Francamente, el arranque del proceso de paz ha sido toda una sorpresa. Cualquier cosa era previsible, menos que la cosa se pudiera enredar por incapacidad para hacer unos terraplenes, levantar unas casas de madera y aprobar unas leyes.
Hoy es el día D+100 del calendario pactado. Cuando todo el mundo esperaba un proceso aceitado y bien preparado, pues hubo meses para hacerlo, el Gobierno y las Farc están enfrascados en recriminaciones públicas mutuas por atrasos e incumplimientos protuberantes en el cronograma que acordaron.
En el papel, el acuerdo de paz colombiano será uno de los mejores del mundo, pero la realidad es que está quedando grande concretar sus piezas más básicas.
Primero, la logística de las zonas veredales. Hoy, pasados 70 días de la fecha presupuestada para que las Farc se concentraran (31 de diciembre) y 20 desde cuando realmente lo hicieron (20 de febrero), buena parte de las 26 zonas y campamentos a los que llegaron siguen sin condiciones básicas de habitabilidad, y faltan semanas para que estén listas.
Segundo, el calendario de dejación de armas. El 30 por ciento de las armas individuales de los guerrilleros no se entregó en el día D+90 (1.° de marzo). No quedaron, como debió ocurrir hace 40 días (1.° de febrero), almacenadas en contenedores las armas de acompañamiento y de los milicianos, municiones y granadas, ni fueron destruidas las caletas con armamento inestable. Tampoco se han registrado 7.000 milicianos y apenas si comienza el registro de armamento individual.
Tercero, la implementación legislativa. En 80 días de fast track apenas se han aprobado en forma la ley de amnistía y la creación del grupo de voceros de las Farc en el Congreso. Avanzan otros proyectos, pero no sin espectáculos de ausentismos e impedimentos, como el del Senado hace unos días con la Jurisdicción Especial de Paz, que la prensa calificó de vergonzoso. La amnistía se aprobó hace 70 días, pero sus beneficios no se aplican a guerrilleros ni a militares, lo que provoca reclamos de ambos lados. Y la Fiscalía pedalea una agenda propia frente al proceso.
Cuarto, y peor: el mar de denuncias desde los territorios por la llegada de grupos armados a los espacios que dejan las Farc y los asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos. Para el Gobierno, los paramilitares no existen (y, a veces, los desplazados tampoco, como en Tibú) y no hay sistematicidad en unos asesinatos que las cuentas más modestas ponen en más de 70. ¿Cuánto va a esperar el Estado para lograr un control distinto de incursiones militares ocasionales en lugares como Chocó o Catatumbo? ¿Será capaz? La respuesta define la suerte de la paz.
Señales preocupantes. Pero hay otra cara de esta moneda.
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La decisión de las Farc de atenerse a lo acordado luce tan inquebrantable que hasta la oposición ha dejado de decir que no van a cumplir.
En medio de la apatía urbana y con la mayoría de los medios de comunicación más enfocados en los detalles y los problemas logísticos, tuvo lugar la noticia más importante en medio siglo: 7.000 guerrilleros de las Farc se dirigieron en masa a las zonas donde se van a desarmar, y lo hicieron sin un solo incidente –en este país donde hay muertos después de cada partido de la selección–.
Esto es quizá lo más elocuente en estos 100 días: pese al evidente rezago logístico en las zonas veredales, las Farc ahí están.
El secretariado marcha hacia la política como una aplanadora. ¿Lo harán al mismo ritmo guerrilleros rasos y mandos medios, en medio de demoras en la aplicación de la amnistía y la adecuación de las zonas veredales o sin claridad sobre su seguridad y las condiciones en las que se reincorporarán a la vida civil?
Los responsables de estas demoras están jugando con candela.
ÁLVARO SIERRA RESTREPO
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