El problema de los ejercicios de memoria histórica es que, por razones políticas, corren el riesgo de estirar la realidad a unos extremos que, en vez de llevar al perdón y la reconciliación, pueden conducir a procesos de revictimización y descontento social. Un claro ejemplo ocurre en Urabá con el pago de 3 centavos de dólar por caja de banano exportada a una Convivir, que en su momento era una figura legal, promovida por el Estado.
El asunto tiene profundas implicaciones simbólicas, pues reduce lo sucedido a un conflicto entre los propietarios de las plantaciones y los obreros. Las guerrillas, según esta versión, serían un ejército irregular que reivindicaba derechos laborales, mientras que los paramilitares serían el brazo armado de los bananeros para reprimir a los obreros y despojar tierras.
La realidad fue otra. Un simple análisis de los hechos muestra que el pago de los 3 centavos se inició en 1996, cuando ya la gran carnicería ocurrida en la zona bananera había finalizado. Más aún, el asesinato de líderes políticos, sindicalistas y obreros corrió en su mayor parte por cuenta de las Farc durante la primera mitad de los 90. Solo en 1994 las Auc ingresaron en la zona.
La razón de los asesinatos era que las Farc estaban más interesadas en el control militar de la región –y también político, a través de la UP– que en reivindicaciones laborales. Por algo, ‘Iván Márquez’ fue a Apartadó a pedir perdón por la masacre de obreros y gente pobre en La Chinita. Lo que es una explicación muy distinta a la de una guerra por luchas de clases.
Igual puede decirse del despojo de tierras. El área sembrada ha permanecido constante durante las últimas tres décadas, alrededor de 35.000 hectáreas. ¿Cómo puede argumentarse, entonces, que los bananeros pagaron a los paramilitares para hacerse con nuevas tierras por medios violentos si los cultivos no se han incrementado? Los grandes beneficiarios del despojo fueron actores con otro tipo de vocación productiva.
Un ejercicio de memoria histórica que descargue toda la responsabilidad en los empresarios, como si fueran la misma cosa que las Auc de Carlos Castaño, a lo que conduce es al deterioro de las condiciones sociales y económicas de Urabá. Al final, las principales víctimas serán los de siempre: los obreros bananeros, muchos de ellos sobrevivientes de la violencia de los 90, que verán peligrar un trabajo estable y bien pago.
GUSTAVO DUNCAN