Recompensas para quienes denuncien hechos de corrupción, una cláusula anticorrupción en todos los contratos públicos y convertir la lucha contra este delito en una obligación del Estado son algunos de las medidas que contempla un proyecto de acto legislativo para fortalecer la lucha contra este flagelo.
De tener el aval del Gobierno, la iniciativa propuesta por Álvaro Leyva, asesor de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, será tramitada en el Congreso por la vía rápida o ‘fast track’, pues está enmarcada dentro de lo pactado en La Habana.
El proyecto establece en su primer artículo que, a partir de su aprobación, uno de los fines del Estado será “combatir y sancionar todas las modalidades de corrupción pública y privada”.
Igualmente, se establece la creación de una Jurisdicción Excepcional Anticorrupción, que se encargará de investigar los hechos relacionados con este delito.
Dicho mecanismo hará parte de la jurisdicción ordinaria y tendrá una duración de quince años que podrá extenderse por diez años más.
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Dentro de esta jurisdicción se contempla la creación de una Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción, la cual podrá, previo concepto de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, suspender cualquier contrato o funcionario que sea objeto de investigación por hechos de corrupción.
“Este mismo proyecto ordena la inclusión de una clausula anticorrupción en todos los contratos suscritos con el Estado (…) y se establecerá un mecanismo de recompensas y protección para quienes denuncien actos de corrupción ante las autoridades señaladas en la misma norma”, indica la iniciativa.
(Lea aquí toda la iniciativa propuesta por Álvaro Leyva)
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