Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, dado a conocer la semana pasada, una vez más puso el dedo en una vieja llaga que es, sin duda, una vergüenza para el país: la del hacinamiento carcelario, que supera el 50 %.
Entre los méritos de dicho trabajo, más allá de volver a advertir acerca de lo inaceptable de esta situación, está el que pone sobre la mesa el debate sobre las causas estructurales de una crisis cuyos síntomas se han ido agravando entre paños de agua tibia, buenas intenciones, tímidos avances y, sobre todo, muchos tumbos. La principal de estas razones apunta a una política criminal desestructurada, expuesta a la fuerza de los vientos que soplen según el momento. Al pendular estado de ánimo de la opinión.
Es aquí donde entra en escena el populismo punitivo, al que alude el CICR: se trata, bueno recordarlo, de la tendencia a creer que aumentando penas frente a delitos de gran impacto se hace la tarea de contrarrestarlos. Lo anterior, además, en un contexto de conocida ineficiencia de la justicia, tanto que cerca del 30 % de la población carcelaria corresponde a sindicados. Estos dos elementos, sumados a los distintos fenómenos de criminalidad que han azotado al país, configuran la receta perfecta del caótico estado de la mayoría de nuestras prisiones.
Frente a esta situación, cada vez se habla más de la necesidad de implementar castigos alternativos a quienes violan la ley, que no pasen necesariamente por la reclusión en un centro carcelario. Esto es lo novedoso de este nuevo capítulo de tan largo drama. También se insiste en que esta debe limitarse a los casos en que verdaderamente la persona representa un peligro para la sociedad. En esa dirección han apuntado recientes leyes aprobadas por el Congreso, así como proyectos de ley actualmente en discusión.
Y es que, como lo plantean el CICR y numerosos expertos, es verdad que son muchas las conductas delictivas que han sido objeto de penas excesivas, pero que bien podrían sancionarse con castigos –trabajo social, por ejemplo– que le reporten algún beneficio a la sociedad. Lo anterior va atado al hecho, también cierto, de que cada vez más los centros penitenciarios del país son universidades del delito antes que un espacio idóneo para la resocialización, como tendría que ser.
Aciertan, pues, quienes insisten en que la privación de la libertad en una cárcel debe ser un castigo centrado en aquellos que representan un serio y verdadero riesgo para los demás. Bienvenidas las posturas de avanzada que, basadas en estudios, buscan modificar paradigmas, en especial aquel de que solo puede ser efectiva la reclusión. Esto, sobre todo, en el contexto de un país que se la ha jugado, en el marco de la negociación con las Farc, con un modelo de justicia especial que, en su búsqueda de verdad y reparación, apunta en esa misma dirección.
Hay que advertir que los pasos que se den en esta dirección deben ser certeros y calculados. Porque es alto el riesgo –como ya lo ha advertido el Fiscal General– de que una implementación ‘alegre’ de estas políticas conduzca a excesos: esto es, a que regresen a las calles peligrosos delincuentes, pero tampoco se puede continuar con esta bomba de tiempo sin desactivar.
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