Restricción vehicular para transporte público contaminante comenzará el primero de septiembre

Restricción vehicular para transporte público contaminante comenzará el primero de septiembre

Los buses, busetas y colectivos que cumplan con la autorregulación portarán una calcomanía que los dejará exentos de la restricción.

14 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

A 15 días de dar inicio a las medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en Bogotá, el Distrito sorprendió ayer con dos nuevos anuncios que hacen parte del decreto de 'Pico y Placa ambiental'.

El primero, que la restricción cobijará a toda la ciudad -no solo a las tres localidades más contaminadas, como se planteó en un comienzo-, y segundo, que todos los vehículos de transporte público colectivo pueden ser objeto de la medida (antes solo apuntaba a controlar vehículos con 10 o más años de circulación que utilicen diésel).

El contenido de la norma se conoció ayer luego de que el Alcalde Mayor, Luis Eduardo Garzón, presentara los 17 planes maestro de la ciudad, siendo el de movilidad el más importante.

Claudia Buitrago, directora del Departamento Administrativo de Medio Ambiente (Dama), dijo que la medida regirá a partir del primero de septiembre. Y cobijará a los vehículos de las empresas a las que no se les haya aprobado el programa de autorregulación ambiental. Estos no podrán circular entre las 6 y las 10 de la mañana (de lunes a sábado) dependiendo del último dígito de la placa.

"Para los de carga la restricción comenzará el primero de octubre", agregó Buitrago.

El Dama visitará a las empresas que envíen sus planes de autorregulación, y después de revisar las emisiones de gases de los vehículos, les pondrán una calcomanía en la parte superior de los panorámicos. A la fecha, 108 empresas ya enviaron documentación, que está en estudio.

La funcionaria aseguró que la entidad está preparada para revisar cerca de 500 vehículos diarios. "Hace un mes se adelantó con éxito una prueba piloto que nos permitió determinar esa cantidad".

Cerca de 20 mil buses, busetas y colectivos de la ciudad tendrán que acatar la norma.

De no hacerlo, serán sancionados con dos multas; una de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (204 mil pesos) por no cumplir con las normas de emisión, que se duplicarán si no se cancela al tercer día , y otra de 204 mil pesos más por violar el 'Pico y Placa ambiental'.

El alcalde Luis Eduardo Garzón resumió ayer el alcance de la medida: "La autorregulación no es una bobada, si no cumplen, la llevan".

Otros anuncios de Garzón en temas clave

1. Si no se puede reactivar el mercado de buses viejos (propietarios piden desde $ 45 millones, pero Tránsito ofrece máximo $ 25 millones), la Alcaldía aplicaría la expropiación a los automotores.

2. Esta semana se lanzará la consulta para que los ciudadanos de Chapinero decidan la suerte sobre la polémica casona de Villa Adelaida.

3. Las rutas complementarias a cargo del transporte público para llevar gente hasta portales de TM, "evidentemente se tienen que cobrar", dijo Garzón.

4. Sobre la creación de la Secretaría de la Movilidad, en reemplazo de Tránsito y Transporte, el Alcalde aseguró: "Va porque va. Y eso no lo digo como presión o chantaje al Concejo. Haré todo lo posible. Me reuniré concejal por concejal".

5. El viernes la Alcaldía dará a conocer los avances de la propuesta de plebiscito para un desarme general, que adelanta con alcaldes de otras 10 ciudades capitales del país, entre ellas Pereira y Medellín.

El Alcalde promete un 'revolcón' en la movilidad

El 6 de agosto del 2007 varios de los problemas en materia de movilidad (como la sobreoferta y la 'guerra del centavo') serán cosa del pasado o estarán en vía de solucionarse. A eso se comprometió ayer el alcalde Garzón.

Las siguientes son las metas:

  • Estará avanzado el Sistema Integrado de Transporte Público. Un usuario, con el mismo tiquete, tomará un colectivo en el barrio e irá hasta un portal de TransMilenio donde abordará el articulado.
  • Las rutas serán asignadas por licitación y por períodos definidos. Se acabará con la asignación 'a dedo'.
  • Las empresas prestadoras del servicio colectivo serán operadores y no simples afiliadoras (hoy ganan entre más buses matriculen, provocando así la sobreoferta).
  • Se derrotará la 'guerra del centavo'. Los conductores ganarán un salario y prestaciones. Los propietarios ganarán por kilómetro recorrido y no por pasajero.
  • Estará en proceso de implantación un Sistema Integrado de Recaudo que le agilizará al usuario el pago del servicio. Esto no quiere decir que todos los servicios cuesten lo mismo.
  • A finales del 2007 empezará la operación gradual de pretroncales (buses del transporte público colectivo, con sistema único de recaudo, con carriles exclusivos).

Habrá audiencia para debatir fondo de chatarrización

Antes de fallar en última instancia la demanda de nulidad contra el decreto 115 del 2003 que creó un fondo para chatarrizar 9.631 buses, busetas y colectivos que hay de sobreoferta en Bogotá, el Consejo de Estado autorizó la realización de una audiencia pública donde escuchará por última vez los argumentos de las partes.

Será el 4 de septiembre a las 11 de la mañana y allí podrán participar el alcalde Luis Eduardo Garzón, la persona que demandó la norma y un delegado de la Procuraduría. El tiempo de cada intervención será, en promedio, de media hora.

Por parte del Consejo estarán los magistrados de la Sección Primera Rafael Lafont Pianeta (ponente); Gabriel Mendoza (presidente de la sección) y la consejera Martha Sofía Sanz.

El alcalde Garzón dijo ayer que aprovechará esa ocasión para hacer ver la importancia que tiene el 155 para reducir la sobreoferta en la ciudad. Al preguntársele si el Distrito tiene un plan por si el alto tribunal anula el decreto, Garzón respondió: "Uno trabaja con un plan B cuando no está seguro del plan A.Yo voy por el A".

La contraparte sostiene que la norma es nula, porque la Alcaldía no está facultada para crear una tasa como lo es el Factor de Calidad (de cada mil pesos del pasaje, 17 van al fondo), argumento que ya acogió la Procuraduría tras conceptuar que el fondo es ilegal.

 

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