Seis años y dos meses llevan esperando Sofía Jiménez Pérez, Esmith Bayardo Parra –condenados a 39 años de cárcel–, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas del sonado caso Autorrollings a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio resuelva en segunda instancia si confirma o no la sentencia de un juez especializado, sin que a la fecha haya humo blanco.
Mientras que Alirio Benjamín Violeta Caldas, condenado a 18 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir agravado, lleva cuatro años preso a la espera de que la misma sala le resuelva si debe seguir o no en la cárcel.
Los tres procesados son víctimas del llamado trancón o congestión de la justicia, que en la Sala Penal del Tribunal Superior representa un atraso de cinco años. Lo anterior significa que los tres magistrados de la Sala están fallando procesos que ingresaron a ese despacho hace cinco o más años.
El magistrado Joel Darío Trejos Londoño, presidente de la Sala Penal, afirma que los procesos se resuelven respetando el turno de ingreso a la Sala y con los presos más antiguos.
El togado dice que de la noche a la mañana se convirtieron en jueces de tutela porque la mayor parte del tiempo lo deben destinar a resolver procesos de ese recurso constitucional.
En promedio cada despacho está fallando entre tres y cuatro tutelas a diario, razón por la que los procesos penales se siguen llenando de polvo en los anaqueles.
“Los procesos penales están quietos porque el tiempo de los magistrados está prácticamente destinado a los trámites de tutela, de habeas corpus y les damos preferencia a las solicitudes de libertad y a algunos autos que son indispensables en término récord para que los procesos no se tranquen en los juzgados del circuito”, explica Trejos.
En el 2016 a la Sala Penal ingresaron 1.175 acciones de tutela, incidentes de desacato y consultas de incidentes de desacato, según cifras del Tribunal. Y los tres magistrados evacuaron 934 procesos entre los meses de enero y septiembre del 2016.
“Es humanamente imposible resolver los fallos que se están requiriendo, estamos fallando en el año entre diez y doce procesos por cada despacho”, dice.
El inventario de la Sala Penal es superior en comparación con sus similares de Manizales, Neiva, Popayán, Tunja, Barranquilla, Bucaramanga, Buga y Pasto, que tienen entre 4 y 5 magistrados, pero reciben menos carga procesal.
Periódicamente, los togados de la Penal envían sin solución documentos a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura, exhortándolos a que aumenten las plazas de magistrados.
Por mandato constitucional los jueces y magistrados deben darles prioridad a las acciones de tutela que ingresan a sus despachos, aún por encima del interés de los procesos ordinarios.
En el sonado caso de Autorrollings este medio conoció que el magistrado competente ha tenido que frenar en varias ocasiones el estudio del expediente para darles trámite a las acciones de tutela. Una tutela de primera instancia exige diez días para tomar decisión y en segunda instancia, veinte días.
El mayor tiempo de los magistrados está dedicado a resolver acciones de tutela de personas privadas de la libertad, que ven vulnerados sus derechos en las cárceles, particularmente en materia de salud y contra medidas disciplinarias internas.
También hay un alto número de reclamos contra la Unidad para las Víctimas, por parte de los reclamantes, porque les demoran los recursos de la reparación o los derechos de petición.
“En el caso de la Unidad para las Víctimas uno ve que allí hay un problema serio porque muchos son derechos de petición que no se contestan dentro del término”, afirma Trejos.
Las tutelas contra la salud ocupan el tercer lugar, según las cuentas de la Sala Penal. “Las personas acuden a la tutela porque tienen problemas con las EPS, no les autorizan los procedimientos o no les suministran los medicamentos necesarios, las cuales en su mayoría prosperan”.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS
