Las explosivas declaraciones del exgerente de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos sobre los 2,5 millones de afiches para la campaña del 2010 que fueron financiados por Odebrecht pasarán en primera instancia al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esa es la autoridad que investiga y sanciona violaciones al Código Electoral como sobrepasar los topes de gastos y recibir aportes de compañías extranjeras.
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Dependiendo del caso, las sanciones van desde las multas hasta la orden de devolver el dinero de la reposición de votos y la cancelación de la personería jurídica del partido.
En el Código se establece que en los casos más graves, “en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política”.
Sin embargo, frente a las campañas del 2010 ya habría operado la prescripción de todos los procesos, por lo que está en duda la aplicabilidad de cualquier sanción.
En el plano penal, la Fiscalía podría investigar eventualmente delitos como el fraude en documento privado y fraude procesal, pero también opera el fenómeno de la prescripción.
Además, tratándose de las sospechas por financiación ilegal de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en el 2014, la Fiscalía ha remitido la información al Consejo Nacional Electoral por considerar que es la autoridad competente.
En el plano político, las consecuencias pueden ser mucho más fuertes. Además de afectar fuertemente la imagen del Gobierno, mucho más en un momento clave para el país como es la consolidación de la paz.
Las declaraciones de Prieto, por otro lado, dejan en vilo la situación de Santiago Rojas, actual director de la Dian y gerente de la campaña de Santos en el 2010.
Rojas es la cabeza de un organismo cuya esencia es vigilar la transparencia con la cual los colombianos manejan sus propios recursos.
Según Prieto, el comité de financiación de la campaña y sus responsables administrativos estuvieron al tanto de la situación irregular con Odebrecht.
¿Confesión de Prieto podría ser investigada por CNE?
Sin embargo, a partir de la admisión de Prieto no serían muchos los hechos jurídicos que podrían desprenderse.
En opinión de expertos en temas electorales, el artículo 52 de la Ley 1437 (Código de Procedimiento Administrativo), la cual rige varios aspectos de los procesos de carácter electoral, estos hechos no serían investigados.
Esa norma indica que “la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho”, el cual, según Prieto, sucedió en la campaña del 2010.
Esto significa que la capacidad que tendría el Consejo Nacional Electoral para sancionar las irregularidades que Prieto admitió este martes ya habría caducado, y no es muy claro si el conocimiento de nuevos hechos habilitaria al tribunal electoral para investigar la campaña del 2010.
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Juristas expertos sostienen que en las investigaciones de carácter administrativo no existe “la cosa juzgada” y que la caducidad que indica la ley “impediría”, en principio, que el Consejo Electoral investigara la campaña por la declaración de Prieto.
Por el momento, el tribunal electoral está concentrado en indagar por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en dos de las campañas presidenciales del 2014: la de Santos y la del excandidato uribista, Óscar Iván Zuluaga.
En esta última, para este martes está prevista la ampliación del testimonio de Daniel García Arizabaleta, quien, según Zuluaga, fue quien lo acercó con el publicista brasilero ‘Duda’ Mendonça.
En este proceso también está citada para este miércoles la diligencia con el hijo de Zuluaga, David Zuluaga, quien ofició como gerente de esa campaña. Este testimonio se recogerá por videoconferencia, ya que David Zuluaga se encuentra fuera del país.
El jueves, el magistrado del Consejo Electoral Carlos Camargo, encargado de ese proceso, tiene previsto escuchar la versión de Óscar Iván Zuluaga.
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