Denuncian intereses para oponerse a la Ley de Infancia en el Senado

Denuncian intereses para oponerse a la Ley de Infancia en el Senado

La nueva norma establece las sanciones que se les podrán imponer a los menores de edad cuando cometan delitos y regulará las adopciones.

14 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Desde 1991, cuando Colombia acogió la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el Congreso han radicado 12 proyectos para actualizar el Código del Menor, según la Alianza por la Niñez Colombiana, que agrupa a 60 organizaciones. Pero, hasta ahora, ninguno ha prosperado.

Al proyecto solo le falta el último debate en la plenaria del Senado, que podría concretarse hoy.

Los defensores del proyecto lo califican como de avanzada y
como un gran paso en la defensa de la libertad de los menores.
Pero quienes no aprueban el articulado, argumentan que esta iniciativa dejará "al garete" a los menores infractores y que además está encaminada a que el Gobierno se libre de la responsabilidad en estos casos.

Los puntos más polémicos se centran en el proceso de adopción, en que los menores no serán privados de la libertad antes de los 16 años y en el impacto que tendrá sobre el Bienestar Familiar.

La senadora Gina Parody, quien presentó este proyecto al Congreso, señala que se quiere evitar que se les sigan violando los derechos a los niños.

La iniciativa contempla que los menores de 14 años que violen la ley irán a centro de protección, los que estén entre 14 y 16, tendrán medidas alternativas y entre los 16 y los 18 serán privados de la libertad cuando la pena del delito que cometan supere los 6 años. También establece la doble instancia cuando sean juzgados.

También fija que ningún menor de 15 años podrá trabajar.

La discusión por la plata

Capuchinos tendrían intereses

Según los promotores de la iniciativa, los padres Capuchinos Terciarios no quieren que se apruebe la iniciativa pues reciben mensualmente entre 700.000 y 1,2 millones de pesos por cada niño infractor que atienden en sus hogares. De aprobarse la ley, de los cerca de 5.000 niños que atiende esa comunidad, pasaría a recibir solo unos 500.

'No es cierto'

El padre Alberto Gómez, de los Capuchinos Terciarios, dice que no les preocupa la plata, sino los muchachos que ahora no estarán en hogares especiales, sino en libertad, por lo que podrán seguir en lo mismo. "Esto puede terminar en una 'limpieza social' o con los menores en los grupos armados ilegales. La nueva ley deja por fuera a los niños drogadictos", dice.

La oposición del sindicato del Icbf

Funciones a los municipios

Miembros de la Alianza dicen que al sindicato del Icbf no le gusta el proyecto porque estima que el número de niños en los hogares de reeducación se reducirá y se necesitaría menos gente para atenderlos. Según defensores del proyecto, al sindicato no le suena porque les quitarían funciones para dárselas a los municipios.

Niños estarían en peligro

Mario Flórez, del sindicato del Icbf, dice que con el proyecto se facilita el reclutamiento de niños por organizaciones criminales por declarar inimputables a los menores de 16. "El Gobierno lo que quiere es echar a los niños a la calle para ahorrar costos y prácticamente dejar sin funciones al Bienestar Familiar", dice Flórez.

El tema de las casas de adopción

Piden donación

Hay un interés de las casas de adopción (ocho en total) para que del proyecto se excluya el artículo que prohibe recibir donaciones cuando entregan un niño en adopción. Solo se les permitirá recibirlas cuando son voluntarias. En el Congreso se habla que estas instituciones reciben hasta 6.000 dólares por cada niño.

Reconocen el 'lobby'

Las casas de adopción reconocen que sí han hecho 'lobby' en el Congreso para que las donaciones se mantengan, pero aclaran que en ningún momento para que éstas se den a cambio de la entrega de un niño. "Eso no lo hemos planteado", señaló el directivo de una de estas instituciones. Dicen que son necesarias para su sostenimiento.

'Estado debe decir si quiere gratuidad'

Paul Martin se estrenó en su cargo en uno de los momentos más críticos del futuro de la Ley de Infancia.

El nuevo representante del Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), dice que "el presupuesto nacional es un reflejo del compromiso y las prioridades de un Estado. Por eso es necesario preguntarles a los gobernantes y a la sociedad si las asignaciones actuales reflejan las prioridades nacionales".

El politólogo estadounidense de 50 años habló con EL TIEMPO sobre los temas más polémicos del proyecto de ley de infancia.

¿Cuáles son los obstáculos que tiene el proyecto de ley?

No son tanto obstáculos, sino puntos de discusión. Uno de ellos es cómo cumplir con la universalidad de derechos. Garantizar educación universal gratuita y obligatoria requiere recursos. Lo que se debe debatir es que si para esto se requieren nuevos dineros o reasignar los ya existentes en el Gobierno Nacional o en el nivel local. El otro punto es si la misión de cumplir y vigilar los derechos de la niñez es responsabilidad única del Icbf o corresponde a todas las instancias de la sociedad.

¿Cómo financiar el proyecto?

Hay muchos modelos. Luego de trabajar tres años en Ecuador, donde la Constitución habla de gratuidad, lo-gramos este año que el Gobierno asignara recursos petroleros. Mientras que los costos de los textos lo asumieron los departamentos.

La gran pregunta para el Estado colombiano es que si se habla de gratuidad, debe decir si quiere esto o no. Y si quiere hacerlo y no tiene recursos para hacer todo a la vez, debe pensar hacerlo progresivamente por estratos.


¿Cuáles son los intereses del sindicato para oponerse a la ley?

No puedo especular. Lo que está temiendo el sindicato del Icbf es que se debilite el rol de la entidad. La ley no toca la financiación de la entidad ni el número de sus empleados.

Privar de la libertad solo a los adolescentes de 16 años es peligroso para un país como Colombia...


Hay que entender que no hay respuestas universales. La idea de utilizar la privación de libertad como prevención para niños que tal vez van a caer en delincuencia tampoco me parece un argumento sostenible. Con la ley hay reglas de juego claras y la opción del menor de que pueda apelar. Está diseñado para asegurar que un niño violento no represente un riesgo para la sociedad y reeducarlo. Se utilizará la privación en casos excepcionales.

ANDRÉS GARIBELLO
REDACTOR DE EL TIEMPO

 

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.