La muerte de ocho niños en el Amazonas por el supuesto consumo de peces contaminados con mercurio fue una de las denuncias más graves que recibió el procurador Fernando Carrillo en su visita de esta semana a ese departamento.
Como respuesta, Carrillo radicó el jueves un documento en el que, además de manifestar su preocupación, pidió al alcalde de Leticia, José Araújo Nieto, y a la Secretaría de Salud del mismo municipio que le envíen un informe sobre las investigaciones que se hayan adelantado.
Las autoridades deberán precisar si hubo reportes a instituciones nacionales, qué decisiones de fondo se tomaron y si en algún momento se informó de esta situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según denunció la comunidad, los menores, de los que la Procuraduría espera recibir en los próximos días los resultados de la necropsia –en caso de que se haya realizado–, habrían fallecido entre finales del año pasado y principios del presente.
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El año pasado, un estudio realizado por la Universidad de Cartagena en el departamento del Amazonas alertó sobre los altos niveles de mercurio que se encontraron en el cuerpo de al menos 200 personas que residen en la ribera del río Caquetá.
Mientras la medida aceptable es que una persona tenga una parte por millón de mercurio, en estos habitantes se encontró un promedio de entre 16 y 19 partes por millón.
Otro tema relevante que se discutió en las dos reuniones entre el Procurador y cerca de 70 representantes de resguardos indígenas y autoridades locales tiene que ver con la forma como se estarían desviando los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud, afectando la vacunación de los niños y el cuidado prenatal.
Aunque serían tres IPS las involucradas en los hechos, por ahora el Ministerio Público pidió a la Gobernación que explique cuántos y por qué montos se han firmado contratos con la IPS Azcatia.
Según los representantes de las comunidades, las entidades de salud estarían sobrefacturando la atención y las vacunas que habrían aplicado a niños en los dos municipios y nueve corregimientos que conforman el departamento. “El potencial de menores es de 9.000, pero estarían pasando facturas por muchos más niños de los que realmente hay en todo el Amazonas”, denunció una fuente del Ministerio Público.
Tampoco se habrían realizado todos los recorridos estimados para abarcar a la población infantil.
De la misma forma se estudiará si en términos de cobertura educativa se pueden estar presentando irregularidades. Las personas dijeron que no hay cupos para todos los niños o que si los hay implican desplazamientos muy extensos sin medios de transporte, además de no garantizarse la alimentación escolar.
La Procuraduría también encontró que aunque Amazonas es una de las regiones más ricas en agua de todo el país, y el departamento más grande en extensión pero el segundo con menos población, no tiene acceso a agua potable.
La comunidad manifestó que en los últimos tres años se han llevado a cabo obras como levantamiento y desplazamiento de vías, y conexiones subterráneas, supuestamente como parte de la iniciativa para construir una red de acueducto y alcantarillado en Leticia; sin embargo, la realidad es que no existe el servicio.
Frente a las quejas, las autoridades departamentales también deberán enviar un informe al órgano de control sobre la existencia o no de proyectos que formen parte del Plan Departamental de Aguas, el nivel de avance y los recursos invertidos. La evaluación de dicha información podría dar paso a investigaciones disciplinarias.
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Visita a San Andrés
A finales de enero, el procurador Fernando Carrillo, en el marco del programa Ruta Ciudadana, visitó la isla de San Andrés, donde recibió un gran número de denuncias, en especial sobre la celebración de convenios interadministrativos que tienen que ver con construcciones que violan normas ambientales.
Lo que encontró el Procurador General en San Andrés fue en gran medida lo que lo llevó a declarar insubsistentes a los 32 procuradores regionales del país. La falta de acciones de los funcionarios del órgano de control en las regiones hizo que los apartara de su cargo. Hoy, esas dependencias están en manos de personas en interinidad hasta que se surta el proceso de selección.
Según informó el Ministerio Público, en los próximos días se estarían dando a conocer las primeras decisiones disciplinarias sobre las irregularidades detectadas en San Andrés.
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