Fiscalía tiene en la mira a transportadores de Bogotá por dineros de chatarrización

Fiscalía tiene en la mira a transportadores de Bogotá por dineros de chatarrización

No haber entregado cerca de 50.000 millones de pesos podría significarles penas de prisión de entre tres y seis años.

11 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Esa es la sanción contemplada en el Código Penal para el delito de abuso de confianza calificado en el que habrían podido incurrir algunas de las empresas, según las primeras indagaciones de la Fiscalía, iniciadas a raíz de una denuncia presentada por la Contraloría Distrital en febrero.

En la intervención de la Fiscalía en el tema de la chatarrización radicaría la explicación de porqué los empresarios del transporte salieron el jueves a reconocer que los 108.000 millones de pesos (de los cuales 50.000 están en cuentas de las empresas embargadas por la Contraloría) sí eran para chatarrizar los 9.631 buses viejos que hay en la ciudad.

¿Por qué, si durante meses aseguraron que esa jugosa suma era solo de ellos?

Aparentemente, un sector de los transportadores se ha sentido presionado por las averiguaciones que adelanta la Fiscalía por no girar la plata al fondo de chatarrización, como lo ordena el decreto 115 del 2003.

Un penalista que prefirió reservar su nombre, explicó que también se podría tipificar un peculado por uso. Aunque las empresas son particulares, al ser delegados por Tránsito están manejando recursos públicos. Y la pena para este delito es de 1 a 4 años de cárcel.

Carlos Lozada, gerente de Cootransflorida, empresa que según la Secretaría de Tránsito no ha girado ni un solo peso de los 1.295 millones de pesos que ya debía haber entregado al fondo, asegura que su negativa a pagar tiene un serio soporte.

"El 115 no habla de chatarrización. Fue creado para combatir la piratería". Lozada, además, expone un concepto de la antigua Superintendencia Bancaria de Colombia que concluye que las empresas transportadoras no pueden captar dineros públicos. "Yo no puedo -agrega Lozada- cometer un delito. Si me dan las herramientas legales, recaudo el dinero".

Mientras la polémica avanza, la Secretaría de Tránsito ya decidió que se constituirá en parte civil dentro del proceso que adelanta la Fiscalía. Esto, para reclamar los perjuicios económicos que habrían causado los transportadores.

Ecos del debate del concejo

"Los usuarios están pagando dos veces la chatarrización de buses. Una parte de la tarifa es para eso y además aportan los 17 pesos al fondo cada vez que toman un bus".
Ángela Benedetti Concejal de Bogotá

Hay plan B y C para evitar emergencia si se cae el 115

¿Qué hará el Distrito si el Consejo de Estado decide ratificar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y anula el decreto 115 de chatarrización?

Hay, por lo pronto dos posibilidades: la primera, para tratar de evitar que la norma se 'caiga' en el alto tribunal. Y la segunda, serviría en caso tal de que el decreto 115 del 2003 sea anulado. Es decir, un plan B y uno C.

El plan B se basa en una resolución expedida en 1998 por el Ministerio de Transporte que creó el Factor de Calidad.

Con esto se buscaría demostrar ante el Consejo de Estado que el entonces alcalde Antanas Mockus no fue quien creó esa tasa o impuesto (17 pesos por cada 1.000 que cuesta el pasaje), sino que simplemente reglamentó esa norma del Ministerio.

El 'plan C', al que el Distrito echaría mano si se cae el 115, consiste en la presentación ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo con mensaje de urgencia que le permita seguir ordenando a las empresas girar el dinero.

La bancada peñalosista en el cabildo (Gilma Jiménez, Jairo Rodríguez y Lariza Pizano) dijo estar dispuesta a promover esa medida. "Así definitivamente saldrán de circulación los buses de la sobreoferta y se ordenaría el transporte", dijo Jiménez.

El Consejo de Estado ha dicho que el fallo obedecerá a lo que señalen las leyes y que no se dejará presionar.

Otra forma de recuperar la plata es embargando buses

Como no existen pistas de alrededor de 50.000 millones de pesos que no están ni en los fondos creados por la Secretaría de Tránsito ni en las cuentas embargadas por la Contraloría Distrital desde febrero pasado, empieza a tomar fuerza una estrategia para que la ciudad recupere esos dineros: embargarles los buses a los propietarios morosos.

Según el concejal de Cambio Radical Darío Fernando Cepeda, "hay que hacerlo para que los transportadores no se burlen".

La propuesta coincide con un plan que adelanta la Contraloría para rastrear otros bienes y cuentas a las personas y empresas que todavía no han girado esos recursos.

Según el contralor Óscar González Arana, se está poniendo un práctica un convenio con Asobancaria, la Superintendencia Financiera y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para detectar otros bienes de empresarios y propietarios.

Tanto el presidente de Conaltur, Ramiro Rivera, como el de Asotur, Alcides Torres, dijeron jueves que están dispuestos a girar los 108.000 millones de pesos.

De ese dinero, según los dirigentes, 58.000 millones no han sido entregados por los propietarios a las empresas, para lo cual necesitan del apoyo de Tránsito para que, por ejemplo, les cancele la tarjeta de operación a los morosos.

Tránsito respondió el mismo día que las condiciones de recaudo están claras desde hace rato.

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