En la época de Alejandro Toledo, en Perú, se decía que poco faltaba para que la tasa de crecimiento del PIB fuese mayor a la aprobación presidencial. En el caso de Juan Manuel Santos, las posibilidades de cumplimiento de tal analogía son menores, entre otras, porque el crecimiento económico ya no es el boyante de los tiempos de la bonanza petrolera, pero el deterioro de la imagen presidencial y de la gobernabilidad es grave, con riesgos de empeorar.
Si bien el presidente Santos está por ahora a salvo de sospecha sobre su conocimiento de cualquier financiamiento ilegal, en caso de comprobarse malos manejos de su gerente Roberto Prieto y el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña, no podrá eludir una mayor pérdida de confianza en el liderazgo presidencial. Tampoco las responsabilidades políticas por los pecados cometidos por quien le ha delegado amplias responsabilidades durante más de 20 años.
Son precisamente la pérdida de confianza y el pesimismo reinante en el país que muestra la última encuesta Gallup –con un 85 por ciento de los colombianos que consideran que la situación del país está empeorando– los que pueden cobrarse un primer damnificado y es la posibilidad de recuperación económica. Pese a que hay ejemplos de expansión económica al margen de lo que ocurriese en la política, como han sido los casos de Perú e Italia, en las décadas de posguerra, ambos casos coincidieron con periodos de altos precios de las materias primas y de crecimiento económico general. Por eso, lo cierto es que el éxito o la recuperación económica no pueden coexistir indefinidamente con la debilidad política. Las temidas consecuencias del divorcio entre la política y la economía no solo las vivimos en la época de Samper y el proceso 8.000, sino que ya se están empezando a sentir en la ejecución de las vías 4G y en la confianza del consumidor.
A pesar de que Santos ha dado sorpresas de resurgimiento, como después de la pérdida del plebiscito el 2 de octubre, y algunos le atribuyen alguna iniciativa por la vía del mecanismo fast track, la sumatoria de malas noticias y de complicaciones en la gobernabilidad es elocuente.
Así, lo que en principio debía ser apenas un impasse logístico en la adecuación de las zonas veredales para la desmovilización guerrillera, como cualquiera que puede ocurrir en un complejo proceso de paz, se ha tornado en el florero de Llorente de las acusaciones mutuas entre el Gobierno y las Farc y la siembra de desconfianza sobre la capacidad gubernamental para cumplir con los acuerdos de paz. Y como si fuera poco, además de la indiferencia de la opinión sobre los resultados en todo caso hasta ahora positivos del proceso de paz, se suma, sin embargo, el vertiginoso crecimiento de los cultivos de coca, que llegó en el 2015 a 159.000 hectáreas y puede superar las 200.000 con corte al 2016, con el consecuente riesgo para una nueva reproducción del ciclo de violencia.
Es tal el escaso margen de maniobra que se puede anticipar y de escasa favorabilidad del presidente Santos que incluso los candidatos que emerjan de la Unidad Nacional, tales como Humberto de la Calle, y ni se diga Germán Vargas Lleras, se verán obligados a marcar notables diferencias con el Gobierno si no quieren que su chance presidencial termine naufragando antes de tiempo. Una situación de deterioro que tiene tanto de mala, de riesgosa, como de buena. Mala porque perdemos todos, comenzando por la economía; riesgosa porque puede ser propicia para un populista; y buena porque quizás nunca antes habían estado tan alineadas las condiciones para que se abra camino un candidato que realmente marque la diferencia.
Adenda: escucho a muchos sorprendidos por el nuevo 19 por ciento de favorabilidad de las Farc. Creo que es normal en el remate de un proceso de paz, pero también creo que el techo lo tienen muy cerca.
JOHN MARIO GONZÁLEZ
@johnmario