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Polémico borrador del decreto que reglamenta Ley de Justicia y Paz se está modificando

La información fue confirmada a EL TIEMPO por una alta fuente de la administración de Álvaro Uribe.

Redacción El Tiempo
Según esa fuente, ese documento, revelado ayer por EL TIEMPO, "hace parte de una serie de siete borradores que se han elaborado en los últimos días".
Otra fuente cercana al proceso con las 'paras' señaló que el texto publicado ayer le fue presentado como la versión más reciente del decreto.
Lo cierto es que mientras el documento no sea expedido -algo que el Gobierno tenía previsto hacer antes de este viernes- no se sabrá si efectivamente los beneficios de la ley empezarán a aplicarse a los 'paras' no desde cuando se desmovilizaron, como algunos juristas lo interpretan a la luz del fallo de la Corte Constitucional, sino desde el día en que manifestaron que iban a entregar las armas (aunque aún no lo hayan hecho), como señala el borrador.
Otros puntos polémicos de ese texto señalan que los 'paras' podrían pagar la mayor parte de sus condenas en colonias agrícolas y que no se les podrá exigir que respondan con todos sus bienes lícitos para reparar a las víctimas.
Habla Corte Interamericana
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que los ajustes que le hizo la Corte a la Ley fueron los que pusieron la norma "en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado".
Lo que está por verse es si la comunidad internacional aceptaría los efectos de un decreto redactado en los términos en que está el borrador.
El tema fue analizado ayer en el foro 'Desmovilización de las Auc: Altas y bajas del proceso', de la Fundación Indepaz, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Semana. Y la opinión de los expertos apunta a que, sin los cambios que le hizo la Corte, la Ley de Justicia y Paz no queda blindada frente a cortes internacionales.
El analista de la Universidad Javeriana Luis Manuel Lasso dice que la norma, sin la sentencia, "no es suficiente para satisfacer los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación".
En ese sentido, advierte, podría venirse una cascada de denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, eventualmente, la Corte Penal Internacional, por casos que conozcan los magistrados de Justicia y Paz.
Cien demandas por crímenes de lesa humanidad tienen en riesgo 195.000 millones de pesos del Estado.
Defensa del proceso
"Los colombianos necesitamos que este proceso salga lo mejor posible (...) Somos partidarios de mostrar los problemas, pero no de echarle gasolina a la hoguera".
Francisco Santos, vicepresidente de la República, en el foro de ayer.
Redacción El Tiempo
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