El condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, presentó una demanda ante el Consejo de Estado, con la que pretende tumbar la destitución e inhabilidad de 18 años impuesta por la Procuraduría por la cuestionada cesión del contrato de la calle 26, que los Nule entregaron a la firma Conalvías.
En la demanda, conocida por EL TIEMPO, la defensa de Moreno, que cumple una condena de 24 años de cárcel por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación, argumenta, entre otras razones, que el Procurador dejó vencer los términos para imponer una sanción y que la decisión se dio cuando el proceso ya había prescrito.
“Está probado de manera suficiente y concreta que Samuel Moreno fue quien hizo nacer la idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo como en Néstor Eugenio Ramírez (ambos, directores del IDU), por lo que actuó como determinador” (del delito), dice el fallo de la Procuraduría de agosto del 2015 que destituyó a Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años.
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la defensa de Moreno señala que en el expediente disciplinario no hay evidencias de que el entonces alcalde ejerció esas presiones. El abogado Jairo Enrique Bulla, que representa a Moreno, sostuvo que “se han violado normas legales y constitucionales para condenarlo (…), la presión mediática ha impedido que exista imparcialidad en los juicios”.
En la demanda que ya está en el despacho del magistrado William Hernández Gómez, la defensa de Moreno señala que la exdirectora del IDU Liliana Pardo, en juicio por el ‘carrusel’ y prófuga de la justicia, declaró que Moreno Rojas nunca le dio ninguna orden para entregar la sesión a Conalvías, cuyo expresidente Andrés Jaramillo también fue llevado ante la justicia.
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“Se recibieron unas 35 pruebas testimoniales de funcionarios del IDU, contratistas y otras personas y ninguna dijo que Moreno había presionado la cesión de la obra”, dijo el abogado.
Añadió que la cesión del contrato la autorizó Liliana Pardo luego de una serie de reuniones técnicas en las que participaron funcionarios del IDU, TransMilenio y asesores externos, pero no el entonces alcalde.
Por ese caso Samuel Moreno tiene un proceso penal y ya está en juicio, en el que la Fiscalía ha señalado que él “supo de los pormenores de la cesión del contrato 137 del 2007 e influyó determinantemente en este negocio”.
Y añadió: “Sabía que estaba determinando a los directores del IDU para cometer el peculado en favor del citado grupo (Conalvías) y quiso hacerlo”.
Además de la demanda, que fue radicada recientemente en el Consejo de Estado, está pendiente de decisión en ese mismo tribunal otra demanda que busca tumbar la primera suspensión e inhabilidad por 12 meses impuesta por la Procuraduría.
Aunque el Consejo de Estado accediera a las pretensiones de Moreno Rojas y tumbara la destitución e inhabilidad, no podría volver a ejercer cargos públicos, pues en la condena de 24 años de prisión por las irregularidades en el contrato de ambulancias de Bogotá, la justicia lo inhabilitó de por vida para ocupar ese tipo de cargos.
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