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Renunció el gerente de Emcali, cuestionado por adjudicar contrato por 26 millones de dólares

Carlos Alfonso Potes será investigado por la Procuraduría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción de la Presidencia.

El funcionario, que llevaba cuatro años en esa dependencia, dimitió un día después de que EL TIEMPO reveló que en el 2005 entregó el millonario contrato sin convocar a licitación. Además, el ganador del negocio -la fundación Parquesoft- terminó subcontratando a un tercero que, a su vez, contrató a una empresa vinculada al representante legal de Parquesoft, Orlando Rincón.
"Durante estos cuatro años, la renuncia ha estado sobre el escritorio de la Superintendente de Servicios Públicos y esta vez fue por escrito", dijo Potes al anunciar su decisión.
También insistió en que todo el proceso se ajustó a la ley y añadió que se iba para defenderse de las denuncias.
Ayer mismo, el cargo de Portes fue asumido por la Secretaria General de Emcali, Lourdes Salamanca.
Abren investigaciones
Hoy, el zar anticorrupción, Rodrigo Lara Restrepo, se reunirá con funcionarios de Emcali para saber qué fue lo que ocurrió y evaluar si toma alguna media judicial.
Se hablaba extraoficialmente de instaurar una acción popular para intentar reversar el millonario contrato.
El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por el abogado penalista Jaime Lombana, quien afirma que se trata de un proceso típico de corrupción administrativa en beneficio de privados.
Según el jurista, el gerente saliente de Emcali incurrió en los delitos de peculado e interés indebido en celebración de contratos.
Para tal fin, dice Lombana, el funcionario incluso modificó el Estatuto de Contratación de la entidad.
Pero Potes rechaza categóricamente los señalamientos y dice que ese tipo de contratación siempre se ha hecho de manera directa y que él jamás cambió los estatutos para poder adjudicar el contrato tendiente a dotar a Emcali de una moderna plataforma tecnológica para optimizar sus procesos internos.
El dimitente funcionario ya enfrenta una investigación disciplinaria, que hace un año le costó su destitución e inhabilidad por un año por extralimitación de funciones al nombrar irregularmente a varios funcionarios.
El afectado apeló y ahora se espera el fallo definitivo del Ministerio Público.
Al cierre de esta edición se esperaba un pronunciamiento de la Superintendente del ramo, Eva María Uribe, que se ha mostrado satisfecha con la labor de Potes.
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