Ocupantes de 4 de las Islas del Rosario tienen cuatro meses para evitar el desalojo por la fuerza

Ocupantes de 4 de las Islas del Rosario tienen cuatro meses para evitar el desalojo por la fuerza

La Alcaldía de Cartagena quiere que parte de lo que se pague por arriendo pase a las finanzas de la ciudad. Habitantes de las islas deben cerca de 8 mil millones de pesos de predial.

18 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Hasta noviembre tienen plazo los ocupantes de cuatro de las Islas del Rosario -Cocoliso, Matamba, La Cocotera y La Isla- para llegar a un acuerdo de arriendo con el Incoder y evitar un desalojo por la fuerza.

En esas islas están varios de los negocios hoteleros que hay en el archipiélago. El más grande de ellos es el Hotel Cocoliso, de los hermanos Amín y Nayib Díaz, que aún están peleando la propiedad en el Consejo de Estado. Precisamente, ese alto tribunal fue el que validó plenamente la propiedad de la Nación sobre el archipiélago.

Por el contrario, la mayor parte de las personas y empresas que construyeron inmuebles en los islotes ha venido firmando los contratos para la explotación económica de estos bienes del Estado. Entre ellos están los ocupantes de Isla Grande (sector Caño de Ratón), San Martín de Pajarales, Isla Tambuto, El Palmar y El Peñón.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, había recordado esta semana que quienes quieran quedarse en las islas deberían convertirse en arrendatarios y pagar un monto del uno por ciento sobre el avalúo de lo que construyeron.

La firma de contratos da licencia para el seguimiento de los negocios que hoy funcionan en las Islas del Rosario. Esa medida se tomó para evitar traumatismos en la industria del turismo, una de las más activas en la zona.

15 millones, arriendo promedio

"Faltan cuatro islas por hacer acuerdos y ya estamos conminándolos por medio del alcalde de la Localidad 1, Juan Alíes, para que los suscriban; ya están notificados del proceso", señaló el alcalde de Cartagena, Nicolás Curi.

Agregó que, en promedio, cada ocupante debe pagar 15 millones de pesos.

Alíes confirmó que se están haciendo esfuerzos para convencer a la gente de las islas para que firmen y eviten el de-salojo. De hecho, Curi ha advertido que si no hay otra solución le ordenará a la Policía que recupere el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, uno de los refugios más reconocidos del jet set criollo.

La Alcaldía, que actúa en el proceso en calidad de mediador, también manifestó su interés en que la ciudad pueda recibir un porcentaje de los arriendos que cobrará la Nación, teniendo en cuenta que los habitantes de la zona deben 8 mil millones de pesos por impuesto predial.

Las Islas comenzaron a ser ocupadas en los años 70 por familias prestantes de Cartagena y del interior del país, que fueron construyendo sus casas de recreo. Desde entonces, son conocidas como sitio turístico de gran importancia.

139 ocupantes ilegales hay en las Islas del Rosario. En esa cifra no se incluyen las comunidades raizales que habitan algunos de los islotes y que no están obligados a pagar arriendo.

CARTAGENA

No hay otra opción

"Si no hay acuerdo, no me quedará otra alternativa que dar a la Policía Nacional la orden de empezar a desalojar".
Nicolás Curi Vergara, alcalde de Cartagena.

Decisión se demoró décadas

La historia de este embrollo jurídico comenzó en los 80, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) emitió varias resoluciones en las que declaraba las islas como bienes baldíos y ordenaba su restitución al Estado.

El tiempo pasó y nadie le dio cumplimiento a ese mandato hasta hace dos años, cuando la Procuraduría General de la Nación instauró una acción legal para que el Gobierno iniciara la recuperación de los predios.

La Procuraduría incluso advirtió que los funcionarios encargados, entre ellos el Ministro de Agricultura, se exponían a un carcelazo si no hacían efectivas las resoluciones.

Para salvaguardar los intereses de los poseedores de buena fe, se resolvió que los actuales ocupantes puedan celebrar contratos de arrendamiento por ocho años que pueden prorrogarse.

Para hacerlo, deberán pagar un cánon de arrendamiento cercano al uno por ciento del valor de los predios que ocuparon en las islas.

 

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