Una enredadera solo podrá brotar y cubrir una superficie vertical si le proporcionamos el soporte adecuado para que la sostenga y le permita, poco a poco, ir subiendo y floreciendo. Algo similar pasa con nuestro retoño del proceso de paz, el cual no solo necesita de buenas intenciones, reconciliación y demostración de voluntad, sino también de una plataforma que le permita generar nuevas dinámicas económicas en los territorios, que ofrezcan una opción de vida a todos los actores involucrados.
La infraestructura pública es la plataforma encargada de generar las condiciones para que se den nuevas oportunidades de intercambio económico, que llenen las neveras de los hogares y llenen de confianza a las comunidades para visualizar el futuro de sus hijos.
Una carretera terciaria permite sacar el producido del campo y facilita que los niños vayan a la escuela; un centro de acopio regional ofrece la oportunidad de intercambio comercial más eficiente; una planta de tratamiento de aguas residuales ayuda a cuidar nuestro recurso más preciado, el agua; una planta de beneficio animal ofrece mayores condiciones de salubridad, y el internet en los hogares derriba las barreras de la distancia y abre oportunidades inesperadas.
La paz se debe tejer desde los territorios y para los territorios. No desde Bogotá. Los actores locales, tanto los dueños de la tierra como los empresarios, las minorías y los actores del conflicto, lo saben y lo viven. Son vecinos, comparten los recursos, tienen intereses y un futuro juntos, porque para ellos dejar el territorio no es una opción.
El reto es enorme y los recursos, limitados. El deseo de paz y los compromisos de inversión no son nada diferente de los que se deberían haber hecho hace décadas, por lo cual seguir parados en el paradigma tradicional de esperar a que el Gobierno haga todo por su cuenta no es viable. El modelo debe incluir, igualmente, la variable de que todos pongamos para que todos ganemos.
Debemos aprovechar las asociaciones público-privadas o APP, la nueva forma de hacer infraestructura en el país, para desarrollar, en conjunto con el sector privado local interesado en el desarrollo económico del territorio, la infraestructura pública necesaria que les permita a la comunidad y a los nuevos actores crear los espacios adecuados para crear riqueza lícita.
Proyectos medianos de bienes públicos, de entre 20.000 y 50.000 millones de pesos, pueden ser patrocinados por el sector privado productivo a través de periodos de concesión menores a 10 años, con un respaldo privado que esté sujeto a la buena prestación del servicio de la infraestructura pública. Todos ponemos y todos ganamos. La comunidad recibe la infraestructura que necesita para mejorar su productividad y el sector privado paga, a largo plazo, una infraestructura que complementa sus negocios y maximiza las oportunidades que un nuevo entorno ofrece.
Construyamos un nuevo pacto social que se vea no solo en acuerdos, sino en acciones. Así como se ha pretendido convertir los recursos de regalías en activos de largo plazo para el beneficio de todas las regiones, convirtamos nuestros deseos y hechos de paz en obras tangibles que permitan florecer oportunidades e inclusión para todos.
MATEO DEL LOS RÍOS
* Socio Director – Viveka
