“La crisis carcelaria en Colombia va mucho más allá del hacinamiento y de las pésimas condiciones que genera para los privados de la libertad. En realidad, el país enfrenta otros grandes retos en el abordaje de la sobrepoblación de internos y el diseño de su legislación”. “La falta de coherencia en la política criminal impacta drásticamente en la política penitenciaria (...) En Colombia, el Estado no cumple con sus obligaciones frente a las personas que castiga por violar la ley”.
Con afirmaciones como esas, incluidas en su informe sobre la situación humanitaria en el país en el último año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró a terciar en un debate candente en Colombia: ¿deben o no aumentar las penas de prisión para los delincuentes?
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que el informe “exalta la necesidad de que se tomen medidas que ya se han venido planteando desde hace un tiempo, atendiendo principalmente a las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal y la Corte Constitucional.
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“Si bien reconocemos que la situación del Sistema Penitenciario y Carcelario requiere atención urgente y prioritaria, llamados de atención como el que hace este organismo nos permiten posicionar las apuestas en materia de política criminal que hemos venido construyendo y que consideramos pueden responder de manera adecuada a esta situación, sin poner en riesgo la seguridad ciudadana”, dice el Minjusticia.
Penas a mujeres mulas
Las cifras del Gobierno señalan que por cada cupo penitenciario que se ha construido en los últimos dieciséis años han ingresado casi dos personas.
El ministerio coincide con el CICR en el riesgo del llamado ‘populismo punitivo’ (el aumento de penas al calor de coyunturas mediáticas), si bien señala que “es consciente de la necesidad de diseñar una política criminal que procure un balance entre la necesidad de preservar la seguridad ciudadana y sancionar adecuadamente las conductas disvaliosas, punto en el cual siempre se ha coincidido con la Fiscalía General”.
Hace menos de una semana, el fiscal Néstor Humberto Martínez le pidió al nuevo ministro de Justicia que retire del Congreso una reforma que, a su parecer, “amenaza la seguridad ciudadana” porque permite que los delincuentes capturados vuelvan rápidamente a la calle.
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“Necesitamos que las políticas legislativas no beneficien a los reincidentes”, dijo Martínez al señalar que uno de los efectos de esa reforma sería la libertad de “los victimarios de todos los colombianos que están siendo asesinados por el delito en las calles”.
El Fiscal también se opuso en su momento a un proyecto del Gobierno que pretende suspender la acción penal contra pequeños cultivadores, productores y traficantes de droga.
El CICR apoya iniciativas como esa. Dice que una “política criminal inteligente”, en vez de castigar con cárcel, por ejemplo, a las mujeres que llevan droga, debería buscar sanciones alternativas y no dejar a las mujeres en un entorno, la prisión, en el que siguen en contacto con redes criminales.
El año pasado, el Fiscal calificó de un “despropósito” el proyecto que buscaba otorgarles beneficios a las mujeres que delinquieran en toda la cadena del narcotráfico, no solamente a las cultivadoras. “Esto, lejos de favorecer a la mujer, estimula su utilización por los carteles de la droga y la expone a revictimización”, afirmó.
Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en que la política criminal en el país está desarticulada y no responde a ejercicios de planeación a mediano y largo plazo.
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“Es al calor de esos debates del momento como se toman decisiones coyunturales que, sumadas, no equivalen a una política”, dice César Rodríguez, director de DeJusticia.
Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, señala por su lado que en el país “legislamos al vaivén de los acontecimientos, y por eso tenemos lo que tenemos: un Código Penal desarticulado por tanto populismo punitivo”.
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