La vicefiscal general, María Paulina Riveros, aseguró que se han puesto en marcha varias estrategias para agilizar las investigaciones sobre los 74 asesinatos de líderes sociales en el país, entre el 2016 y 2017.
¿Qué dificultades han encontrado en las investigaciones?
No hay claridad en el país, por ejemplo, de qué es un defensor de derechos humanos y cuál es su labor, eso ha llevado a que existan muchas cifras que responden a esta confusión conceptual.
¿Qué directrices tienen para investigar los casos?
En la Fiscalía ya hay una resolución para que ante esos casos se tenga como primera hipótesis que la amenaza o el homicidio tiene relación con la condición de defensor de derechos. Eso no se hacía antes y por eso terminaban como casos aislados. Se determinó la obligación de hacer un análisis de casos asociados, para poder definir elementos comunes que sirvan de elemento material probatorio para otros procesos. Además se activó un equipo itinerante de Policía Judicial que se podrá movilizar rápidamente para asegurar la escena e iniciar las investigaciones.
¿Han detectado un ataque sistemático contra los defensores?
Creo que es prematuro decir eso. La Fiscalía está analizando y haciendo una asociación de casos, no nos queremos anticipar porque estamos en etapa de investigación.
¿Han visto a personas buscando beneficios?
No lo vemos como un fenómeno generalizado. Habrá casos, pero de fondo hay un fenómeno al cual hay que ponerle atención y es que hay un grupo de personas dedicadas a las labores de defensa social, cuyos derechos están siendo vulnerados y eso no lo podemos permitir. Cada caso arrojará sus propias conclusiones.
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