Es un misterio el paradero de 47 mil millones de pesos de chatarrización

Es un misterio el paradero de 47 mil millones de pesos de chatarrización

El dinero ha salido del bolsillo de los bogotanos que aportan una cuota con cada pasaje que pagan para sacar de circulación 9.631 buses que 'sobran'.

08 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Esa plata no aparece consignada en ninguna de las dos cuentas que creó la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) de Bogotá para que los empresarios del transporte la depositaran. Y tampoco está reportada en las cuentas de ahorro de 64 empresas que embargó, en febrero, la Contraloría Distrital.

En resumen: de los 108.000 millones de pesos que deberían estar en ese fondo apenas hay 22.136 millones, otros 39.000 millones están en las cuentas embargadas y del resto, casi la mitad de esa plata, la STT no tiene pistas.

¿Está en otras cuentas que no conoce la Contraloría? o ¿Ya se la gastaron algunas empresas en otras actividades?

Hay dos investigaciones

En la Fiscalía ya cursan dos investigaciones contra igual número de empresas de Bogotá. En un primer caso, la STT reportó a los investigadores que la compañía tenía parte de los dineros en una cuenta en el exterior.

En el segundo hecho, se está investigando por qué se usaron varios millones para la compra de un lote donde se pretendía construir una estación de servicio en la que tanquearía la flota de la empresa involucrada.

EL TIEMPO conoció el caso de una tercera empresa que en el balance de fin de año (2005) reportó 1.744 millones de pesos en una cuenta destinada para el fondo de chatarrización. Pero en el extracto bancario apenas aparecen 1.483 millones de pesos, es decir faltan 261 millones.

Defensa de las empresas

Muy pocas compañías parecen estar interesadas en que se conozca dónde están esos dineros. Así parece reflejarse en las respuestas que han dado a la concejal peñalosista Gilma Jiménez, quien les pidió a las 66 empresas un reporte financiero.

De 19 respuestas que hasta ayer le habían llegado, en 14 casos las compañías no suministraron ningún dato.

Sin embargo, dan a entender el por qué no han hecho los giros:
"Me gustaría que el Concejo (...) llame a los autores del decreto 115 para que respondan por el prevaricato que salta a la vista", dice en la misiva de respuesta Ramiro Rivera Suárez, gerente de Ucolbus.

A lo que se refiere Rivera, y es lo que alegan los empresarios de los buses, es que ese decreto -expedido por el entonces alcalde (2003) Antanas Mockus y que los obliga a entregar 17 pesos de cada pasaje- es irregular pues debió, según ellos, ser aprobado por el Concejo.

Ese mismo argumento es el fundamento de la demanda que cursa hoy ante el Consejo de Estado. Si el alto tribunal tumba el decreto, los transportadores esperan que el dinero (108.000 millones de pesos sea para ellos) y para el Distrito sería un golpe crítico en sus intenciones de descongestionar la ciudad.

Dirigentes del sector han buscado abogados para tratar de arreglar el fallo del Consejo de Estado, como informó el domingo este diario.

De las 66 transportadoras, 20 han sido relativamente juiciosas en el giro de dinero. Las demás están muy 'colgadas'.

Para entender en qué consiste este lío

1. De los 1.000 pesos que paga cada usuario por el pasaje, se destinan 17 pesos para financiar el fondo de chatarrización. Esos dineros los deben depositar las empresas cada 15 días a alguna de las dos fiduciarias delegadas por Tránsito. Así lo ordena el decreto 115 expedido en abril del 2003.

2. Un abogado pidió anular el decreto con el argumento de que el Alcalde no puede crear una tasa o impuesto sin el Concejo. El Distrito dice que dicho aporte no es ni lo uno ni lo otro. El 28 de julio del 2005 el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón al demandante. El caso pasó al Consejo de Estado.

3. Con la llegada del proceso al alto tribunal, la gran mayoría de las empresas optaron por no consignar más recursos al fondo, confiados en que la norma se caiga nuevamente en el Consejo de Estado. Tránsito ha dicho que deben depositar esos dineros porque el decreto aún está vigente.

4. Ahora hay otro ingrediente. Los transportadores no solo están pidiendo que se anule el decreto, si no que también quieren que el Consejo les reconozca que el dinero (108 mil millones de pesos) es de ellos y no del Distrito. La Administración argumenta que esos dineros son para chatarrizar.

WISTON GONZÁLEZ DEL RÍO
SUBEDITOR DE BOGOTÁ

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