Tal como lo venían exigiendo los dirigentes de la costa Atlántica, el martes pasado la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de Electricaribe, la compañía que distribuye la energía a cerca de 11 millones de personas en siete departamentos del norte del país. Así se cierra el capítulo de una historia llena de desencuentros, pues las relaciones entre empresa y usuarios pasaron el punto de no retorno, ante la mala calidad del servicio.
Puesto en la disyuntiva de devolverle la administración de la firma al socio mayoritario –la multinacional española Gas Natural Fenosa– o cortar por lo sano, el Gobierno optó por lo segundo. La razón principal es el convencimiento de que la generación de recursos es insuficiente para garantizar las inversiones que son indispensables a fin de que el suministro de electricidad sea confiable, y que se calculan en 1,5 billones de pesos.
Debido a ello se necesitará uno o varios operadores que asuman el reto de proveer la luz en la zona. Mientras llega ese día, Electricaribe continuará su labor, lo cual demandará profesionalismo y otra dosis de paciencia del público, pues la mala situación de la red y el insuficiente mantenimiento pueden derivar en que los apagones, lejos de disminuir, aumenten.
Así las cosas, es obligatorio acelerar los procesos para que el sector privado vuelva a recibir la posta pronto. Mientras llega el día, los líderes regionales que estuvieron detrás de las manifestaciones en las que se pidieron medidas como las descritas están obligados a velar por que la administración interina lleve la nave a su puerto de destino final y a pedir a quienes reciban facturas que las paguen cumplidamente.
La admonición es válida cuando se tiene en cuenta que los problemas de cartera, combinados con las conexiones ilegales y la alteración de contadores, fueron determinantes para el naufragio de Electricaribe. Entre lo inexcusable está la actitud de municipios y entidades públicas que decidieron no pagar sus cuentas pendientes.
Es correcto afirmar que un estilo de gestión distinto en la empresa posiblemente habría creado una relación menos antagónica con los usuarios, por lo cual al accionista ibérico le corresponde una gran cuota de responsabilidad. No obstante, ahora que la animosidad ha disminuido, es menester encontrar una salida que haga viable el negocio, con el fin de dejar atrás y para siempre los cortes de luz no programados y las alteraciones de voltaje que dañaron tantos electrodomésticos.
Al tiempo que eso sucede, en Bogotá el Gobierno debe prepararse para responder con argumentos la demanda que presentará Gas Natural Fenosa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Aunque la suma exigida no se conoce de manera formal, versiones de prensa hablan de mil millones de euros, equivalentes a más de 3 billones de pesos.
Por tal razón, el asunto no debe tomarse a la ligera. Aflojar los controles internos dispararía un déficit que habría que enjugar con recursos presupuestales. Descuidarse en los estrados podría llevarnos a perder un caso cuyo costo acabaría siendo asumido por todos. Así suene a juego de palabras, aquí no se nos pueden ir las luces.
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