Europa fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE empezó en 2005 y cubre cerca de 45 % de todo el CO2 que genera la actividad humana en el continente.
El europeo sigue siendo el mayor mercado del mundo, con 31 países –los 28 miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega– y 11.000 centrales eléctricas e instalaciones industriales dentro.
Pero el sistema, en el que se otorgan gratuitamente, se compran y se venden los derechos para emitir gases, no funciona correctamente por el exceso de oferta, que ha hecho que los precios estén por los suelos.
La idea de partida era que, al ponerle un precio a cada tonelada de CO2 que se emite, a las empresas les compensaría hacer inversiones para ser más limpias o cambiar de tecnologías. Pero, al aplicar el régimen, el problema ha sido el precio.
El jueves pasado, la tonelada de CO2 estaba a 5,46 euros, muy lejos de los 25 o 30 euros que la mayoría de informes sitúan como frontera desincentivadora.
Cuando la tonelada llegase a ese techo de 25 euros, a una compañía eléctrica, por ejemplo, ya no la compensaría emplear carbón, y se pasaría a otras tecnologías, creían los expertos.
“La crisis económica ha contribuido a una caída de las emisiones y a una bajada de la demanda de derechos”, concluía un informe de 2015 del Consejo de Europa, en el cual se instaba a Bruselas a reformar el modelo. En 2015 comenzó ese proceso de reforma, en el que participan la Eurocámara, la Comisión y los ministros de medio ambiente de la UE. Se espera que este año, el proceso finalice y esté clara la hoja de ruta de la fase cuatro del ETS, la que irá de 2021 a 2030.
“Fuimos los primeros y hemos tenido que ir aprendiendo”, dice Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, al hablar de la “sobreoferta” de derechos.
En su último informe, la Comisión Europea cifraba en 1.780 millones de toneladas el excedente de derechos de emisiones que se había acumulado a finales del 2015. Esto equivale al CO2 que expulsa todo el sector sujeto a este régimen en un año en la UE.
Actividad industrial
La crisis hizo que la actividad industrial cayera en Europa y, con ella, la demanda de esos derechos. Pero año a año se seguían repartiendo casi los mismos derechos de emisiones a los países.
Una parte de esos derechos, el 43 %, la otorga gratuitamente cada país a determinadas empresas, como cementeras. El resto, 57 %, se subasta y va a parar a ese mercado sobreofertado al que tienen que acudir las centrales térmicas de carbón.
El debate ahora en Europa está en buscar la fórmula para ‘limpiar’ la sobreoferta, apunta Ulargui, quien participó la semana anterior en la reunión de ministros de medio ambiente europeos, en la cual se ha fijado una posición común. Se ha acordado una reducción lineal del 2,2 % anual de los derechos de emisión a partir de 2021. Hasta 2020, esa tasa seguirá siendo del 1,74 %.
La Comisión calcula que la tasa que se aplicará a partir de 2021 supondrá que 556 millones de toneladas de derechos no entrarán en el mercado la próxima década. Ese recorte del 2,2 % es también el que recientemente propuso el Parlamento Europeo.
Pero, más que en esa tasa lineal, la clave estará en “flexibilizar la oferta para equilibrar con la demanda”, opina Ismael Romeo, director general de SendeCO2, empresa especializada en la compra y venta de derechos. Para eso está prevista la creación de una reserva que intervendrá en el mercado retirando derechos o inyectándolos.
La reserva empezará a operar a partir de 2019. Contará desde el principio con 900 millones de derechos aplazados (que debían haber entrado en el mercado en 2014, 2015 y 2016). Los ministros de medio ambiente han acordado esta semana también duplicar el número de derechos que se retirarán a partir de 2019 y que irán a parar a la reserva.
Romeo cree que otro de los puntos claves que se está negociando, y que defienden los ministros de medio ambiente de la UE, es la “caducidad” de los derechos retirados, que no podrán ser válidos sine díe.
MANUEL PLANELLES
Ediciones EL PAÍS, SL 2017