Albañiles, mecánicos y técnicos en sistemas dictaron, sin saber nada o poco del tema, charlas de prevención de la mortalidad infantil en el municipio de Albania, en La Guajira, y recibieron por sus servicios 1’200.000 pesos.
Las irregularidades en esa contratación, que tuvo un costo total de 18.600 millones de pesos, son la principal razón de la captura, este miércoles en Bogotá, de Oneida Pinto, exgobernadora de ese departamento y quien para la época de los hechos (2011) era candidata a la alcaldía de Albania.
Según la Fiscalía, el entonces alcalde de ese municipio, Yan Keller Hernández, del mismo grupo político de Pinto, firmó un contrato con el Hospital San Rafael de Albania, cuyo objetivo central era la reducción de la mortalidad infantil. Pero usó el presupuesto para garantizar que ella se quedara con la alcaldía en el 2012, cargo que Pinto ya había ocupado entre el 2004 y el 2007.
En el proceso de ejecución del convenio fueron contratados 10 coordinadores, quienes, a su vez, subcontrataron a 1.600 personas para llevar a cabo las charlas y visitas a madres gestantes y lactantes, y adelantar jornadas de vacunación. La Fiscalía encontró que esas personas no estaban capacitadas para llevar a cabo los programas de salud pública.
(Le puede interesar: Audios revelaron las burdas trampas en elección en La Guajira)
El denominador común era que todos eran habitantes de Albania, es decir, podían votar en ese municipio. Según el organismo investigador, en el contrato había un trasfondo político que consistió en invertir los recursos públicos en la campaña política de la futura alcaldesa. Por los hechos ya fueron detenidas 11 personas, entre ellas, el exalcalde Hernández.
Pinto fue capturada para que, ante un juez, la Fiscalía le impute los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
El 11 de febrero la exmandataria, a quien en junio el Consejo de Estado le revocó elección como gobernadora por violar el régimen de inhabilidades, pidió por tercera vez el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos, lo que llevó a la Fiscalía a pedir su detención.
El 7 de octubre, la audiencia no se llevó a cabo porque Pinto no se presentó a la diligencia. Dos semanas después (el 20 de octubre), la defensa pidió un nuevo aplazamiento justificando al ausencia con una incapacidad odontológica.
Actualmente, la exmandataria también es investigada por las amenazas de muerte que recibió Jorge Enrique Vélez, cuando fue designado como gobernador encargado.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com