Ante un juez de Paloquemao, la Fiscalía imputó cargos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado y público.
“Ella (Oneida Pinto) creó una empresa criminal al interior de la Alcaldía de Albania con el único y protervo fin de ser dueña, ama y señora del contrato del programa de reducción de la mortalidad infantil”, dijo en audiencia el fiscal.
“La Fiscalía General de la Nación afirma que Oneida Pinto dominó y determinó la voluntad del alcalde de Albania, Yan Keller Hernández, y no solo la del alcalde sino también la del secretario de Salud, Emerson Segundo Pinto; y no solo estos dos funcionarios, sino también la de la contratista señora Cleofe Prieda Arauz, en su calidad de representante del hospital San Rafael de Albania, con el único fin de que accedieran a sus pretensiones políticas y económicas”, agregó.
Pinto debe responder por irregularidades en la adjudicación de dos contratos que tenían como destino reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, en La Guajira. (Lea también: Exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto fue capturada en Bogotá).
El primero de estos se efectuó el 3 de marzo de 2011 por un valor de 6.900 millones de pesos. El segundo, del 24 de julio de 2011, fue por 7.800 millones de pesos.
Además de este último convenio, se hizo una adición por 3.900 millones de pesos firmado el 15 septiembre de 2011.
Los convenios, señaló la Fiscalía, fueron firmados entre la alcaldía de Albania y el Hospital San Rafael de Albania.
Incluso, también se efectuó un contrato de consultoría por 390 millones de pesos, firmado el 12 de agosto de 2011, con Asesoría Consultoría e Interventoría de la Costa Ltda. Una de las faltas que señaló la Fiscalía fue que los contratos se finalizaron cuando ya habían caducado.
“La Fiscalía considera que la señora Oneida Pinto era la que manejaba todos los hilos de dicha política pública, fue la persona que decidió que todos los contratistas de esta política pública fueran de su entera confianza y además que todas estas personas que participaron en este proceso contractual fueran afines a sus aspiraciones políticas”, dijo el fiscal.
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