La bola de nieve judicial que empezó a rodar el 21 de diciembre pasado –cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que entre los más de 500 millones de dólares en sobornos que pagó por todo el mundo la multinacional brasileña Odebrecht al menos US$ 11,1 millones habían sido para asegurar negocios en Colombia– amenaza con llevarse por delante a varios altos exfuncionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El escándalo, que crece semana a semana, llevó al contralor Edgardo Maya a afirmar: “Los jefes de debate del próximo Presidente son el Procurador, el Fiscal y el Contralor, con todo lo que vamos a destapar de aquí para adelante y lo que se ha destapado”.
Por ahora, las esquirlas del escándalo ya hirieron las aspiraciones de un potencial presidenciable para el 2018: a Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo en las presidenciales del 2014 y quien anunció que va a “aplazar” su intención mientras se aclara por qué Odebrecht pagó 1,6 millones de dólares de los honorarios que recibió el estratega ‘Duda’ Mendonça por asesorar la campaña del Centro Democrático de hace tres años.
Entre tanto, el gobierno del presidente Santos está cuestionado por varios flancos, si bien en ninguno de ellos hay, por lo menos hasta ahora, plena certeza de que las hipótesis sean correctas. Así, sigue en investigación la versión de Otto Bula sobre la supuesta entrega de un millón de dólares de Odebrecht para Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014.
Prieto, que será llamado a la Fiscalía en las próximas semanas, ha desmentido esa versión, pero tendrá que explicar sus visitas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para averiguar por varias megaconcesiones, incluida una que terminó en manos de Odebrecht.
La Fiscalía encontró el rastro de un contrato de esa firma con la filial panameña de Sancho BBDO para realizar una encuesta con la que supuestamente Odebrecht buscaba acercarse a la campaña de reelección del Presidente y, así, abrirles vía a reclamos por más de 100 millones de dólares por supuestos sobrecostos en la construcción de la Ruta del Sol II.
La versión de la campaña de Santos es que solo ahora tiene noticia de esa encuesta –cuyo supuesto costo, 1 millón de dólares, no coincide con los precios del mercado–. El contrato, como ya lo reconoció Sancho, sí existió. Pero en el rompecabezas no encaja una pieza fundamental en cualquier investigación penal: qué ganó la firma con el supuesto regalo.
Si Odebrecht buscaba que el Gobierno aceptara sus pretensiones sobre la Ruta del Sol II, esto no ocurrió. El reclamo de los 100 millones de dólares fue rechazado por la ANI y terminó convertido en un pleito por 700.000 millones ante un Tribunal de Arbitramento que estaba en trámite en el momento en el que estalló el escándalo. En las negociaciones para terminar y liquidar la concesión –consecuencia de la comprobación del soborno– Odebrecht renunció a ese reclamo.
Las investigaciones de la Fiscalía, que son las únicas que han avanzado en todo el mundo más allá de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht ante las justicias de Estados Unidos y Brasil, tienen once líneas definidas.
Así, hay un capítulo que altas fuentes de la entidad califican como de ‘corrupción burda’, y que corresponde al soborno de 6,5 millones de dólares pagados a Gabriel García, viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe en el 2009 y quien ya aceptó cargos. En este caso, es claro que se ofreció una coima y que un funcionario público recibió un pago por romper la ley.
García ha dado ya seis declaraciones sobre los tentáculos de la corrupción en las megaobras y en ellas ha mencionado nombres como los de Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, y de los exconsejeros presidenciales Miguel Peñaloza (después ministro de Transporte en el primer gobierno de Santos) y Mateo Restrepo. Fué el también quien puso a la Fiscalía sobre la pista de María Fernanda Valencia y su esposo, Otto Rodríguez.
Esta semana, esos dos nombres aparecieron en un capítulo que hasta ahora era desconocido por la Fiscalía: un contrato en Panamá entre Odebrecht y la firma Impressa Group Corp, de propiedad de Valencia y Rodríguez, para la elaboración de 2,5 millones de afiches para la campaña de Santos en el 2010. El valor del contrato (400.000 dólares), una vez más no coincide con los del mercado.
En el segundo soborno, el de los 4,5 millones de dólares que recibió Otto Bula desde el 2014, el atajo por el que se coló la corrupción es más complejo y aún no aparece claramente el nombre de ningún funcionario en una actuación ilegal.
Así, además de la supuesta entrega a Roberto Prieto del millón de dólares, Bula no ha hablado de lo que pasó con el resto de la plata, que se movió por cuentas y empresas de Panamá y China.
Y sobre la supuesta intención del soborno –facilitar la adición a la concesión de la Ruta del Sol para la construcción del tramo Gamarra-Ocaña– tampoco hay plena certeza, pues el análisis de las condiciones del negocio final, a diferencia de lo que inicialmente se sostuvo, no fueron tan favorables para Odebrecht.
Los diversos capítulos dejan en todas sus líneas de investigación 3 capturados (dos de ellos, con aceptación de cargos); una más pendiente de imputación de cargos; 18 personas llamadas a interrogatorio y entrevista judicial.
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