Si el mapa del conflicto armado en Colombia se contrapone con el de las obras que ejecutó Odebrecht en los últimos 20 años, salta a la vista que varias de ellas fueron levantadas en zonas controlas por la guerrilla de las Farc.
Según la revista brasileña Veja, la multinacional pagó por 20 años entre 50.000 y 100.000 dólares al mes (300 millones de pesos) para que los dejaran trabajar.
Por primera vez desde que se destapó el escándalo de los sobornos, Odebrecht salió a cuestionar la información. Y las Farc le salieron al paso con un “no creemos que se haya pagado”.
Pero hay información que indica que Odebrecht sí era blanco de extorsiones y de presiones.
De hecho, entre 1995 y 1997, Odebrecht se encargó de la rehabilitación de 191 kilómetros de vía férrea entre La Loma (Cesar) y Ciénaga (Magdalena) por 150 mil millones de pesos.
Ese fue justamente uno de los periodos más difíciles de la brasileña. En mayo de 1997, como lo registró EL TIEMPO, la guerrilla secuestró cerca de Bosconia (Cesar) al ingeniero brasileño Gobis Denubio Acevedo.
Menos de dos meses después, 50 guerrilleros se tomaron un campamento de la obra la Zona Bananera y secuestraron al ingeniero español Manuel Ibáñez Vargas y a los colombianos Hilda Larrota Rivera y Gabriel Pabón Cárdenas.
Estos dos estuvieron unos días en el monte, pero el español duró cinco meses retenido.
Además, el Frente 19 de las Farc realizó varios atentados contra la línea férrea que produjeron el descarrilamiento de las locomotoras y los vagones, además de suspender las exportaciones de carbón por varios días.
Las otras obras
A mediados de los noventa, Odebrecht también estuvo a cargo de la ampliación y construcción de estaciones de bombeo de petróleo en Porvenir (Casanare), Caucasia (Antioquia) y Miraflores y Vasconia (Boyacá). Estas son parte del oleoducto Cusiana-Coveñas, que ha sufrido cientos de atentados guerrilleros.
En 1999, también participó en la ampliación de la mina de carbón de El Cerrejón, en La Guajira, donde se registraron varios atentados contra la vía férrea que conecta la explotación con Puerto Bolívar para presionar el pago de extorsiones.
Aunque en un principio puede parecer más grave que Odebrecht haya entregado coimas para conseguir contratos, en Colombia el pago a organizaciones terroristas es un delito grave.
Uno de los más famosos fue la financiación del Eln por la compañía alemana Manesman, que le entregó más de 8 millones de dólares y provocó un enorme escándalo que terminó con la salida de la multinacional.
Con la desmovilización de los paramilitares y ahora de la guerrilla, han salido a relucir los nombres de cientos de empresas que habrían colaborado con los armados.
¿Expulsada?
Hace apenas un mes, la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad la financiación de paramilitares en Urabá, lo cual abrió la puerta para que los empresarios y particulares que aportaron dinero a otros grupos ilegales puedan ser judicializados por concierto para delinquir.
En el 2011, el presidente Juan Manuel Santos, después de que se denunciara que una multinacional petrolera le dio dinero al Eln, advirtió: “Si empresa pagó vacuna, se va del país”.
Así, Odebrecht podría terminar expulsada del país, no por los sobornos, sino por la posible entrega de dinero a la guerrilla.
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