El escándalo de Odebrecht tiene a todo el país hablando de corrupción. Además de que el esfuerzo directo del conglomerado brasileño por influir en los dos mayores campos políticos colombianos aumenta las esperanzas de los candidatos no tradicionales a la Presidencia, plantea preguntas sobre empleados públicos que violan la ley en busca de sus intereses privados y políticos. Sin embargo, los funcionarios pueden romper diferentes leyes, de diferentes maneras y con diferentes implicaciones para la sociedad en general, el bien público y la economía. Esta diversidad de causas y consecuencias de la corrupción se hace evidente cuando examinamos las experiencias de países del mundo en desarrollo.
Los datos del Banco Mundial y del centro Iris de la Universidad de Maryland proporcionan evidencia de que, históricamente, la mayoría de los países que están o han estado en el proceso de desarrollarse económicamente han tenido niveles relativamente altos de corrupción. Los datos también nos dicen que mientras algunos países corruptos lograron desarrollarse con éxito, otros no lo hicieron. Al mismo tiempo, los pocos países en desarrollo con bajos índices de corrupción no son necesariamente los que tienen un desarrollo económico muy alto.
Es probable que la corrupción tenga efectos muy diferentes en diferentes contextos. Por tanto, para sacar lecciones de política y aplicarlas a Colombia es necesario identificar los factores que impulsan la corrupción, así como la variedad de efectos que esta puede tener.
En primer lugar, existen los argumentos neoclásicos de que cualquier tipo de intervención en el mercado crea ineficiencias y provoca costos adicionales para el público. Desde este punto de vista, los conductores de la corrupción son los funcionarios que crean y distribuyen rentas mediante la intervención estatal en un mercado que funciona bien. Las recomendaciones de política desde esta perspectiva tienden a favorecer las reformas de privatización y liberalización, y un retroceso general del Estado.
Desde una perspectiva económica más heterodoxa, las rentas creadas por la intervención estatal no son necesariamente perjudiciales. Países como Corea del Sur, Taiwán o Hong Kong, que desarrollaron exitosamente rentas creadas por la intervención estatal, aceleraron su desarrollo económico. Sin embargo, los resultados de esta forma de ‘corrupción’ dependen de la capacidad del Estado para administrar estas rentas y de los intereses de grupos empresariales poderosos en el uso de estos ingresos adicionales creados por las intervenciones.
Las diferentes opiniones sobre los tipos de corrupción y las diversas experiencias de los países ‘corruptos’ pueden explicar por qué las políticas generales y simplificadas para la reducción de la corrupción son engañosas. Algunos tipos de corrupción, simplemente, no van a ser significativamente reducidos en sociedades que pasan por transformaciones sociales, incluso en aquellas donde tales transformaciones eventualmente resulten exitosas. Esto no es negar que la corrupción es un problema, particularmente la corrupción politiquera que existe en los movimientos políticos tradicionales y en el llamado ‘establecimiento’. Sin embargo, en Colombia, la respuesta política debe basarse en la identificación de los principales impulsores de la corrupción y en el fortalecimiento de las capacidades estatales necesarias para lograr una transformación rápida y altas tasas de crecimiento económico.
En lugar de pedir alianzas generales contra la corrupción, la lección clave de política para Colombia y el mensaje central de los candidatos potenciales a la Presidencia debería enfocarse en las políticas económicas. En particular, en el desarrollo de capacidades de gobernanza que puedan identificar potenciales sectores de alto crecimiento y crear condiciones en las que estos sectores puedan prosperar. Este esfuerzo incluye la creación de rentas que pueden ser percibidas como corruptas.
No obstante, y en el centro de la discusión sobre los efectos de la corrupción, la tarea crucial es tener un Estado capaz de gestionar estas rentas para la creación de incentivos y compulsiones, de manera que las empresas manufactureras de bajo crecimiento se transformen en empresas de alto crecimiento. La corrupción coexistirá con estos esfuerzos para establecer políticas económicas que mejoren el desarrollo económico. Sin embargo, y esta es una lección que debe extraerse de los países en desarrollo exitosos, las condiciones para lidiar con la corrupción política pueden ser mucho más fáciles de lograr una vez el crecimiento económico se acelere.
TOBIAS FRANZ
* Ph.D. en Economía de SOAS, Universidad de Londres es Investigador Postdoctoral en el Cider, Universidad de los Andes.
tb.franz@uniandes.edu.co
