Una cuatrimoto, una lujosa camioneta, cinco predios en Cartagena y cuatro millones de dólares en acciones hacen parte de los bienes que habrían sido comprados con la plata de uno de los millonarios sobornos pagados por la multinacional Odebrecht y que llegaron, según la Fiscalía, al exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales.
La Fiscalía tomó posesión de esos bienes, que estaban a nombre de personas cercanas a García Morales y los hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur, señalados de participar en las maniobras para traer al país la plata pagada por Odebrecht. Por esos hechos ya están privados de su libertad el exviceministro García y Enrique Ghisays, quienes aceptaron los cargos imputados.
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Según la investigación de los 6,5 millones de dólares que se habrían pagado para la adjudicación de la Ruta del Sol II, ya se ubicaron 4’194.000 dólares, correspondientes a los bienes ocupados.
La investigación continúa para establecer la ruta que siguieron 2,4 millones de dólares de los que no hay claridad. Enrique Ghisays ofreció información para establecer qué pasó con ese dinero.
Los investigadores documentaron que García Morales pidió el pago de la millonaria coima para adjudicar el contrato el 14 de enero de 2010, pago que llegó a la empresa panameña Lurion Trading Inc. con la colaboración de los hermanos Ghisays. Esa plata, dice en el expediente, permitió que los empresarios compraran 2 millones de dólares en acciones de la empresa Pacific Infrastructure.
Después, García determinó a los hermanos Ghisays para que crearan la sociedad Oil & Gas Logistics, a la que fueron traspasadas las acciones para dificultar el seguimiento del rastro del dinero.
En documentos de la Fiscalía se lee que García consiguió que los contratistas Marco Giampaolo y Menzel Amín invirtieran otros 2 millones de dólares en Pacific Infrastructure, al hacerse socios de Oil & Gas Logistics. Ellos ya fueron citados por la Fiscalía para dar explicaciones “sobre el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación” de la obra.
Según la Fiscalía, las dos empresas ubicadas en el exterior fueron “destinadas por García al blanqueo de los dineros producto de su enriquecimiento ilícito por este caso de corrupción administrativa”.
Andrea Malagón, jefa de Extinción de Dominio, sostuvo que con esas operaciones se intentó dar apariencia de legalidad a la plata proveniente del soborno.
Luis Eduardo Arocha, representante legal de Odebrecht, quien colabora con la Fiscalía, viabilizó los pagos, que se hicieron en seis consignaciones realizadas durante el 2010.
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