Cumpliendo con su tarea, como lo esperaba el país, el Congreso le dio este lunes su última bendición a la nueva justicia especial para la paz, el modelo de justicia alternativa que se aplicará para las Farc, los militares y agentes del Estado responsables de crímenes en medio del conflicto y para los civiles que tuvieron un papel clave en la guerra.
Se trata del segundo experimento de este tipo en el país. Hace una década larga, la Ley de Justicia y Paz le dio sustento jurídico a la desmovilización de las fuerzas paramilitares y permitió, no sin polémicas tan intensas como las de ahora, que a cambio de paz los responsables de gravísimos crímenes en el marco del conflicto recibieran penas de entre 5 y 8 años de prisión.
Mucha agua ha corrido desde entonces bajo los puentes. Aunque unos 3.000 paramilitares terminaron acogiéndose a Justicia y Paz, al igual que poco más de 300 guerrilleros, inclusive de las Farc, las condenas después de diez años apenas suman 46, referidas a casi 23.000 crímenes confesados por los ‘paras’. Esta situación, una de las lecciones aprendidas que deben evitarse con la JEP, no puede dar para desconocer avances fundamentales que no habrían sido posibles sin la justicia alternativa.
No habrá satisfacción sobre una justicia plena. Pero los desmovilizados confesaron, dieron información de otros 290.000 delitos y entregaron, además, la ubicación de las fosas ocultas de 6.539 personas, de las cuales 3.105 fueron plenamente identificadas y entregadas a sus familias. Y hay pistas confiables acerca de la identidad de otras 1.472. En materia de bienes ilegales, el frente con más incumplimientos, hay 1.200 bienes en el Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas, por valor de 285.000 millones de pesos. Y ni hablar del escándalo de la ‘parapolítica’, cuyo avance contó con los testimonios de los ilegales que se aliaron con la clase política contaminada.
Ahora, con un proyecto sin duda más integral para la paz del país –les da beneficios no solo a los guerrilleros, sino a los representantes del Estado y a civiles que se acojan a la JEP y cumplan sus condiciones–, las expectativas son aún mayores. El paso dado por el Congreso al avalar la nueva jurisdicción es fundamental para que se cumpla el acuerdo de paz con las Farc. Pero es apenas un primer paso, pues, como bien lo han advertido los expertos en construcción de paz, incluso más difícil que firmar un acuerdo que marca el fin de un conflicto es ponerlo en práctica.
Mas, en todo caso, después de conatos de rebelión y de dilación en el Congreso, hoy el país puede decir que cuenta con una herramienta clave, un modelo jurídico que le permitirá empezar a cimentar la paz sin que haya impunidad. El pleno cumplimiento de los compromisos de verdad, reparación de las víctimas y no repetición es lo que Colombia espera a cambio de la generosa concesión judicial y política a los responsables de miles de hechos victimizantes.
Y, por supuesto, el acatamiento de la advertencia de que todos aquellos que pretendieron y pretendan hacerle conejo a la paz van a ser perseguidos con todo el peso de un Estado que debe tener claro que la generosidad con los que violaron la ley es una puerta que no puede durar abierta permanentemente.
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