Cuestionan licitación de la operación de servicio de banda ancha en los departamentos

Cuestionan licitación de la operación de servicio de banda ancha en los departamentos

Varios proponentes protestaron por la recepción extemporánea de una propuesta de la empresa de telefonía celular Comcel por parte del Ministerio de Comunicaciones.

16 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

"Al que no le guste, se puede retirar", dijo un funcionario del ministerio a quienes asistían el lunes pasado a la presentación de la documentación para utilizar las frecuencias de operación de Wi Max (banda ancha) en 32 departamentos del país.

Ya han sido concedidas tres por departamento y faltan dos.

La sesión transcurría normalmente, pero el desorden estalló cuando se recibió la documentación de Comcel a las 4:05, según unos, o a las 4:10, dicen otros.

Entre los quejosos estaban Telejamundí (Grupo Transtel del Valle del Cauca), Satelcaribe y Cablecentro.

Telefónica y Comsat, Diveo y Avantel están entre las firmas que se batirán con la empresa del magnate Carlos Slim. También presentó documentación Telmex, del propio Slim.

Según el representante de Satelcaribe, Nilson Forero, el director de Desarrollo del Ministerio de Comunicaciones, Germán Arias, dijo durante la sesión de los permisos de banda ancha que el reloj estaba mal.

Posteriormente, puso la etiqueta a los papeles de Comcel que identifican la entrega en la entidad, PACO (Punto de Atención al Ciudadano y el Operador).

Si hubiera sido otra empresa, no le hubieran recibido los papeles y habría quedado por fuera de la licitación, coinciden las empresas molestas con lo que pasó. "Los que llegaron temprano demoraron 20 minutos en ese trámite, y no se explica que Comcel hiciera todo tan rápido", dice uno de ellos.

"Eso resta transparencia y va contra las reglas de juego", afirma Gerardo Porras de Telejamundí.

Esta escena, a pesar de que no se rige por los términos de la ley 80 (no es licitación), sin embargo, se volvió costumbre también en los procesos en los que el Gobierno entrega jugosos negocios.

Ahora mismo se sigue asistiendo al espectáculo de anónimos y acusaciones mutuas de juego sucio entre los proponentes en la licitación de la concesión del aeropuerto Eldorado.

Casos similares son los de la adjudicación de la doblecalzada Bogotá-Girardot o en el fallido intento de hacer la carretera Tobíagrande - Puerto Salgar.

Al cierre de esta edición la agenda de la ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra, le impidió dar declaraciones a este diario sobre lo que pasó el lunes, pero en entrevista a W Radio el viceministro, Germán González Reyes, dijo que Comcel se ajustó a la hora y los procedimientos de la resoluciones 2064 y 2070.

Para clasificar en este proceso además los candidatos deben acreditar, entre otros, requisitos como ser persona jurídica constituida en Colombia con una duración no inferior a la del plazo del permiso más un año, y su objeto social debe ser la prestación de servicios de telecomunicaciones.

También se pide ser concesionario de alguno o varios de los servicios de ese tipo.

Igualmente, deben tener activos relacionados con el sector, según los montos fijados de acuerdo con los tipos de mercado de los departamentos (que van desde 10.000 millones hasta 50.000 millones de pesos).

Los permisos se otorgan por un término de diez años, el cual podrá renovarse hasta por un plazo igual que no puede exceder veinte años.

Líos en negocios parecen inevitables

El congresista Ciro Ramírez, ponente en el Congreso de un proyecto para modificar algunos artículos de la Ley 80 señala que una reforma permitiría al Gobierno agilizar la concesiones y evitar traumatismos a obras prioritarias para el desarrollo nacional.

"Los cambios son urgentes", dice el congresista.

Aunque algunos analistas consideran importante la presencia de organismos veedores y de control en los procesos, dado que garantizan la transparencia, no pocos de ellos, junto a las empresas, pueden terminar dilatándolos y entorpeciéndolos. Una simplicación evitará tales demoras en la adjudicación. Entre los múltiples asuntos que se pide reglamentar en la Ley 80 de 1993 está permitir que el Ministerio de Defensa mantenga la contratación directa para adquirir bienes y servicios relacionados con inteligencia. Ese tipo de contrataciones genera dudas y es rechazada totalmente por sectores de la oposición. Sin embargo hay quienes las consideran necesarias para agilizar.

El Gobierno pide exonerar de la obligación de procesos de licitación pública a las compañías de servicios públicos y a las empresas de seguridad social. Ello también ha suscitado airados reclamos de la oposición.

Mientras se define si hay o no cambios a la Ley de Contratación, las disputas, descalificaciones y consejas se seguirán presentando.

Agarrones de antología

Eldorado salpicado de supuestos intereses

Desde que se inició la venta de pliegos para Eldorado, arrancaron los obstáculos a la concesión aeroportuaria.

La Red de Veedurías Ciudadanas cuestionó la forma como se contrató la firma estructuradora de la licitación, KPM.

Luego de esta situación la alcaldía de Bogotá hizo sus reparos al proceso.

Acto seguido una guerra de anónimos en la que se descalificaban unos a otros se apoderó nuevamente del proceso.

Luego vinieron los supuestos conflictos de intereses, que pusieron en el ojo del huracán a funcionarios del Gobierno.

Con la precalificación, vinieron observaciones de la Procuraduría y el Consejo de Estado.

Bogotá-Girardot, proceso cuestionado

La concesión Girardot-Bogotá, que fue adjudicada al grupo de Guido Nule Marino, fue cuestionado por el consorcio de Mario Huertas, por posibles inhabilidades. Estas acciones retrasaron el procesos pero finalmente en una audiencia pública televisada el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y el gerente del Inco, Luis Carlos Ordosgoitia, adjudicaron el proyecto que actualmente se encuentra en ejecución.

Pese a las amenazas de Mario Huertas sobre una demanda al Estado, esta no se ha dado.

Hoy los dos grupos participan en la licitación por la concesión del Aeropuerto Eldorado de Bogotá.

La carretera de Commsa se perdió entre los túneles

La licitación de la concesión de la vía Tobiagrande-Puerto Salgar, la más costosa en su momento (500 millones de dólares) y que nunca se construyó, tuvo problemas antes de su adjudicación.

El consorcio colombo español, que ganó la licitación, fue acusado por sus competidores antes de su adjudicación de renunciar a elementos que son irrenunciables para un constructor, como los riesgos geológicos y otros temas.

La denuncia señalaba que el consorcio español sólo buscaba ganar la licitación para luego modificar los diseños y reducir la construcción de los 11 túneles, que fue lo que al final sucedió y que dio origen a la declaratoria de caducidad del contrato. Por esta situación, el concesionario Commsa mantiene un millonario pleito con el Estado.

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