La Corte Suprema dejaría de investigar y juzgar en primera instancia a los congresistas. Esa radical reforma, que rompe con un modelo que en las últimas dos décadas llevó a develar y castigar los escándalos de la narcopolítica y la Farcpolítica, está incluida en un proyecto legislativo presentado hoy al Senado por el presidente de la Sala Penal de la Corte, Eugenio Fernández Carlier.
La formula sería dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema y el juzgamiento en primera instancia al Tribunal Superior de Bogotá, en el caso de los parlamentarios.
El primer cambio sustancial es que la Corte soltaría el juicio de los principales funcionarios públicos del país y este quedaría en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Esto cobija al Fiscal General, el Vicefiscal, Ministros, Procurador General, Defensor del Pueblo; Directores de los Departamentos Administrativos, Contralor General, Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, Gobernadores, Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
Además, con este proyecto de ley busca darle cumplimiento a una orden que le dio la Corte Constitucional en un fallo que entró en vigencia el año pasado, en el que aseguró que todas las primeras condenas, incluso las de los aforados, deben tener una segunda instancia.
En principio, la fórmula que propone la Corte en el proyecto consiste en dividir la Sala Penal para que un grupo de los nueve magistrados decidan en la primera instancia, y otro grupo pueda decidir la impugnación, si hay lugar a ese recurso.
La Sala de Casación Penal estará conformada entonces por nueve magistrados que se dividirán en dos salas: una de casación penal y otra de impugnación y doble instancia.
El proyecto de la Corte dice que la Sala Penal se encargará en subsalas de primera y segunda instancia de decidir los procesos en los que deba juzgar al Presidente de la República, o a los altos funcionarios aforados.
También aseguró que decidirá con la intervención de la totalidad de sus integrantes los recursos de casación cuando contra la decisión que se adopte no proceda impugnación.
En caso de que proceda la impugnación, la Corte dice que la subsala que decida la casación profiriendo la primera condena, se integrará por un magistrado ponente y cinco magistrados que le sigan en orden alfabético. Los otros tres magistrados conformarán la subsala que resuelva la impugnación que se interponga.
El alto tribunal dice en el proyecto que esa misma integración se mantendrá cuando "la Sala Penal de la Corte tenga asignado el conocimiento en primera y segunda instancia", es decir, para los casos que no lleguen en casación sino que sean de conocimiento directo de la Corte.
También establece que con la totalidad de sus integrantes, las impugnaciones interpuestas contra las primeras condenas proferidas por las salas penales de los tribunales superiores. "Esta decisión se adoptará en subsala, de acuerdo con la composición referida anteriormente", dice el proyecto.
Para los casos que vienen de tribunales, la Corte propone que la Fiscalía General formule la acusación ante la Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que se encargará de conocer el juicio y proferir un fallo en primera instancia.
La Corte también propone que los magistrados que han intervenido en el trámite de los asuntos contra los aforados constitucionales sólo estarán impedidos cuando hayan formulado una acusación o proferido sentencia.
Adicionalmente, la Corte estableció que la Sala de Casación Laboral contará con cuatro salas de descongestión por el tiempo que la ley que sea tramitada en el Congreso establezca, integradas cada una por tres magistrados de descongestión que buscarán decidir los recursos de casación que determine esa sala.
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