Por el cambio de cinco de sus nueve magistrados y por la responsabilidad de revisar todos los decretos y leyes tramitados para la implementación de los acuerdos de paz, la Corte Constitucional está en los ojos de todos los sectores. El magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte, habla de los retos para esta corporación.
¿Le preocupa la demora para elegir a cuatro de sus magistrados titulares?
Los magistrados que están hoy en los dos encargos son auxiliares que llevan más de 20 años en la Corte, así que es una garantía para la calidad técnica y jurídica de las decisiones que van a tomarse. Pero la composición de la Corte, con distintas fuentes de postulación, no es gratuita, porque obedece a un diseño que busca dar equilibrio y balance a sus posturas. Por eso hacemos un llamado respetuoso a que los nominadores de las ternas eviten que decisiones complejas no se tomen con la Corte plenamente conformada.
Sobre la paz, la Corte ha tomado en general unas decisiones que respaldan iniciativas del Gobierno. ¿Mantendrá esa línea?
Frente a la paz, la Corte ha tenido, y no de ahora sino de mucho tiempo atrás –como pasó con Justicia y Paz–, la percepción de los balances que hay que hacer. Por un lado, la idea de justicia y la prevalencia del orden, y por el otro, las necesidades o requerimientos de la paz. Esa ponderación permite ampliar la interpretación y dar cabida a ciertas fórmulas que no serían admisibles en circunstancias ordinarias. Estando en un proceso de paz, eso implica flexibilizar mucho la interpretación. Y aunque la Corte está en transición, está edificada sobre su jurisprudencia. Por eso, no es un tema de que van a llegar nuevos magistrados y que eso implica unos virajes radicales. No creo que vengan giros dramáticos.
El Minjusticia sacó un decreto con los tiempos en que la Corte debe estudiar las leyes de ‘fast track’. ¿Van a seguir esos tiempos?
Esa es una cosa un poco curiosa o paradójica, porque ese decreto fue expedido con las facultades especiales del ‘fast track’, por lo que será objeto de control. Por lo pronto, la Corte se acomoda a esos términos.
La Corte frenó un proyecto minero en Marmato y en el Cerrejón. ¿Se tuvieron en cuenta los intereses económicos de Gobierno o empresas?
En lo de Marmato valdría la pena destacar que en el fallo se incorporó la idea de que se trata de una situación excepcional y que no es necesariamente replicable en otras regiones, porque aquí se tuvo en cuenta el carácter centenario de la minería artesanal en esta región. La Corte siempre ha tratado de ponderar los derechos en tensión, desde una perspectiva de defensa de los derechos fundamentales de las personas, así en muchas ocasiones implique afectaciones económicas.
La Corte tumbó la nuez de la reforma a la justicia. ¿Las altas cortes no sienten que necesita una reforma?
La justicia en general sí tiene conciencia de la necesidad de hacer ajustes. Yo creo que la Comisión Interinstitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado están trabajando sobre esa reforma. Respecto a lo ocurrido, lo que podría decir es que se necesita un mayor diálogo y escenarios de concertación. Estamos hablando de una de las ramas del poder público, y a veces hay la pretensión de reformarla desde afuera.
La Suprema trabaja en un proyecto de ley para cumplir con la sentencia de ustedes sobre la segunda instancia para condenas...
En principio, creo que la instancia del Congreso es adecuada. De hecho, la Corte había señalado ese como el primer camino. Pero como quiera que estamos hablando de un derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria, ese derecho no puede quedar en vilo. No avanzo más, porque a la Corte empiezan a llegar casos de personas que piden que se haga valer directamente el derecho a la impugnación, y la Corte Constitucional tendrá que responder a esas demandas señalando de qué manera sí debe hacerse efectivo, aun en ausencia de ley. Lo mejor es que la Corte Suprema acuda al Congreso para impulsar ese proyecto. Pero al margen de eso, la Corte Constitucional también tendrá que dar respuesta.
¿La tormenta para la Corte con el caso Pretelt ya pasó?
Creo que la Corte se legitima diariamente por medio de sus decisiones.
¿Hay presiones desde afuera para la Corte?
De manera personal digo que uno mantiene las distancias de forma que la Corte no sea abordable y que seamos claros en que la Corte falla a la luz de la Constitución. Creo que estamos todos los magistrados con esa claridad. El país puede tener seguridad de la integridad de su Corte.
Revisión de ‘fast track’
La semana pasada, la Corte Constitucional tumbó el primer decreto que el Presidente emitió vía ‘fast track’, mediante el cual cambió la adscripción de la Agencia para la Renovación del Territorio. La Corte dijo que no se justificó por qué esa reforma debía hacerse con las facultades extraordinarias. La Corte aseguró que en esas leyes y decretos, además de justificar la conexión con el acuerdo de paz, se debe argumentar la urgencia. Un punto clave es que la Corte aceptó (5 votos contra 4) que la refrendación vía Congreso -y no con un nuevo plebiscito tras el triunfo del ‘No’- fue válida.
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