por las investigaciones que se adelantan en su contra relacionadas con paramilitarismo. Reiteradamente ha negado tener nexos con 'paras'.

Ángel Villarreal Barragán: Oriundo del municipio de Sucre

Fue alcalde del municipio de Sucre periodo 97- 99. Su aspiración la avaló el Movimiento Nacional Progresista. Es el representante de la subregión Mojana en la asamblea sucreña.Al momento de ser capturado por el CTI ocupaba la presidencia de la Asamblea sucreña. Su apoyo fue de Alvaro García.

Miguel Ángel Nule Amín: miembro de una prestante familia que tuvo incluso ministro de Minas.

Él fue gobernador de Sucre en 1978.

Posteriormente aspiró a la alcaldía de Sincelejo, por el partido Liberal en la década de los 90 pero no fue electo.

Fue jefe del Nuevo liberalismo en Sucre, movimiento dirigido nacionalmente por Luis Carlos Galán.

Ganadero y propietario de la finca Las Canarias, ubicada cerca al corregimiento Cruz del Beque municipio de Sincelejo.

A raíz de un atentado que sufrió su vivienda del exclusivo sector Ford de Sincelejo, la cual fue blanco de un petardo, se radicó en Bogotá y posteriormente se radicó en Brasil donde reside en la actualidad alegando razones de seguridad.

La defensa de los tres congresistas

Erik Morris, de Colombia Democrática.

El apoderado señala que Morris no es mencionado por el testigo Jairo Castilla, lo que lo excluye de cualquier responsabilidad en la muerte de Georgina Narváez. Además, aporta documentos sobre su elección como Gobernador y la financiación de esa campaña, en 1997.

Álvaro García, de Colombia Democrática.

La defensa desestima un informe de inteligencia de la Policía, lo mismo que una conversación interceptada entre García y Joaquín García, y que hacen parte de las pruebas en su contra. También acusan al testigo Jairo Castilla de ser un "mitómano" y de querer dinero.

Jairo Enrique Merlano, del Partido de la 'U'.

Su defensor alegó la falta de técnica en el interrogatorio de los testigos y sugirió que las imputaciones contra Morris provendrían de la confrontación entre los hermanos Benito Rebollo y los Silgado en San Onofre, todos ellos antiguos socios politicos de su defendido.

En 'la U' no saben qué hacer con Merlano

La suspensión temporal del senador Jairo Merlano como miembro del partido de 'la U', es por ahora, la decisión que tomaría esa colectividad frente al caso del congresista, a quien la Corte Suprema sindica de hacer parte de grupos paramilitares.

Para tal efecto, el senador Luis Guillermo Vélez, codirector de 'la U', dijo que convocará para el próximo martes al comité directivo para estudiar las acciones a seguir.

Mientras en 'la U' buscan qué hacer con Merlano, en Colombia Democrática lo que va a pasar es una incógnita.

Ayer EL TIEMPO llamó al presidente de ese partido, Mario Uribe, para conocer qué pasaría con el representante Erik Morris y el senador Álvaro García, a quienes también la Corte les dictó medidas cautelares. Al cierre de esta edición, Uribe no había devuelto la llamada.

Tampoco se conocía un pronunciamiento del Gobierno acerca de Teresita García Romero (hermana del senador), actual cónsul de Colombia en Frankfurt (Alemania).

Vélez Trujillo indicó que una de las medidas que podrían adoptar sería la suspensión temporal de Merlano, porque, según él, la medida de la Corte Suprema es cautelar y no definitiva.

Esa es la razón para que en el partido, el caso de Merlano se haya convertido en una papa caliente. Mientras unos piensan en la suspensión, otros se inclinan por la expulsión.

"La Corte Suprema no manda una orden de captura por un chisme, expide una orden porque hay una evidencia fuerte (...) es mejor la expulsión", dijo la senadora Gina Parody.

Por el contrario, la codirectora de 'la U' Martha Lucía Ramírez se mostró partidaria de la suspensión. "La expulsión tiene que ser consecuencia de un fallo condenatorio", dijo.

El vocero de 'la U' en la Cámara, Nicolás Uribe, dijo que su partido debe tomar una decisión política. "Tiene que asumirla con seriedad, porque hay gente que no tiene que aguantarse, entre ellos yo, que al partido lo sigan tildando de recibir 'paras', y quedar como si no pasara nada".

Y agregó: "Tiene que haber una espera jurídica, pero también una decisión política, y esta debe ser tratar de aislarlo de las decisiones hasta que resuelva su problema".

A su vez, Carlos Enrique Soto, del comité directivo de 'la U' fue tajante: "Hay que suspender inmediatamente al senador, hasta que se aclare la parte jurídica por parte de la Corte", dijo.

Hermana de García, cónsul en Alemania

Teresita García Romero, hermana del senador Álvaro García Romero, y cuñada de la senadora Pieda Zuccardy, está vinculada a la diplomacia.

En la actualidad es la cónsul general en Frankfurt (Alemania), cargo en el que fue ratificada por el presidente Álvaro Uribe.

En el 2004, cuando se cuestionó el manejo de la nómina diplomática, así respondió el mandatario a una pregunta en RCN radio. "Es cierto ese parentesco. Esa niña había sido Cónsul donde está hoy. Cuando quedó vacante ese consulado la nombramos teniendo en cuenta que tenía experiencia allí y que había hecho una gran gestión".

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