Por estos días es común observar en redes sociales y en noticias los efectos de la problemática ambiental que enfrenta el país. No obstante, la manera de abordarlos es superflua. Su análisis se enfoca en el impacto y no en las causas, un enfoque alarmista porque no impulsa a las comunidades para que se eduquen en resolución de problemas socioambientales, sino en reaccionar de manera emergente al desastre, olvidando –en parte– el verdadero problema.
Para entender esta es importante analizar algunos hechos de orden ambiental que fueron noticia en las últimas semanas en Colombia y que en muchos ciudadanos pasaron desapercibidos.
A manera de inventario: aumento de las lluvias en el territorio nacional en regiones como Medellín, Tunja, Neiva, Bogotá y municipios del Huila y Cundinamarca; se registraron inundaciones, deslizamientos y colapsos de los sistemas de alcantarillado. Una de las consecuencias fueron los cerca de 2.000 damnificados que se registran ya en 2017.
En Bogotá, la alcaldía presenta su nuevo esquema de aseo para atender la recolección de 6.400 toneladas diarias de basura, de la cual el aprovechamiento no supera el 15%. En esa misma línea, la UAESP y la CAR denuncian que el estado del relleno sanitario de Doña Juana es crítico, sus lixiviados continúan contaminando el río Tunjuelo, que a su vez desemboca al rio Bogotá.
Otras noticias se vinculan con informes de diversas instituciones nacionales e internacionales. La ONU reporta que los cultivos de coca han crecido un 39%, lo que representa mayor deforestación y emisión de sustancias químicas.
Así mismo, las autoridades ambientales de la amazonia colombiana reportaron que la deforestación ha aumentado desde la implementación del proceso de paz; según fotos satelitales son tres nuevos boquetes de selva que se registran en el departamento de Caquetá.
Otras noticias están en el terreno político. La discusión acerca de la construcción de infraestructura que fortalezca el ecoturismo en los parques nacionales; la discusión frente a la reserva Van der Hammen; y el NO de los habitantes del Municipio de Cabrera (Cundinamarca) para evitar la construcción de una hidroeléctrica; y por último, en este corto inventario, está la orden de la corte constitucional para revisar el plan de gestión ambiental del Cerrejón, pues considera que las actividades mineras afectan a las comunidades que se encuentran en la zona de influencia.
Efectivamente la cuestión ambiental está vigente. No obstante al revisar cada noticia se encuentra que el registro se concentra en la descripción de la catástrofe y no en análisis rigurosos de las causas que originaron estos eventos adversos. Miremos:
En el colapso de los sistemas de alcantarillado de las ciudades no se hace énfasis en la responsabilidad de los ciudadanos en el manejo de su basura. Una gran parte de los taponamientos que atienden las empresas de aguas de las ciudades son por la basura que atasca el flujo de agua en las tuberías.
Frente a los deslizamientos e inundaciones, la responsabilidad recae en las entidades encargadas del ordenamiento territorial, se toman decisiones sin tener en cuenta las dinámicas de los ecosistemas.
En las eternas discusiones políticas de orden ambiental se encuentra la falta de claridad que tenemos como estado frente al uso y administración de los servicios ecosistémicos. Si bien Colombia tiene una legislación de vanguardia frente a este tema, su implementación enfrenta serios problemas por conflicto de intereses y corrupción.
Adicionalmente la administración ambiental del territorio depende de los intereses del gobernante de turno y no de un proceso planificado de largo plazo, por ello, es que el vacío que dejo las FARC en algunas zonas del país se refleja en un aumento de conflictos ambientales.
Ante esta realidad no basta con enunciar las consecuencias del problema, ni identificar las causas. Es urgente plantear acciones pertinentes con este problema y a las condiciones socioeducativas del ciudadano.
Es evidente que una raíz común a los problemas socioambientales del país es la falta de conocimientos, hábitos y competencias proambientales en todos los niveles de la organización social.
Por ejemplo, es importante que el gobernante, legislador, gerente o empresario tenga conocimientos rigurosos frente a la administración de los ecosistemas para que sus decisiones no atenten contra el bienestar de la naturaleza y las comunidades.
Por su parte, el ciudadano de a pie debe realizar acciones que eviten que los residuos que genera a diario terminen en el relleno o en la tubería de alcantarillado de la ciudad.
En conclusión, se hace necesario iniciar procesos de educación ambiental en todos los niveles de la sociedad para evitar que Colombia siga enfrentando consecuencias como las que han reportado los medios en los últimos días.