Cinco alcaldes encargados ha tenido Villavicencio en los últimos 478 días

Cinco alcaldes encargados ha tenido Villavicencio en los últimos 478 días

Desde el 15 de junio de 2005, fecha en que la Procuraduría suspendió del cargo al alcalde Germán Chaparro Carrillo, la alcaldía de la capital del Meta no tiene mandatario en propiedad.

05 de octubre 2006 , 12:00 a.m.

Durante este lapso se han producido nueve cambios en el cargo, por los líos jurídicos de Carrillo y de Agustín Gutiérrez Garavito, alcalde electo.

Tal vez no hay antecedente en el país de que dos mandatarios elegidos para el mismo período institucional, 2004-2007, fueran destituidos por la Procuraduría. Igualmente el Movimiento Nacional, que avaló al segundo, se encuentra en liquidación, porque no alcanzó el umbral en las pasadas elecciones al Congreso.

Ese desgobierno ha afectado la administración municipal y ha generado graves problemas en la ejecución de proyectos o mantenimiento y mejoramiento de los servicios básicos para los 400 mil habitantes de la capital del Meta.

Basta mirar la colcha de retazos por la feria de contratos en que se convirtió la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado, pese a que se han invertido unos 45 mil millones de pesos.

Tampoco hay planes para recuperar la deteriorada malla vial o para atender a unos 250 mil usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, en el evento de que alguno de los 12 derrumbes que hay en la línea de conducción del acueducto afecte el sistema.

Eso sin contar con la emergencia que se avecina por el manejo de la disposición final de las basuras, el desorden en el manejo de las plazas de mercado y de los vendedores ambulantes, así como la ola de inseguridad que azota a la ciudad.

Pese a todo ello hoy no se ve luz al final del túnel por la lucha que se vive abiertamente entre las fuerzas políticas para quedarse en el cargo para lo que resta del periodo y desde allí apoyar la elección del alcalde para el periodo 2008-2011.

El pulso cobra mayor dimensión porque no solo se juega el poder de la administración para el próximo año, sino para influir en la designación del mandatario para el próximo período institucional. Sumados esos cinco años la administración local manejará un presupuesto de un billón de pesos, teniendo en cuenta que para el año entrante la Secretaría de Hacienda lo estima en 192 mil millones de pesos.

Por ello hay quienes consideran que pese a que la Gobernación del Meta tiene claro que el Partido Colombia Democrática no tiene derecho a reclamar el nombramiento del mandatario, para completar el actual periodo, y que éste debe ser para el Movimiento Nacional, hay quienes dicen que no se debería premiar a las colectividades políticas que generaron el desgobierno. Por el contrario, dicen, deberían tener algún castigo por el nivel de resposabilidad en la crisis política.

Pulso Político

El Movimiento Nacional busca a través de recursos jurídicos el regreso al cargo de Agustin Gutiérez, o por lo menos dilatar la designación del nuevo mandatario para asegurar la permanencia de Alfonso Alvarado López.

Y pese a que no hay una lista oficial de aspirantes, se dice que el Movimiento Nacional contempla los nombres de Álvaro Sabogal Cruz, Javier Castell y Eduardo Gómez Díaz. El Partido Colombia Democrática, que avaló a Germán Chaparro, también reclama derechos para nombrar el mandatario.

El diputado de esa colectividad John Leoncio Jaramillo dice que en el listado que presentarán incluirán a Germán Velásquez Suárez, Omar Gualteros, Manuel Murillo y Jorge Guzmán.

No es ajeno a esa puja el gobernador del Meta, Juan Manuel González, que, según fuentes del Movimiento Nacional, le está pidiendo un listado de aspirantes para tener la libertad de designar.

Las causas de la ingobernabilidad


El desgobierno en Villavicencio se explica por la incapacidad de gestión y tiene causas que parten desde la campaña pero se nota solo a partir de la posesión, o por lo menos hasta ese momento lo percibe la gente.

Esa ingobernabilidad es política porque las campañas se despolitizaron al convertirse en empresas costosas, carentes de propuestas de gobierno.

La crisis se reproduce a través de la contratación apresurada y sobreestimada en sus costos, con improvisación porque no hay proyección en las obras y no se tiene el sentido de las prioridades; se agudiza por la inestabilidad política que es resultante de las ambiciones personales.

A esa situación contribuyen otros factores como la ausencia de control político y de espacios de controversia democrática, ya que el concejo no es deliberante y termina formando parte del mismo engranaje y sometido.

La ausencia de escenarios democráticos como partidos políticos, una prensa crítica e independiente, traslada las discrepancias a otros campos y entonces la justicia, la Procuraduría y hasta la violencia son recursos de última instancia a donde recurren los sectores derrotados que no pueden o no saben ejercer oposición desde otras tribunas.

Incide en esa falta de gobernabilidad, la carencia de opinión pública, que tiene que ver con la falta de cultura política y de paso con la dispersión de las distintas organizaciones de participación.
Allí la dirigencia termina entregada y condicionada por los manejos del gobierno para conseguir beneficios, renunciando al derecho a la crítica y la presión.

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