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Corte Suprema ordenó detención de los tres congresistas investigados por vínculos con 'paras'

La medida afecta a los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano y el representante Erik Morris.

La medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según anunció su presidente, Mauro Solarte.
El tribunal había llamado a los congresistas rendir indagatoria por las denuncias formuladas contra los tres dirigentes políticos por apoyar la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento de Sucre.
Álvaro García, pertenece al Movimiento Colombia Democrática. Jairo Merlano es presidente de la comisión séptima del Senado, y Eric Morris es presidente de la comisión IV de la Cámara.
Los tres congresistas fueron escuchados en indagatoria el pasado 24 de octubre. "Para hacer efectiva la decisión, dispuso la captura de los sindicados", señala un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos meses, una comisión de investigadores de la Corte recogió en Sucre testimonios, grabaciones y documentos que, en criterio del alto tribunal, podrían comprometer a los políticos en masacres y otras actividades ilícitas de los paramilitares.
El caso
La investigación se originó por las denuncias formuladas por Clara Eugenia López Obregón en junio de 2005, "a la que se acumularon otras indagaciones que estaban a cargo de los magistrados de la Sala", según el comunicado de la Corte.
La Corte ordenó la detención de los tres congresistas por el delito de concierto para delinquir agravado
En el caso de García, se le agregaron los delitos de homicidio agravado y peculado por apropiación. A él se le imputa "organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley" en el departamento, por actividades que habrían tenido lugar por lo menos desde el año de 1997 y hasta no antes de la desmovilización de los jefes paramilitares Edward Cobo (a. Diego Vecino), Rodrigo Mercado Pelufo (a. Cadena), Marco Tulio Pérez (a. el Oso) y Salomón Feris Chadid (a. el Diablo), conducta que igualmente se le atribuye al doctor Morris Taboada", señala la declaración de la Corte.
A García "también se le cuestiona por su presunta participación, en calidad de determinador, en la masacre de Macayepo ocurrida el 16 de octubre de 2000 y en el homicidio de la doctora Georgina Narváez Wilchez, cometido el 19 de noviembre de 1997, así como en la apropiación -para financiar a un grupo paramilitar-  de $ 17.281.393 provenientes de un contrato de obra celebrado en 1998 por el entonces alcalde de Sucre, Sucre, Ángel Daniel Villarreal Barragán", agrega la declaración.
En el caso del senador Merlano, "le fue impuesta la medida de aseguramiento como integrante del grupo paramilitar encabezado por alias "Diego Vecino" y "Cadena", que promovió su campaña al Senado de la República en la elecciones del 2002, particularmente en el municipio de San Onofre".
eltiempo.com
Con información de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema.
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