Tras 25 años y siete meses de vida, País Libre llega a su fin. Y lo hace después de haber marcado un hito en Colombia en la lucha contra el secuestro, un delito que, por efecto de la seguridad democrática y el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, dejó de tener las escalofriantes cifras de los 90 y principios de siglo.
La fundación nació el 28 de agosto de 1991, tras una propuesta del entonces jefe de Redacción de EL TIEMPO, Francisco Santos, quien acababa de vivir en carne propia ese flagelo.
El periodista estuvo ocho meses en poder de Los Extraditables, una organización criminal conformada por capos de la droga que encontraron en el secuestro un mecanismo de presión contra la extradición. Su liberación se produjo gracias a la mediación del padre Rafael García Herreros. “Por eso es a nosotros, las víctimas de ese flagelo, a quienes nos va a tocar resolver el problema. Y es posible hacerlo. ¿Cómo? Creando una gigantesca fundación privada, sin ánimo de lucro, contra el secuestro”, escribió Santos quince días antes, en una columna titulada ‘Carta a un secuestrado’.
La idea fue acogida de inmediato por familias afectadas por el secuestro, y Santos y su esposa, María Victoria García, la echaron a andar y durante esa década fueron el alma y nervio de la fundación. Ese primer consejo directivo estuvo integrado, entre otros, por su hermano y también periodista Rafael Santos, el general Víctor Alberto Delgado Mallarino y los familiares de secuestrados Oliver Lara (hijo de Oliverio Lara y hermano de Gloria, ambos muertos en cautiverio) y Jaime Lara (hermano de Luis, también plagiado).
La fundación vio la luz en un momento en el que este delito iba en ascenso, de la mano de las guerrillas y de los carteles del narcotráfico, pero también en medio de la indiferencia frente a este y el drama de las familias de las víctimas.
“El secuestro era un delito que estaba en el clóset, y lo sacamos del clóset”, dice hoy Santos, quien a finales de 1999 debió salir del país por amenazas y, luego, tras su regreso, dejó la ONG y se dedicó de lleno a la política, como fórmula vicepresidencial de Álvaro Uribe.
En esa época, las cifras oficiales bordeaban los mil plagios al año y esta industria criminal no parecía detenerse, ni siquiera ante la condición económica o de salud de las víctimas. De hecho, en su vertiginoso crecimiento se pasó de 1.122 casos en 1990 a 3.572 en el 2000, siendo este el período más crítico en toda la historia del delito en el país.
Hoy, el secuestro registra una disminución sustancial. Las cifras llegan a niveles de hace más de 35 años. La Policía Nacional reportó que en el 2016 solo hubo 205 plagios y las Farc, guerrilla que está en proceso de desmovilización y que junto con el Eln era, según País Libre, la responsable de cerca del 60 por ciento de los casos, ya no aparece en los reportes. Los mayores responsables son los grupos de delincuencia.
La orden de cierre
El cierre de la fundación fue ordenado en noviembre del año pasado, y aunque este acto estaba previsto para febrero, el proceso fue aplazado unas semanas, “mientras se cumplen los trámites administrativos y legales”, le dijo a EL TIEMPO Consuelo Jáuregui, exdirectora ejecutiva y hoy liquidadora de la fundación. Ella estima que el cierre se debe dar este mes.
“El Consejo Directivo consideró que se había cumplido la misión, un proceso”, explica Jáuregui, quien es una de las dos personas que permanecen en una pequeña oficina que alquilaron en la carrera 7.ª bis con calle 126 de Bogotá, a donde se trastearon luego de devolver a la Nación, en diciembre pasado, la casa del narco Pastor Perafán, la cual tuvieron en comodato.
En esa oficina se realizan los últimos trámites de la liquidación, entre ellos la clausura de la página web, que se apagó el 26 de febrero; la entrega de documentos al Centro de Memoria Histórica, la donación de los 130 millones de pesos que sobraron de toda la operación –serían entregados a la Fundación Cardioinfantil– y declarar renta, para lo cual esperan que la Dian expida los formularios oficiales.
“Es una liquidación voluntaria” –explicó Jáuregui–, porque con el posconflicto “el país tiene otras prioridades”. Es una opinión que comparte Alfonso Manrique, exdirector y uno de los tres presidentes honorarios que tuvo la ONG y quien también estuvo secuestrado.
“Nuestra misión fue cumplida a cabalidad”, destaca Manrique, quien si bien acepta que no fue fácil buscar recursos para financiar la fundación, descarta como causa del cierre la falta de dinero. “La prueba es que logramos liquidar todo y nos quedan 130 millones”.
No obstante, la periodista Salud Hernández-Mora, también presidenta honoraria, considera que la “dificultad tremenda” para conseguir recursos, un tema que casi siempre padeció la ONG, fue otro motivo para decidir que la fundación había llegado a su fin.
“Hemos tenido imagen de ricos, pero siempre fuimos pobres”, dice Hernández-Mora, quien llegó a País Libre en 1999 y recuerda que esa organización vivió de dictar talleres de prevención del secuestro y la extorsión y de desarrollar proyectos. Pero, también, durante varios años, de un torneo de golf que se financió con patrocinios e inscripciones de los participantes, muchos de ellos “amigos” que eran invitados personalmente por los directivos o personas que apoyaron su lucha. “Por eso organizar el torneo era un karma”, anota la periodista, quien el año pasado estuvo secuestrada por el Eln.
