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Tensión en el Catatumbo por operativos contra el contrabando

Tensión en el Catatumbo por operativos contra el contrabando

Comunidad de la zona rural de El Tarra adelanta protesta desde el sábado.

12 de marzo 2017 , 08:45 p. m.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo se trasladó este domingo hasta el corregimiento de Orú, en zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, para atender la situación de protesta que se registró en la zona en contra de la Fuerza Pública por parte de algunos habitantes que los señalan como responsables de la muerte de un campesino y de la agresión de otras dos personas ocasionadas la mañana del pasado sábado.

Por su parte, el Ejército sostiene que el hecho se habría presentado tras un operativo anticontrabando. En la región del Catatumbo, actúa a través del comando de la Fuerza de Tarea Vulcano.

De acuerdo con la institución militar, cuando trasladaban a cuatro personas que fueron capturadas por transportar en dos vehículos 2.500 galones de combustible, se presentó un hostigamiento por parte de integrantes del Epl, también conocidos como los ‘Pelusos’, que dispararon con armas de fuego hacia la aeronave que transportaría a los detenidos.

El Ejército añadió que, posteriormente a esos hechos, se registró una protesta por parte de miembros de la comunidad en contra del personal militar que efectuó el procedimiento de captura, quienes fueron agredidos con botellas llenas de gasolina y papel incendiario.

“Cabe resaltar que las unidades, con el fin de garantizar los derechos de la población civil, reorganizaron el dispositivo de seguridad, previniendo a los participantes de la protesta para que se retiraran y así evitar hechos que pusieran en riesgo su integridad y la de terceros”, precisa el comunicado.

(También: Tierras en poder del Eln fueron devueltas a víctimas del Catatumbo)

Por su parte, según reportes oficiales, los manifestantes amenazan con tomarse la base militar Orú en zona rural del municipio de El Tarra.

El Ejército añadió que se unió a la comisión conformada por las autoridades regionales, municipales y locales que pretenden alivianar los ataques en contra de la base militar y el accionar de la fuerza pública y que "se tomarán las acciones penales correspondientes por los ataques a las unidades militares, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y tentativa de homicidio en contra del personal militar y por la utilización de la población civil como escudo humano violentando principios del Derecho Internacional Humanitario”.

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