"No es un acto de rebeldía, ni más faltaba, es más bien la angustia de poderle cumplir al país, de poderle cumplir a una ley que nos da una determinada competencia", dijo el magistrado Mauro Solarte, presidente de la sala penal del principal tribunal colombiano.
La falta de recursos hace que no haya magistrados y elementos logísticos para adelantar los procesos.
La ley de Justicia y Paz, aprobada hace un año por el Congreso en medio de críticas de organismos internacionales y de derechos humanos, que la consideran muy benigna, contempla penas de entre 5 a 8 años para los delitos cometidos por los miembros de las AUC que entreguen las armas.
En total, el proceso de paz iniciado en 2003 por el gobierno de Alvaro Uribe con los escuadrones de paramilitares permitió desmovilizar a unos 31.000 miembros de las AUC, según cifras oficiales.
De ellos, menos de una décima parte deberán responder por los crímenes cometidos durante los 20 años en que las AUC frenaron el avance de las guerrillas izquierdistas recurriendo frecuentemente a masacres de campesinos en zonas de influencia rebelde y a asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas y periodistas que se les opusieron.
El 16 de agosto, tras un anuncio de algunos jefes paramilitares, que dijeron que no se someterían a la ley "de justicia y paz" por considerar que no les otorga suficientes garantías ni acredita que no serán extraditados, Uribe ordenó la captura de los dirigentes de las AUC para ponerlos a disposición de los jueces.
Con AFP.