La presidenta honoraria anota que fue tanta la estrechez económica que durante las históricas marchas del No Más, realizadas a finales de los 90, ante las solicitudes de camisetas y banderitas que recibían de “decenas de municipios”, la fundación solo podía enviar dibujos indicando cómo las podían hacer.
El principal aporte
Durante sus dos décadas y media de vida, País Libre jugó un papel clave en la lucha contra el secuestro, al generar conciencia entre los colombianos sobre la gravedad de este delito de lesa humanidad y al movilizar a miles de personas en las ciudades en rechazo a ese flagelo, así como al acabar con la indiferencia de los gobiernos frente al mismo.
Pero eso no fue fácil. La apatía a manifestarse llevó a que, en un principio, la propia fundación fuera tímida para promover manifestaciones. Manrique cuenta que durante su secuestro fue su esposa, Lucía de Manrique, quien al ver que pasaba el tiempo y no tenía noticias suyas, acudió a Francisco Santos y le manifestó su interés de convocar una marcha.
“Al principio, Pacho dijo que eso era un absurdo porque la gente era muy apática. Pero ella insistió y, finalmente, Pacho aceptó realizar la primera marcha, que se llamó ‘Por el país que queremos, no al secuestro’. Eso fue en diciembre de 1996 y salieron cerca de 100.000 personas, fue un éxito total”, dice Manrique, quien para ese momento llevaba un año en cautiverio.
Esta primera movilización se realizó en Bogotá y fue replicada en otras cuatro ciudades: Medellín, Villavicencio, Valledupar y Cali, las cuales desembocaron en el ‘Mandato ciudadano por la paz’, como se llamó a la votación de 9,5 millones de colombianos para exigir el fin del conflicto armado.
Dos años después, en 1999, las marchas se reactivaron en todas las ciudades del país y en muchas en el mundo, pero con el nombre de ‘No más’, y estuvieron antecedidas por los secuestros del Fokker 50 de Avianca –con 41 pasajeros, entre ellos seis guerrilleros del Eln– y el de 150 personas en la iglesia de La María, en Cali.
Ante estos hechos, asegura Santos, la fundación “levantó la mano y dijo: ‘No nos vamos a dejar doblegar’ ”, y movilizó a miles de colombianos. Así, País Libre y terminó convirtiéndose en “el gran canal de expresión ciudadana”.
Pero más difícil que las marchas fue, según sus miembros, haber puesto el secuestro en la agenda del Estado. Aunque la ONG llegó a ser vista por algunos sectores como cercana al poder, a los gobiernos, las puertas de muchas entidades oficiales no estaban del todo abiertas. Incluso, su participación como parte de la sociedad civil era limitada.
Por eso, según Hernández-Mora, no pudieron estar en la agenda de los frustrados diálogos de paz en el Caguán y después de mucho lobby lograron participar en una reunión con el Eln en Cuba, pero terminaron regañados porque fueron muy críticos.
“El representante de País Libre tuvo sus cinco minutos, y se concentró en exponer los secuestros del Eln. Pues nos regañaron porque fuimos muy directos, y, obviamente, no conseguimos que el secuestro figurara en la declaración final”, dice la periodista, quien asegura que nunca fueron cercanos al poder y que había un acuerdo entre los directivos de que quien ingresara a la política tenía que renunciar a la ONG. Ese fue el caso de Carlos Rodado, Carlos Holmes, Francisco Santos y Clara Rojas.
En todo caso, a lo largo de su existencia, de acuerdo con Santos, País Libre puso el secuestro “en el epicentro de la discusión pública y de las políticas públicas”. De hecho, promovió el estatuto contra el secuestro (Ley 40 de 1993), mediante el cual se endurecieron las penas para los secuestradores y se adoptaron medidas cautelares sobre los bienes de las víctimas.
La ONG, de igual manera, impulsó la Ley 986 del 2005, que estableció beneficios para las víctimas de secuestro y sus familias, como la continuación de pagos de salarios y pensiones y la suspensión de procesos ejecutivos en su contra. Dicha protección fue ampliada, luego, a las víctimas de desaparición forzada, que se estiman en 60.000 en el país.
Además, lograron participar en la estrategia de lucha contra el secuestro –en el primer gobierno de Álvaro Uribe–, que incluyó la creación de los comandos conjuntos y la identificación de las bandas criminales, su ubicación y forma de operar. Años atrás, este asunto había generado desacuerdos entre la cabeza de la fundación y el director, quien al final renunció. Pero seis meses después, Manrique regresó para ser uno de los tres presidentes honorarios, la figura que dejó Santos en su reemplazo.
Y mientras desde una pequeña oficina en el norte de Bogotá se ultiman los detalles del cierre de un ciclo, de un “proceso”, como lo llama la última directora de la fundación, los mismos miembros de País Libre, y hasta Francisco Santos, su fundador y primer presidente, advierten que el país tiene otra tarea pendiente: apoyar a los desaparecidos y a los secuestrados desaparecidos.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Redacción EL TIEMPO
guirei@eltiempo.com
